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Reformas introducidas por la nueva Ley Concursal

Desde el pasado 1 de diciembre se encuentra en vigencia la nueva Ley Concursal de Costa Rica No. 9957 publicada en mayo de este año 2021.

Suscriptores de Master Lex pueden revisar su texto completo en su base de datos de Normativa, así como las derogatorias y reformas introducidas a distintas normas, entre ellas el Código Civil, Código de Comercio y la Ley de Arrendamientos Urbanos, etc.

En relación a estas modificaciones, leemos lo siguiente en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley:

«Con las derogatorias, se cierra una etapa de mucha dispersión normativa, extinguiendo de la vida legal las disposiciones asistemáticas del Código Civil, Código de Comercio y Código Procesal Civil ley 7130. Se le suman las tipificaciones desfasadas del Código Penal respecto de delitos económicos vinculados a conductas reprochables que derivan crisis económicas perjudiciales.     En las reformas, para completar un sistema científicamente reforzado, en cada uno de sus ámbitos de regulación, se actualizan y remozan títulos y artículos del Código Civil, Código de Comercio, Código Procesal Civil, Código de Trabajo, Ley de Protección al Trabajador, Código Penal, Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley sobre el Régimen de Pensiones Complementarias, Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, y Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.»

Según se establece en su artículo 1 es el objetivo de esta nueva normativa:   «… determinar y ejecutar soluciones justas y funcionales a las crisis patrimoniales de deudores privados contemplados en ella, que les impida el normal cumplimiento de sus obligaciones.» 

Nos permitimos a continuación un breve comentario sobre algunas de esas derogatorias y modificaciones más importantes introducidas:

CÓDIGO CIVIL

  • Se derogan del artículo del art 884 al 980 sobre Insolvencia del Deudor y Concurso de Acreedores  y del art. 985 al 1000 (acciones reivindicatorias contra los concursados, créditos contra la masa, contra privilegio y créditos pertenecientes a los acreedores del concurso)
  • Se establece la inscripción en el Registro de Personas de la declaración de apertura de un proceso concursal, así como el nombramiento, modificación y cese de los cargos de interventores, administradores y liquidadores concursales.  (Art. 466, inciso 3)
  •  El albacea cubrirá en los procesos sucesorios las pensiones alimentarias siempre que la mortuoria no se halle en concurso.  Anteriormente decía:  «… mientras la mortuoria no se hallare en estado de insolvencia.»  (Art. 560)
  • El deudor no puede reclamar el beneficio del plazo a menos de que garantice el pago de la deuda cuando se le hubiere declarado en la apertura de la fase de liquidación de su patrimonio en un proceso concursal.  Anteriormente decía: «… Cuando se le hubiere declarado insolvente.»   (Art. 777, inciso 1)
  • La subrogación se opera totalmente y de pleno derecho:  (…)  5.- En favor del que paga totalmente a un acreedor, después de haberse declarado el concurso del deudor.  Anteriormente decía:  «… después de haberse declarado en estado de insolvencia al deudor.» (Art. 790)
  • La remisión concedida al deudor principal descarga a los fiadores, salvo lo dispuesto en la legislación concursal.  Antes … «… salvo lo dispuesto en el título de concurso de bienes.»  (Art. 824)
  • Tampoco está obligado el vendedor a la entrega, aunque hubiera concedido un término para el pago, si después de la venta se descubre que el comprador se halla en estado de insuficiencia patrimonial para cumplir, salvo si el comprador rindiera fianza bastante de pagar en el plazo convenido.   Antes ...».. si el comprador estaba en estado de insolvencia.»   (Art. 1073)
  • Si el arrendatario o arrendador llegaran a ser declarados en estado de concurso, la continuación o extinción del contrato se regirá por lo dispuesto en la legislación concursal.  (Art. 1149)
  •   La rescisión o anulación del título de propiedad del arrendador ponen fin al arrendamiento; pero, si este se hallara inscrito, no se resolverá sino en los casos en que la acción que desvanece los derechos del arrendador, en la cosa, pueda legalmente redundar contra terceros.   Antes decía así: « La insolvencia declarada del arrendador y la rescisión o anulación de su título de propiedad ponen fin al arrendamiento.»   (Art. 1150)
  • Se elimina la insolvencia declarada del arrendador como causal para ponerle fin al arrendamiento. (Art. 1150)
  •  La sociedad se disuelve ahora con la sola apertura de la fase de su liquidación concursal o por la extinción completa de la cosa o cosas que forman su objeto. Anteriormente la disolución se producía con la declaratoria de insolvencia de la sociedad. (Art. 1239)
  • También expira la sociedad por la incapacidad sobreviniente o la apertura de la fase de liquidación concursal de uno de los socios. Antes se requería la declaratoria de insolvencia de uno de los socios. (Art. 1244)
  • El mandato termina por la apertura de la fase de liquidación concursal del mandante o del mandatario, o cuando en un proceso de esta naturaleza hayan sido separados de la administración de sus bienes. Antes se establecía como causal de terminación del mandato: la quiebra o concurso del uno u otro. (Art. 1278
  • No pueden ser procuradores en juicio, los que en un proceso concursal se encuentren en la etapa de liquidación o que hayan sido separados de la administración de sus bienes. Anteriormente se establecía que no podían ser procuradores en juicio los que se hallaren en estado de quiebra o de insolvencia legalmente declarada.

