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Sobre las infracciones mediante cámara

A solicitud de varios estimados suscriptores nos permitimos poner a su disposición el texto del  decreto ejecutivo que regula las condiciones técnicas y de uso de los equipos de registro y detección de infracciones por medio de imágenes.  Esta normativa se encuentra disponible desde el pasado mes de setiembre en su base de datos Master Lex Normas, donde también pueden consultarla.

 DESCARGAR TEXTO DECRETO EJECUTIVO NO. 36724-MOPT

 En lo que respecta a la fundamentación legal de los montos de las multas por estas infracciones, es importante distinguir que se trata de dos situaciones distintas:

 Multa por conducción temeraria a quien conduzca a más de 120 km por hora: regulada en el art. 107, inciso c) de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres.  Corresponde en este caso la aplicación de una multa equivalente a un salario base mensual del “Auxiliar administrativo 1” que aparece en la relación de puestos del Poder Judicial, el cual para este año se fijó en la suma de ¢316.200,00.  Importante recordar que a este monto debe sumarse un 30% adicional a favor del Patronato Nacional de la Infancia, según lo establece el art. 2 de la Ley No. 4320 de Creación del Timbre de Ayuda al Niño Abandonado.    Total de la multa: ¢411,060

Multa por conducción temeraria a quien circule con veinte kilómetros por hora o más de exceso sobre el límite de velocidad: regulada en el art. 108, inciso a) de la Ley de Tránsito.  En este caso, la multa es equivalente al 75% del salario base antes indicado, a saber, la suma de ¢237,150.00.   Con el 30% a favor del PANI, el total a pagar queda en: ¢308,295

En la siguiente dirección del MOPT, pueden ser consultadas, por número de placa o número de cédula de identificación, las infracciones impuestas  http://www.infraccion.co.cr/login.aspx

El pasado 26 de setiembre se publicó en el Alcance No. 67 a La Gaceta, la notificación de la Dirección de la Policía de Tránsito a todos los infractores.   Importante tomar nota que ayer jueves 7 de octubre se publicó una FE DE ERRATAS corrigiendo algunos de los datos consignados en la publicación del 26 de setiembre.    Para ver los datos corregidos haga clic a continuación:  FE DE ERRATAS – LISTADO INFRACTORES

Finalmente nos parece oportuno señalar que sobre la legalidad de este procedimiento de partes impersonales, se han presentado varias acciones de inconstitucionalidad.    Entre los principales argumentos encontramos los siguientes:

» Monto de la multa es desproporcional e irracional.  Sin fundamento ni estudios técnicos, se cambió el límite de velocidad de 90 kph A 60 kph.  (acción de inconstitucionalidad número 11-12290-0007-CO presentada por Danilo Gutiérrez Dall’Anese)

»Se cuestiona el procedimiento de notificación de las infracciones por considerarse violatorio del debido proceso. Asimismo, por conducción temeraria se rebajan puntos al dueño del vehículo, lo que no puede hacerse en caso de las personas jurídicas.  (Acción de inconstitucionalidad 11-12326-0007-CO presentada por Edgardo Campos Espinoza)

 » Se cuestiona la notificación masiva e impersonal sin datos del infractor, se alega la falta al debido proceso, el cambio de límites de velocidad, falta de demarcación y rotulación en las carreteras, multas elevadas y desproporcionadas, la sanción de conducta temeraria contra el conductor del vehículo, es un método de recaudación estatal agresivo, que lesiona los derechos de los propietarios registrales que no conducen el vehículo en el momento de que la falta es cometida.  (Acción de inconstitucionalidad 11-12259-0007-CO presentada por Raúl Muñoz Alvarez)

