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Sobre la disolución de sociedades por no pago del impuesto a las personas jurídicas

A pocos días de la conclusión del mes que concede la Ley 9024 para el pago del impuesto a las personas jurídicas, estimados suscriptores nos han estado solicitando información sobre las consecuencias que podrían surgir a partir del próximo 1 de febrero para aquellas sociedades que adeuden tres períodos de esta impuesto.

Para ayudarnos con este tema, agradecemos mucho a  José María Oreamuno, socio del Bufete Facio & Cañas, especialista en Derecho Tributario y distinguido profesor universitario, el siguiente artículo que gentilmente compartió con nosotros y que procedemos a su inmediata divulgación.

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«La ley 9024 de 23 de diciembre del 2011, de Impuesto a las Personas Jurídicas, estableció un impuesto a las sociedades mercantiles, sucursales de sociedades extranjeras o sus representantes, y empresas individuales de responsabilidad limitada, que se encuentren inscritas en el Registro Nacional. Hay dos modalidades de hecho generador: la mera existencia de la inscripción al 1 de enero de cada año (que produce la totalidad del tributo anual), y la inscripción en fecha posterior (que genera un tributo proporcional entre la fecha de presentación de la escritura constitutiva y el 31 de diciembre siguiente).

Además, el tributo tiene dos tarifas: una para obligados tributarios que se encuentren inscritos como activos ante la autoridad tributaria, equivalente a un 50% de un salario base, y otra para quienes no realicen actividades comerciales y se encuentren inscritos como inactivos, a quienes corresponde pagar un 25% de un salario base. Como señalamos en Punto Jurídico, el Consejo Superior del Poder Judicial determinó en circular 216-13 que el salario base para el 2014 es la suma de ¢399.400, por lo que las tarifas del 2014 son ¢199.700 y ¢99,850, respectivamente. La definición de activos o inactivos depende de la inscripción en el Registro Único Tributario de la Dirección General de Tributación respecto del impuesto a las utilidades o sobre la renta.

El tributo debe pagarse en los 30 días naturales siguientes al 1 de enero; es decir, a más tardar el 31 de enero de cada año.
El único ente recaudador es el Banco de Costa Rica, y puede pagarse en cualquiera de sus oficinas o mediante las herramientas informáticas de ese banco. La falta de pago en tiempo provoca recargos por intereses (a una tasa variable, que actualmente es del 12,56% anual) y multa de mora (1% por mes o fracción, hasta un máximo del 20%). Los morosos no pueden inscribir documentos ni obtener certificaciones del Registro Nacional, ni contratar con el Estado u otra institución pública. No está impedida la inscripción de cancelaciones hipotecarias o prendarias, ni de protocolizaciones de remates de bienes ejecutados.

El Registro gestionará el pago mediante el procedimiento establecido en el Reglamento de Cuentas por Cobrar de la Junta Administrativa del Registro Nacional. Conforme al artículo 7 de la ley, la falta de pago por tres períodos consecutivos es causal de disolución. Ello podría suceder por primera vez a partir del 1 de febrero del 2014, para quienes no hubieran pagado el tributo correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014. En ese caso, el Registro iniciará la apertura de una Diligencia Administrativa para cancelar la inscripción, publicando en La Gaceta el edicto preceptuado en el artículo 207 del Código de Comercio. Por tratarse de una causa legal, no parece posible que los interesados puedan oponerse judicialmente, por lo que transcurridos 30 días desde la publicación, cancelará la inscripción y notificará a las Direcciones de los demás registros que componen el Registro Nacional, a efecto de que se anote en los bienes que tuviera inscritos a su nombre.

Las deudas derivadas de este impuesto constituyen hipoteca sobre los inmuebles o prenda sobre los bienes muebles, y en ambos casos el gravamen tiene carácter de preferente. Nada dice la ley tributaria sobre la liquidación, para la que rigen las normas recogidas en los artículos 209 a 219 del Código de Comercio.

El artículo 4 de la ley declara solidariamente responsables a los representantes legales de los sujetos pasivos del impuesto. El transitorio IV les permite renunciar unilateralmente a su cargo mediante comunicación escrita al domicilio social registrado, en los primeros 24 meses de vigencia, los cuales vencerán el 1 de abril del 2014. Para que sea eficaz, esta comunicación debe luego protocolizarse e inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas, para lo cual deben cancelarse los derechos de Registro, timbres e impuesto establecido por la Ley de Aranceles del Registro Público. El interesado deberá manifestar ante el notario la adecuada recepción de la comunicación en el domicilio social respectivo o, en su defecto, la causal que impidió su entrega efectiva.

En virtud de que la renuncia es un acto personalísimo del representante, se inscribirá independientemente del pago o no del Impuesto a las Personas Jurídicas.»

(Transcripción textual de artículo de José María Oreamuno, socios del Bufete Facio & Cañas, Profesor de Derecho Tributario, Universidad de Costa Rica.   Máster en Derecho Tributario (candidato), Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, Máster en Derecho Empresarial (candidato), ULACIT. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (Abogado y Notario), Universidad Francisco Marroquín (UFM), Guatemala. Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica.)

