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Sobre la disolución de sociedades por no pago del impuesto a las personas jurídicas

A pocos días de la conclusión del mes que concede la Ley 9024 para el pago del impuesto a las personas jurídicas, estimados suscriptores nos han estado solicitando información sobre las consecuencias que podrían surgir a partir del próximo 1 de febrero para aquellas sociedades que adeuden tres períodos de esta impuesto.

Para ayudarnos con este tema, agradecemos mucho a  José María Oreamuno, socio del Bufete Facio & Cañas, especialista en Derecho Tributario y distinguido profesor universitario, el siguiente artículo que gentilmente compartió con nosotros y que procedemos a su inmediata divulgación.

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«La ley 9024 de 23 de diciembre del 2011, de Impuesto a las Personas Jurídicas, estableció un impuesto a las sociedades mercantiles, sucursales de sociedades extranjeras o sus representantes, y empresas individuales de responsabilidad limitada, que se encuentren inscritas en el Registro Nacional. Hay dos modalidades de hecho generador: la mera existencia de la inscripción al 1 de enero de cada año (que produce la totalidad del tributo anual), y la inscripción en fecha posterior (que genera un tributo proporcional entre la fecha de presentación de la escritura constitutiva y el 31 de diciembre siguiente).

Además, el tributo tiene dos tarifas: una para obligados tributarios que se encuentren inscritos como activos ante la autoridad tributaria, equivalente a un 50% de un salario base, y otra para quienes no realicen actividades comerciales y se encuentren inscritos como inactivos, a quienes corresponde pagar un 25% de un salario base. Como señalamos en Punto Jurídico, el Consejo Superior del Poder Judicial determinó en circular 216-13 que el salario base para el 2014 es la suma de ¢399.400, por lo que las tarifas del 2014 son ¢199.700 y ¢99,850, respectivamente. La definición de activos o inactivos depende de la inscripción en el Registro Único Tributario de la Dirección General de Tributación respecto del impuesto a las utilidades o sobre la renta.

El tributo debe pagarse en los 30 días naturales siguientes al 1 de enero; es decir, a más tardar el 31 de enero de cada año.
El único ente recaudador es el Banco de Costa Rica, y puede pagarse en cualquiera de sus oficinas o mediante las herramientas informáticas de ese banco. La falta de pago en tiempo provoca recargos por intereses (a una tasa variable, que actualmente es del 12,56% anual) y multa de mora (1% por mes o fracción, hasta un máximo del 20%). Los morosos no pueden inscribir documentos ni obtener certificaciones del Registro Nacional, ni contratar con el Estado u otra institución pública. No está impedida la inscripción de cancelaciones hipotecarias o prendarias, ni de protocolizaciones de remates de bienes ejecutados.

El Registro gestionará el pago mediante el procedimiento establecido en el Reglamento de Cuentas por Cobrar de la Junta Administrativa del Registro Nacional. Conforme al artículo 7 de la ley, la falta de pago por tres períodos consecutivos es causal de disolución. Ello podría suceder por primera vez a partir del 1 de febrero del 2014, para quienes no hubieran pagado el tributo correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014. En ese caso, el Registro iniciará la apertura de una Diligencia Administrativa para cancelar la inscripción, publicando en La Gaceta el edicto preceptuado en el artículo 207 del Código de Comercio. Por tratarse de una causa legal, no parece posible que los interesados puedan oponerse judicialmente, por lo que transcurridos 30 días desde la publicación, cancelará la inscripción y notificará a las Direcciones de los demás registros que componen el Registro Nacional, a efecto de que se anote en los bienes que tuviera inscritos a su nombre.

Las deudas derivadas de este impuesto constituyen hipoteca sobre los inmuebles o prenda sobre los bienes muebles, y en ambos casos el gravamen tiene carácter de preferente. Nada dice la ley tributaria sobre la liquidación, para la que rigen las normas recogidas en los artículos 209 a 219 del Código de Comercio.

El artículo 4 de la ley declara solidariamente responsables a los representantes legales de los sujetos pasivos del impuesto. El transitorio IV les permite renunciar unilateralmente a su cargo mediante comunicación escrita al domicilio social registrado, en los primeros 24 meses de vigencia, los cuales vencerán el 1 de abril del 2014. Para que sea eficaz, esta comunicación debe luego protocolizarse e inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas, para lo cual deben cancelarse los derechos de Registro, timbres e impuesto establecido por la Ley de Aranceles del Registro Público. El interesado deberá manifestar ante el notario la adecuada recepción de la comunicación en el domicilio social respectivo o, en su defecto, la causal que impidió su entrega efectiva.

En virtud de que la renuncia es un acto personalísimo del representante, se inscribirá independientemente del pago o no del Impuesto a las Personas Jurídicas.»

(Transcripción textual de artículo de José María Oreamuno, socios del Bufete Facio & Cañas, Profesor de Derecho Tributario, Universidad de Costa Rica.   Máster en Derecho Tributario (candidato), Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, Máster en Derecho Empresarial (candidato), ULACIT. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (Abogado y Notario), Universidad Francisco Marroquín (UFM), Guatemala. Licenciado en Derecho, Universidad de Costa Rica.)