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

12 de 62 Comentarios

  1. JUAN-CARLOS SANCHEZ GALLEGO • 12 octubre, 2011

    Desde mi punto de vista es sanción administrativa aquel mal infligido por la administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilícita, a través de un procedimiento administrativo, con una finalidad represora, y consistiendo la sanción en la privación de un bien o derecho, o la imposición de un deber, siendo los principios y garantías del Derecho sancionador administrativo sustancialmente iguales a los del Derecho Penal .
    Aunque la sanción administrativa más característica es la multa, no es éste el único tipo de sanción al poder consistir éstas en la pérdida de un derecho o expectativa, aunque no en la privación de la libertad, debiendo cuidarse de la proporcionalidad entre infracción y sanción.
    Ahora bien, no cualquier consecuencia negativa para el administrado puede ser identificada con el concepto de sanción administrativa, para ello es preciso que tal consecuencua negativa se encuentren tipificadas como tales los hechos correspondientes y que el imputado sea considerado culpable.
    No deben confundirse las sanciones administrativas con la coacción administrativa, e igualmente no pueden confundirse las sanciones administrativas y la imposición de la obligación de reponer las cosas dañadas a su estado primitivo o a indemnizar por los daños o perjuicios causados en las mismas, posibilidad ésta tradicionalmente contemplada en la legislación internacional.
    Visto lo anterior y entrando en materia que nos ocupa, existe una evidente desporporcionalidad entre el acto infrigido y la sanción impuesta, reflejándose un flagarante abuso de poder entre el administrador y el administrado.
    A partir de este momento nos encontramos con el eterno dilema, Derecho versus Justicia (Lex vs Ius) que ya se planteaba desde los tiempos de Justiniano (Derecho Romano).-
    Supuestamente, de manera genérica, el argumento que alude la administración para el uso de las cámaras y radares, es la eficacia en la regulación del tráfico, así como el cumplimiento de la Ley, pero en el caso concreto que nos atañe se produce descaradamente la utilización de la FUERZA COACTIVA-REPRESORA de la administración hacia el administrado.
    Ante esto, ¿cuales son los mecanismos que debe de utilizar el administrado en defensa de tal abuso? sabiendo, por supuesto, que la administración es conocedora del alcance de la sanción y que las consecuencias económicas, por la cuantía económica de la sanción, afectarían y perjudicarían enormemente a cientos de economías familiares, que debido también a las infraestructuras viarias que sufre el país, se ven en la obligación de utilizar, únicamente, el automovil para sus desplazamientos a sus respectivos puestos de trabajo.
    La solución, según mi parecer, para resolver esta situación, sin entrar en profundidades de temas ético-políticos, tiene dos vertientes:
    a) Recurso individual por parte del ciudadano ante las instancias jurídicas oportunas, aludiendo, entre otros, laguna jurídica, eficacia y fiabilidad de los aparatos que se encargan de la medición y control de la velocidad de los usuarios, violación palpable del derecho de privacidad por la forma de la notificación y por supuesto la inconstitucionalidad de la medida por afectar, una simple infracción vial a la economía de gran parte de la población costarricense de forma desproporcionada, injusta y arbitraria.
    b) Recurso social, esta vertiente también puede servir no solo para resolver globalmente esta situación, sino también para otras situaciones semejantes que puedan provocar cierta «alarma social» y consiste en la eficaz armonización y conjugación que tiene el ciudadano en usar todos los recursos que cualquier Estado de Derecho, que se precie como tal, pone al alcance de sus manos, aunando esfuerzos donde se involucren, instituciones del Estado (Defensor del Habitante, Oficina de Consumo), Colegio de Abogados, Magistratura y los diversos Agentes Sociales de defensa de los derechos del ciudadano, pudiendo crearse de esta forma una platraforma de defensa, que sirva para esta situación y para otras muchas que se presenten manifiestamente injustas.-

  2. Rosaura Chinchilla • 10 octubre, 2011

    En relación con la última referencia de don Victor Solís debo agregar lo siguiente: en derecho penal y administrativo sancionador hay un principio de inocencia constitucional y derivado de instrumentos sobre Derechos Humanos que obliga a que sea el Estado quien pruebe la conducta que castiga. Si el dueño registral niega haber sido quien conduce pero no aporta prueba de quién, efectivamente, manejaba, eso genera una duda y frente a la duda debe estarse a lo más favorable a la persona inculpada. El acusado en un proceso de estos no tiene obligación de producir prueba en su contra o en contra de nadie más, porque la carga de la prueba es del Estado. Las manifestaciones de la funcionaria del COSEVI desconocen ese principio. No basta demostrar vel contrato de leasing para saber quien manejaba porque igual quien lo suscribió pudo prestar ese día el carro a otra persona.