CÓDIGO DE COMERCIO

  • Se derogan los artículos 16 y del 851 al 967 sobre proceso de quiebra de los comerciante o sociedades.
  • No podrán ejercer el comercio, aunque tengan capacidad conforme al derecho común (…) b) Quienes estén sometidos a un concurso, cuando se haya ordenado la apertura de la fase de liquidación o hayan sido separados de la administración de sus bienes. (Art. 8, inciso b)
  • La sociedad colectiva se disuelve por la apertura de liquidación en un proceso concursal.  (Art. 56, inc c)
  • Además de las causas por las cuales terminan las sociedades en general, la sociedad en comandita termina por la muerte, apertura de su liquidación en un proceso concursal, interdicción o imposibilidad para administrar del socio comanditado. (Art. 63)
  • Las sociedades de responsabilidad limitada no se disolverán por la muerte, interdicción o declaratoria de apertura de concurso de sus socios, salvo disposición en contrario de la escritura social. La declaratoria de concurso de la sociedad no acarrea la de sus socios, salvo en los casos regulados en la legislación concursal. En los casos de responsabilidad solidaria y personal, contemplados en este capítulo, se procederá conforme a lo dispuesto por la legislación concursal. (Art. 101)
  • En el Registro Mercantil se inscribirán: j) La declaración de apertura de un proceso concursal de un comerciante o de una sociedad, así como su conclusión; k) El nombramiento de interventores, administradores o liquidadores concursales de comerciantes o sociedades;  (Art. 235)
  • Pone fin al contrato de cuenta corriente: (…)c) La apertura de la etapa de liquidación en un proceso concursal de cualquiera de ellas; (art. 608)
  • El tenedor podrá ejercitar su acción al vencimiento de la letra de cambio contra los endosantes, el librador y las demás personas obligadas cuando el pago no se haya efectuado, y antes del vencimiento en los siguientes casos:(…)b) En los casos de apertura de la faseliquidatoriadel concurso del librado, aceptante o no, o del embargo de sus bienes con resultado negativo; y c) En los casos de apertura de la faseliquidatoriadel concurso del librador de una letra no sometida a aceptación.

CÓDIGO PROCESAL CIVIL (Ley 9342)