 

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

9 de 32 Comentarios

  1. Jonathan García Quesada • 15 enero, 2014

    «El artículo 4 de la ley declara solidariamente responsables a los representantes legales de los sujetos pasivos del impuesto. El transitorio IV les permite renunciar unilateralmente a su cargo mediante comunicación escrita al domicilio social registrado, en los primeros 24 meses de vigencia, los cuales vencerán el 1 de abril del 2014.» Qué sucedería, desde el punto de vista de responsabilidad solidaria por el NO PAGO del impuesto, si el o los representantes legales de la Sociedad morosa no renuncia antes del 01 de abril del 2014, sino que lo hace posteriormente. Se mantiene la responsabilidad solidaria?, ¿puedo perseguir la deuda en contra de los representantes legales, aún habiendo renunciado después del 01 de aabril, o bien, o únicamente se le podrá cobrar solidariamente dentro del plazo en que la Sociedad haya quedado morosa y la efectiva presentación al Registro de la protocolización de su renuncia como representante legal

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  2. Doris • 14 enero, 2014

    Si no hay ninguna representación legal y solamente se está como integrante de la junta directiva o como fiscal o agente resiente que repercusiones legales hay con la cancelación de la sociedad por no pago?

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    • Danilo Loaiza Bolandi • 15 enero, 2014

      Solidariamente solo responden el Presidente o cualquier otro miembro de la Junta Directiva SÓLO SI OSTENTA REPRESENTACIÓN JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL CON FACULTADES DE APODERADOS GENERALÍSIMOS, si son cargos de puro relleno no tienen ninguna responsabilidad en tanto no son representantes.

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  3. michelle garcia • 14 enero, 2014

    Ademas si en una sola protocolizacion comparecen todos los representantes, paga por cada uno, o es un único pago por documento, Digo como todo es desangrar.

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    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 14 enero, 2014

      A doña Michelle le indicamos que los timbres a pagar para la inscripción de la protocolización de la carta de renuncia de los representantes legales son los siguientes: Registro Nacional: 2000, Fiscal: 125, Timbre de Educación y Cultura: 750, Colegio de Abogados: 250 y Archivo Nacional: 20. De conformidad con lo que establece la directriz D.R.P.J -002-2012, los timbres indicados corresponden ser cancelados por documento en que se plasme la renuncia de uno o varios representantes de una sociedad; eso sí, cada documento podrá referirse exclusivamente a las renuncias de una única sociedad. Pueden encontrar más detalle sobre este tema en nuestro comentario NUEVA DIRECTRIZ SOBRE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURIDICAS

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  4. michelle garcia • 14 enero, 2014

    Hola colegas: Por favor, quien sabe con exactitud el monto de los impuestos y demás rubros para la renuncia de los representantes legales. resulta que el BCR no sabe.

    Si la sociedad queda acéfala, obvio muere, no hay repercusiones contra los socios,

    PREGUNTA IMPORTANTE: Sabemos los administrativos QUE SE ESTA HACIENDO CON ESTE DINERO, O ESTA EN LA CAJA ÚNICA DEL ESTADO Y ES UN FIESTON, COMO TODO.

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  5. Danilo Loaiza Bolandi • 14 enero, 2014

    Para Glenda, si el socio murió el socio no era en deberle nada a la CCSS quien le debe es la S.A. que es persona distinta al o los socios, si el socio fuese el representante su mandato murió con él y la sucesión no podría responder por las deudas de la S.A.

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  6. GLENDA BOLIVAR VARGAS • 14 enero, 2014

    qUE SE PUEDE HACER SI EL SOCIO MURIO Y DEJO PENDIENTE PAGO CCSS, Y NO REGISTRO RENUNCIA NI NUEVA JUNTA DIRECTIVA, DEJANDO SIN ANOTAR ESTE CAMBIO?

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  7. Lic. Rolando Brenes Vindas • 14 enero, 2014

    Dos inquietudes. Abierta la diligencia administrativa para la cancelación de la inscripción, y antes de que transcurran los treinta días o antes de que el acto que decreta el cierre registral sea dictado (que puede darse días o meses después de vencidos los treinta días), ¿Qué efectos jurídicos tendría el pago de lo adeudado?, ¿un simple pago de deuda que sigue vigente, o implicaría una falta de interés actual en el dictado del acto administrativo de cierre? (y por tanto, en el segundo caso, no procedería el cierre).

    Segundo: ¿Tiene cualquier socio la acción legal para solicitar la disolución directamente en vía judicial? (muchas sociedades no funcionan como empresa comercial, y por tanto una causal así puede ser más bien una ventaja para muchos socios), ¿o se entiende que es una causal de vencimiento (o cierre) que únicamente puede requerirla la entidad pública titular del tributo o la que lleva el registro de inscripción social?

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