  3. victor solis • 09 octubre, 2011

    El problema de la camaras y su legislacion es uno mas de las tantas resoluciones o decisiones tomadas por jerarcas mal asesorados por personas nombradas por favores politicos, incapaces, ineptos, que gracias a DIOS existen poderes superiores que los resolveran en favor de los principios de legalidad si conocidos por verdaderos administaradores de la justicia Costarricense, es solo tiempo pero es obvio que estan totalmente fuera de contexto, si deben de existir las camaras pero solo como medio de prueba, las notificaciones en este pais estan reguladas por una ley que no ha sido modificada, la penalizacion de la conducta ilegal tambien esta legislada, calma señores yo tambien quiero paz y orden en las carreteras pero estos señores que asesoran a los ministros son tan pero tan ineptos que los hacen incurrir en estos errores, pero bueno para eso la democracia nos permite recurrir como por ejemplo tantos decretos ejecutivos a visto su fin en un contencioso administrativo, a modo de ejemplo crucitas, el decreto del precio a los arroceros etc,

  4. Licda. Rosario Gonzalez • 07 octubre, 2011

    Comparto plenamente el comentario de la estimable jurista, porque aunque estoy de acuerdo en que las conductas reprochables deben sancionarse, debe hacerse de acuerdo con criterios de proporcionalidad pues una gran mayoría de personas, muchas choferes de oficio, si acaso devengan el monto de una de esas multas. El poder está en el pueblo. Debemos manifestarnos todos con educación y argumentos desde diversos foros. Felicitaciones.

  5. Danilo Loaiza Bolandi • 07 octubre, 2011

    Qué pasa cuando el vehículo pertenece a un fideicomiso en donde el fiduciario NO ES EL DUEÑO o cuando aparece a nombre de Juan quien lo compró casado y hoy es viudo de doña María, entonces se le debe notificar a la sucesión de doña María.

  6. Yanisela Murillo • 07 octubre, 2011

    Leyendo la notable explicación de la jurista Rosaura Chinchilla y resaltando su último comentario:

    “Así las cosas, bastará que el dueño alegue, dentro de los 10 días siguientes a que aparezca su nombre en la publicación periodística (art. 151 Ley de Tránsito), que él no era quien conducía, para que las referidas multas queden sin efecto pues, caso contrario, el nuestro sería uno de los pocos países en que, a través de un reglamento, se pueda modificar la ley, violando el principio constitucional de reserva legal en materia de creación tanto de infracciones, como de responsabilidad solidaria (art. 121 inc. 1 de la Co.Pol. y 638 del Co. Civil) y vulnerando el carácter personalísimo que ha de tener el derecho sancionatorio (art. 39 de la Co. Pol.).”

    Qué pasa en el caso de vehículos que están bajo la modalidad de Leasing? En estos casos el dueño registral del vehículo es la ARRENDADORA, de hecho en la publicación periodística salió la cédula jurídica de la ARRENDADORA. Será que es factible utilizar el mismo argumento para impugnar la infracción?

    • admin • 10 octubre, 2011

      En respuesta a la Licenciada Murillo, el COSEVI informó recientemente que sí es posible que el dueño registral del vehículo «traslade» a quien realmente conducía el vehículo al momento de la infracción, la multa por exceso de velocidad, SIEMPRE Y CUANDO, demuestre con prueba idónea que esa persona era quien lo conducía. Según se informa en un Diario de circulación Nacional, Silvia Bolaños, directora ejecutva del COSEVI, explicó que esta directriz pretende darle a los dueños de los vehículos «su derecho de defensa y debido proceso para que aleguen lo que estimen conveniente como sustento de que no son ellos los llamados a responder por tales señalamientos». Por consiguiente, tratándose de una ARRENDADORA, podríamos pensar que el CONTRATO DE LEASING constituiría suficiente prueba de descargo, a fin de evitar el pago de la multa y obligar a quien realmente conducía a atender la obligación. Vamos a procurar obtener copia de estos comunicados del COSEVI para retransmitirlos a todos los interesados.

  7. GILBERT • 07 octubre, 2011

    Tal vez para que algunos colegas coincidan o no con mi persona el ste comentario: Si la responsabilidad en derecho penal es personalisima, donde encuentra lugar en el caso de discusion, que se notifique de forma masiva a traves de edicto o medio de publicacion, si la ley de notificaciones establece claramente que la primera notificacion en todo proceso debe hacerse PERSONALMENTE., me gustaria apreciar sus comentarios. gracias.