  • Base del remate.   Servirá como base para remate la suma pactada por las partes. En defecto de convenio, a elección del ejecutante, servirá de base el monto que se determine mediante avalúo pericial o el valor registrado, cuando los bienes tengan asignado un valor tributario o fiscal actualizado en los últimos dos años. En los demás casos, se procederá al avalúo, el cual será realizado por expertos de la lista oficial, salvo el caso de inopia absoluta o relativa. Si los bienes por subastar soportan gravámenes, la base será siempre la establecida para la garantía de grado preferente vencida. En las ejecuciones sobre bienes sujetos a concurso, la base se determinará conforme a lo dispuesto en la legislación concursal.  (Art. 157.3 )
  • Orden de remate y notificaciones.  Si la solicitud es procedente, el tribunal ordenará el remate e indicará el bien por rematar, las bases, la hora y la fecha de las tres subastas. Si el bien se vende en concurso, o por ejecución en primer grado, el remate se ordenará libre de gravámenes. Si la venta fuera por ejecución de un acreedor de grado inferior, se ordenará soportando los gravámenes anteriores de condición no cumplida o de plazo no vencido; pero si los créditos anteriores fueran ya exigibles, también se ordenará libre de gravámenes, y el precio de ella se aplicará al pago de los acreedores, según el orden de sus respectivos créditos.Si de la documentación presentada se desprende la existencia de gravámenes o anotaciones, se notificará a los terceros adquirentes, acreedores y anotantes anteriores al embargo o a la anotación de la demanda, cuando proceda, para que se apersonen a hacer valer sus derechos en el plazo de cinco días. Cuando alguna de esas personas no pudiera ser encontrada, se le podrá notificar por medio de un edicto que se publicará una vez en el Boletín Judicial.Para la subasta de bienes de una persona concursada, se aplicarán las disposiciones de la legislación concursal y de manera supletoria lo dispuesto en este Código.

CÓDIGO PROCESAL CIVIL  (Ley 7130)

  • Se deroga completo el título V del Libro III integrado por los artículos 709 al 818 sobre Administración por Intervención Judicial, Convenio Preventivo y Ejecución Colectiva.

CÓDIGO DE TRABAJO

  • Las indemnizaciones previstas en los artículos 28, 29 y 31 procederán también cuando el patrono liquide o cese en sus negocios, voluntariamente o no. En caso de concurso, liquidación, embargo, sucesión u otros similares, los créditos e indemnizaciones que corresponden a los trabajadores se considerarán un privilegio especial y gozarán de un privilegio especialísimo sobre todos los demás acreedores de la masa, excepto los hipotecarios, prendarios y alimentarios. En los procesos concursales, o en los demás casos, la persona deudora si se encuentra en administración de sus bienes, o quien la represente o los administre, estarán obligadas a pagarlos dentro de los treinta días siguientes al reconocimiento formal que ellos, los tribunales de justicia o autoridad competente, hagan de dichos créditos, o en el momento que haya fondos, si al vencerse este plazo no los hubiera del todo.  (Art. 33)
  • Cuando el crédito laboral se pretenda ante una sucesión, concurso o persona jurídica disuelta pendiente de liquidación, se podrá iniciar o continuar un proceso judicial en los tribunales de trabajo competentes, con la participación del albacea, interventor, administrador concursal, liquidador o por el propio deudor, cuando proceda de acuerdo con la ley concursal vigente.El órgano de la jurisdicción ordenará, de oficio o a solicitud de parte, la anotación en el proceso universal, tanto de la demanda como de la sentencia y de las liquidaciones, en su momento oportuno.El órgano que conoce del proceso universal remitirá al tribunal laboral el producto de la liquidación necesario para cubrir el principal y los accesorios fijados. La parte actora estará legitimada para gestionar en el proceso universal la liquidación de bienes y el traslado del producto necesario a su proceso, para la satisfacción de los derechos dentro de este, o su pago directo, según el orden de preferencia establecido en la ley.    Los créditos laborales no soportarán gastos de la masa, a menos que del producto de la liquidación no sobre lo suficiente para cubrirlos. (Art. 488)

LEY GENERAL DE ARRENDAMIENTOS URBANOS Y SUBURBANOS   (Ley 7527)

  • Concurso y liquidación del arrendatario   En caso de concurso del arrendatario, le corresponde a quien ostente la administración de sus bienes y su representación legal, dentro del proceso concursal, ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones derivados del contrato de arrendamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación concursal en lo concerniente a la continuidad de los contratos en que participe el concurso.  Para la cesión a un tercero del derecho de arrendamiento del local destinado a un establecimiento comercial o industrial, se aplicará lo que disponen los artículos 78 y 79, en cuanto a la resolución del contrato por desalojo en lo personal.  El arrendador tendrá la condición de acreedor privilegiado, en cualquier proceso pendiente o acción que deba ejercer contra el arrendatario o contra su concurso.(Art 81)