 

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

9 de 32 Comentarios

  1. Danilo Loaiza Bolandi • 14 enero, 2014

    En cuanto a que no permiten pagar los periodos 2012 y 2013 si no paga el 2014 considero que se debe interponer un RECURSO DE AMPARO o un AMPARO DE LEGALIDAD ante el Contencioso Administrativo, QUIEN TIENE PLAZO NADA DEBE

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  2. Danilo Loaiza Bolandi • 14 enero, 2014

    Don Olman, el Registro no acepta la renuncia del personero si la sociedad está morosa con la CCSS pero le recomiendo que en caso de que se nieguen interponga una demanda contenciosa administrativa, en mi caso estoy esperando a que me salgan con domingo 7 para hacerlo.

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    • Olman Aguilar • 14 enero, 2014

      De verdad gracias por la aclaración, es un tema que voy a tener que estudiar porque de hecho tengo el caso en una sociedad que adquirí en un negocio que hice, cambié la Junta Directiva y años después cayó un reclamo de años anteriores de la Caja. De hecho el cobro es de períodos en que yo no era representante de la sociedad. Muy amable.

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  3. Olman Aguilar • 14 enero, 2014

    Me interesa conocer si saben la posición del registro respecto de si ellos inscriben la renuncia del personero si la sociedad está morosa con la Caja.

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  4. LIC. VICTOR JULIO CHAVARRIA ROJAS • 14 enero, 2014

    Esta bien, la Ley que creó el impuesto es muy clara en ese sentido. Sin embargo, tanto el Registro como las mismas autoridades del BCR se han atribuido facultades que esa misma ley no les ha concecido. Por ejemplo, en este momento (14 de enero del 2014) las sociedades que ya pagaron el impuesto de los años 2012 y 2013 aparecen al día en la consulta del Registro, puesto que para el pago del año 2014 se cuenta hasta el 31 de enero para cancelar. Así lo expresa la misma ley, sin embargo, para las sociedades que deben los años 2012 y 2013 no las dejan cancelar esos periodos, a fin de forzarlas, ILEGALMENTE, al pago de los 3 años juntos. En este momento nadie puede obligar a las sociedades a cancelar el pago del año 2014 porque hay tiempo hasta el 31 de enero del presente año, pero en el BCR dicen que si la sa debe los 2 años anteriores, deben cancelar todo. Me gustaría que alguien me indique o aclare si estoy o no equivocado. En este momento habrán una buena cantidad de sociedades que desean cancelar los años 2012 y 2013 a fin de no verse expuestos a la acumulación de los 3 periodos y, en consecuencia, a la eventual disolución forzoza.

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  5. DAgoberto Mata • 14 enero, 2014

    Ruego respuesta.

    1°. Interesante es conocer la opinión del especialista sobre la suerte que corren los bienes muebles o inmuebles, cuentas bancarias, etc, que son propiedad de estas sociedades que eventualmente sean disueltas?. Por ej. Que puede hacer el «titular» (accionista) para traspasarlas a otra sociedad, venderlas, etc.?? Son bienes que quedan «huérfanos».

    ESTO ES DE FONDO.

    2°. NO queda ningún recurso por resolver que se haya presentado ante la Sala constitucional?, Todos fueron rechazados?

    3°. Por demás vaya forma de fomentar la creación de empresas…..!

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    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 14 enero, 2014

      Sobre la existencia de acciones o recursos pendientes contra la Ley 9024 en la Sala Constitucional, nos permitimos indicarle al Lic. Mata que esta semana nos confirmaron que sigue pendiente de resolución la acción 12-016277-0007-CO, que en febrero del año pasado fuera admitida para estudio de fondo. Dicha acción fue interpuesta por el colega Edgardo Campos contra la totalidad de la Ley 9024 así como contra el Reglamento para la aplicación de la Ley del Impuesto a las personas jurídicas emitido por el Junta Administrativa del Registro Nacional. Seguiremos al pendiente de este voto para informarles tan pronto se produzca.

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  6. Danilo Loaiza Bolandi • 14 enero, 2014

    Cuando un representante renuncia a su cargo en una sociedad morosa con la CCSS también por ser un acto personallísimo debe ser inscrito pero el Registro se opone, también interpuse un proceso contencioso administrativo en donde se concilió pero en caso de que vuelvan a denegar la inscripción de la renuncia por estar la sociedad morosa con la CCSS, al ser un acto personalísimo lo deben inscribir.

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  7. Danilo Loaiza Bolandi • 14 enero, 2014

    Tanto el Registro Inmobiliario como el de bienes muebles se niegan a inscribir traspasos que una sociedad morosa haga a otra persona, (física o jurídica que esté al día) bajo la tesis de que no se inscriben ningún acto a FAVOR DE LAS SOCIEDADES MOROSAS, pero resulta que en una compraventa en donde la que vende es la sociedad morosa, la compraventa se perfeccionó cuando hubo acuerdo en cosa y precio, la sociedad morosa vende y POR SUPUESTO RECIBE EL PRECIO y se lo embolsa, la cosa entró en patrimonio del comprador, que puede ser una persona física y que tiene todo el derecho a que su titularidad se publicite, el beneficio para la sociedad morosa fue recibir el dinero, el cual se embolsó y podrá disponerlo, entonces del acto de inscripción ningún beneficio se deriva para la sociedad morosa, yo interpuse un contencioso administrativo en donde desde el año pasado se realizó la audiencia preliminar y desde entonces espero la sentencia la cual, mas de seis meses después, no se ha dado; lo cierto es que el Registro no puede negarse a inscribir traspasos a favor de personas físicas que no deben ese impuesto o favor de personas jurídicas que están al día.

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