  8. Danilo Loaiza Bolandi • 07 octubre, 2011

    Estimada doña Rosaura Chinchilla, en Costa Rica, a pesar de mas de dos décadas de Sala Constitucional aún existen leyes en donde la acción punitiva o disciplinaria NO PRESCRIBE y en donde se procesa y sanciona el indiciado en ausencia, me refiero al Código Notarial en donde si el Notario no es habido se le nombra un Defensor Público, para que, siendo personalísima la responsabilidad y sanción, lo «defienda» lo peor es que ni los Jueces del Juzgado y Tribunal Notarial ni siquiera tocen, como tampoco los Defensores Públicos que aceptan semejante encargo. Eso es prueba de la mediocridad de nuestros funcionarios.

  9. Danilo Loaiza Bolandi • 07 octubre, 2011

    Me parecen excelentes y mas que excelentes las apreciaciones de la ILUSTRE JURISTA, Rosaura Chinchila, científicas como ella son las que necesita Costa Rica. En todo este asunto lo que mas me parece cuestionable es la actitud de los burócratas que a sabiendas del adefesio jurídico en que se amparan lo defienden a capa y espada, honestamente estoy sumamente decepcionado de la gran cantidad de funcionarios ineptos al frente de muchas de nuestras entidades, si quien suscribe fuera el Director de COSEVI o de la Policía de Tránsito y fuera honesto con mi investidura hace rato hubiese hecho las consultas jurídicas tanto a la Procuraduría como a la propia Sala Constitucional.

  10. ccarves • 07 octubre, 2011

    El problema de las camaras, es que se sanciona al dueño registral del vehiculo, sin acreditacion real y objetiva de quien es el infractor de transito, ya que nuestras leyes aun hoy en dia no sancionan a los objetos inanimados. Es lamentable que utilicen el cuento viejo de corregir al pueblo, cual si fueran bueyes que deben ser llevados con un yugo. En este caso como siempre el movil es el dinero de las multas, que son altas. No es necesario el principio de culpabilidad objetiva previsto en el articulo 37 constitucional, solamente tener el vehiculo a nombre de la persona para ser sancionado, sin necesidad del debido proceso. En este caso como siempre se hacen monton de argumentos de los beneficios de las camaras, pero igual hubiera sido haber puesto un muerto en la calla, ya que las personas aumentan la velocidad despues que salen del campo de cobertura de la camara, lo cual demuestra que la accion es ilusoria, y mas aun cuando se dice que no se puede apelar el parte, lo cual es una mentira para llevar a las personas a pagar la cuenta, y evitar al COSEVI tener que hacer la audiencia que se preve en los articulos 152 y 153 de la ley de Transito vigente. Por tanto esta salida gubernamental solo demuestra que necesitan dinero y han encontrado en este caso que las camaras son un buen negocio, que se reparten entre el COSEVI y RACSA.