LEY SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

  • El concurso del editor no produce por sí mismo la resolución del contrato de edición. Si continuara la ejecución del contrato de edición conforme a la legislación concursal, quien administre los bienes del concurso asumirá todas  las obligaciones del editor. Sin embargo, al proceder a la venta de ejemplares deberá concederle al autor la preferencia de adquirirlos, conforme a lo establecido en el artículo 10. En todo caso, los derechos de autor se consideran como crédito de los trabajadores para los efectos de su pago. (Art. 35)

CÓDIGO PENAL

Se reforma la sección I del título VIII de la Ley 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970, que constará de los artículos 238, 239, 240, 241 y 242. Los textos son los siguientes:

Concurso fraudulento

Artículo 238- Se impondrá prisión de dos a seis años e inhabilitación de tres a diez años para el ejercicio del comercio o de las actividades productivas que realiza, a la persona deudora declarada en concurso judicial que, en fraude de sus acreedores o causando perjuicio a la masa concursal o a los derechos de ellos, haya incurrido en alguno de los hechos siguientes:

1) Simular deudas, enajenaciones, gastos, pérdidas o créditos.

2) Sustraer u ocultar bienes que correspondan a la masa o no justificar su salida o su enajenación.

3) Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor.

4) Haber sustraído, destruido o falsificado, en todo o en parte, los libros u otros documentos contables, o los haya llevado de modo que se haga imposible la reconstrucción del patrimonio o el movimiento de los negocios, cuando tenga obligación de llevarlos.

Concurso culposo

Artículo 239- Se impondrá prisión de seis meses a dos años, e inhabilitación de uno a cinco años para ejercer el comercio o las actividades productivas que realiza, a la persona declarada en concurso judicial que, por sus gastos excesivos en relación con el capital, especulaciones ruinosas, juego, abandono de sus negocios o actividades productivas, o cualquier otro acto de negligencia o imprudencia manifiesta, haya provocado su situación patrimonial general y no transitoria que le haya impedido satisfacer oportunamente sus obligaciones dinerarias, causando perjuicio a sus acreedores.

Responsabilidad de personeros legales

Artículo 240- Serán reprimidos con las penas contempladas en los dos artículos anteriores y cuando les sean imputados los hechos en ellos previstos, los representantes legales, apoderados generales o generalísimos de las personas concursadas, los directores, administradores, gerentes, apoderados o liquidadores de las personas jurídicas, así como los tutores o garantes para la igualdad jurídica, conforme a la Ley 9379, Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, de 18 de agosto de 2016, que ejerzan el comercio en nombre de menores o personas con discapacidad, declaradas en concurso judicial.

(.).

Administración fraudulenta concursal

Artículo 241- Se impondrá la pena establecida en el artículo 216 del Código Penal, según el monto de la defraudación, al deudor, sus representantes o apoderados legales, curador, interventor, administrador o liquidador de un proceso  concursal, que teniendo a su cargo el manejo, la supervisión, administración o el cuido de bienes de un concurso declarado judicialmente, perjudique a la masa de acreedores, realizando las siguientes conductas:

1) Alterar sus cuentas, los precios o las condiciones de los contratos, los términos y las cláusulas de los actos de disposición de bienes y pagos realizados.

2) Simular operaciones o gastos de contratos, total o parcialmente.

3) Ocultar o retener valores u otro tipo de bienes de la masa concursal.

4) Utilizar el patrimonio concursal de forma abusiva o indebida.

5) Otorgar beneficios indebidos a cualquier acreedor.

6) Dejar de informar al tribunal concursal cualquier conducta contemplada en los cinco incisos anteriores, realizadas por quienes administren la masa activa, cuando tenga la función de supervisar la administración de los bienes del concursado.

Connivencia maliciosa

Artículo 242- Será reprimido con prisión de tres meses a dos años o de sesenta a ciento cincuenta días multa, el acreedor que consintiera en un avenimiento, convenio o transacción judicial en connivencia con el deudor o con un tercero y  aya concertado ventajas especiales para el supuesto de aceptación del avenimiento, convenio o transacción. La misma pena se aplicará al deudor o a las personas a que se refiere el artículo 240, que concluyeran un convenio de este género.

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

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