  11. Rosaura Chinchilla • 06 octubre, 2011

    En una Democracia, el fin, por muy loable que sea, no justifica los medios y, por ello, al margen de que estime, como lo considero, que el exceso de velocidad deba ser sancionado, la forma en que se está haciendo es incorrecta y es sobre esto es que llamo la atención, aunque no siempre mis críticas sean bien recibidas por funcionarios públicos que, también, están sometidos al Principio de Legalidad.
    El decreto ejecutivo N° 36724-MOPT «Reglamento de las condiciones técnicas y de uso de los equipos de registro y detección de infracciones a la Ley de Tránsito vigente por medio de imágenes» se ha empezado a implementar, para confeccionar partes impersonales por exceso de velocidad, mediante cámaras de grabación.
    El art. 150 bis de la Ley de Tránsito exigía ese reglamento, previo a la implementación de tales aparatos, para regular «…los estándares técnicos que dichos equipos deberán cumplir en resguardo de su confiabilidad y certeza» y para establecer «…las condiciones en que han de ser usados, así como quiénes serán los encargados de operarlos» pero el numeral es claro en darle a esos equipos el carácter de medios de prueba y en establecer que: «…las imágenes u otros elementos de prueba que de ellos se obtengan, puedan servir de base para denunciar las infracciones contra la presente Ley. El MOPT (…) adoptará medidas tendientes a asegurar el respeto y la protección a la vida privada, tal como la prohibición de que las imágenes permitan individualizar a los ocupantes del vehículo. El órgano competente del MOPT les notificará a los propietarios registrales de los vehículos, las infracciones, mediante un edicto (…) la autoridad judicial competente tramitará la denuncia…» (adicionado por ley N° 8696; el destacado es suplido). En consonancia con ese numeral legal, se encuentra el 2 del referido decreto y los votos 1995-1068 y 3834-92 de la Sala Constitucional que señalan «La previsión de que puedan hacerse «partes impersonales» (…) por los inspectores de tránsito no implica en sí ninguna violación constitucional, en la medida en que no se les otorgue un valor probatorio específico o tasado, sino que tengan, solamente, el carácter de denuncias de la autoridad, de la misma manera que los «partes personales» lo tienen a la vez, de denuncias y citación al supuesto transgresor. Lo que si produce un roce con el derecho de defensa consagrado en el artículo 39 de la Constitución y con los principios de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad que informan todo el texto fundamental, es la disposición (…) que pretende dar a dichos medios de prueba un valor de presunción de verdad, sólo sea «juris tantum». Las normas y principios dichos exigen que en la valoración de esas pruebas se apliquen los mismos criterios razonablemente establecidos, en general, para toda la materia penal (…) toda la prueba está sujeta a su valoración por el juez conforme a los principios de la sana crítica.»
    No obstante, el decreto excedió, en mucho, el marco legal, pues los partes impersonales están previstos en el art. 150 de la Ley Nº 7333 así: «Las autoridades de tránsito pueden confeccionar partes impersonales, cuando el infractor no esté presente o cuando no se identifique fehacientemente, solo para las infracciones contempladas en los incisos b) («A quien conduzca sin haber obtenido la licencia…») y e) («Al conductor de motocicleta…que permita que pasajeros menores de edad no utilicen el casco…») del artículo 130; a) («A quien conduzca en forma temeraria…») y ch) (Al conductor que irrespete la señal de alto de la luz roja de un semáforo…») del artículo 131; e) («Al conductor que se detenga en medio de una intersección…»), g) («A quien conduzca un vehículo de transporte público, en contravención de…el artículo 125…») y j) («Al conductor que use una vía para otros fines distintos de los que está destinado…») del artículo 132 y g) («Al conductor de un …taxi carga, que viole…[d]el artículo 99…»), l) («A la persona que no atienda la prohibición establecida en el artículo 118…») y ll) («A la persona que cierre una vía o le dé los usos indebidos…») del artículo 133 de la presente Ley» (se suplen los destacados). Es decir, en la mayoría de las infracciones impersonales, la Ley sanciona al conductor del automotor o a una persona que haga en concreto una conducta. Ninguno de esos tipos penales alude al dueño registral. Tampoco el art. 7 de la Ley de Tránsito prevé tal cosa pues señala: “…el propietario registral será el responsable civil objetivo de las consecuencias” es decir, se contempla una solidaridad para las consecuencias civiles (es decir, para resarcir los daños y perjuicios causados a particulares) y nunca para la penal que, conforme al art. 39 constitucional, es personalísima.
    Pese a ello, el reglamento, en su art. 12, traslada la responsabilidad del conductor del vehículo, a su dueño quien pasa, entonces, de ser simple notificado o parte procesal, a ser infractor: «Al estar identificada formalmente la infracción, la autoridad de tránsito… procederá a la notificación de la multa al propietario registral del vehículo…» (negritas no son del original). A su vez, dicho Decreto impide que las cámaras puedan identificar a quienes conducen u ocupan el automotor, como no podría ser de otro modo pues, para hacer esto, se requeriría autorización legal (art. 24 de la Co.Po.).
    Así las cosas, bastará que el dueño alegue, dentro de los 10 días siguientes a que aparezca su nombre en la publicación periodística (art. 151 Ley de Tránsito), que él no era quien conducía, para que las referidas multas queden sin efecto pues, caso contrario, el nuestro sería uno de los pocos países en que, a través de un reglamento, se pueda modificar la ley, violando el principio constitucional de reserva legal en materia de creación tanto de infracciones, como de responsabilidad solidaria (art. 121 inc. 1 de la Co.Pol. y 638 del Co. Civil) y vulnerando el carácter personalísimo que ha de tener el derecho sancionatorio (art. 39 de la Co. Pol.).