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Sala IV resolverá acción contra la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas

A la fecha, entre amparos y acciones de inconstitucionalidad, aproximadamente sesenta recursos se han presentado contra la Ley 9024 de Impuesto a las Personas Jurídicas publicada en diciembre del 2011 y vigente desde el 1 de abril del año en curso.   La mayoría han sido rechazados de plano; otros se encuentran aún en estudio de admisiblidad.   Por primera vez, el pasado 8 de agosto, la Sala Constitucional dio curso para resolver por el fondo uno de los dos alegatos planteados en la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el número 12-008295-0007-CO.  (Descargue al final de esta nota, el texto completo de dicha resolución.)

Fueron los argumentos base de la acción los siguientes:  1) Violación de los artículos 184 y 185 de la Constitución Política por parte de los numerales 10 y 11 de la Ley 9024 en cuanto infringen el principio de caja única del Estado, y 2) Violación del artículo 45 de la Constitución Política por la interpretación que el Registro Público está realizando de la norma al  disponer  la  cancelación  en  la  anotación  de documentos de sociedades que se encuentren morosas en el pago de este nuevo tributo.

En relación con este segundo punto, la Sala Constitucional declaró su inadmisibilidad al considerar que no existe  un asunto base pendiente de resolver, en el que el accionante hubiere  invocado  la  inconstitucionalidad  de  la  norma  como  medio razonable de amparar el derecho o interés que considera lesionado.

«(…) si bien es cierto el accionante presentó una impugnación ante el Director del Registro Público, no se acredita que la gestión se encuentre en la fase de agotamiento de la vía administrativa, pese a la prevención que se le formuló al respecto. De ahí que en relación con el alegato de violación al artículo 45 de la Constitución Política, la acción deba ser rechazada de plano.» (Tomado textual de la resolución 2012010579 de las 14:30 hrs del 8 de agosto de 2012).

En lo que respecta a la infracción del Principio  de Caja Única del Estado, los señores magistrados dan curso a la acción por tratarse de un tema de intereses difusos que no requiere de asunto base.

Transcribimos a continuación parte de la pretención del accionante en relación con este punto:

«Considera el accionante que la Ley es inconstitucional por cuanto no pueden crearse impuestos  para fines específicos ni puede destinarse dinero público a ningún fin si previamente esas partidas no han sido examinadas y aprobadas por la Contraloría General de la República, tal y como  lo preceptúa el artículo 184 constitucional. También se viola el principio de caja única del Estado,  pues corresponde a la Tesorería Nacional recibir las cantidades que a título de rentas o por cualquier otro motivo ingrese a las arcas nacionales. Al disponer la ley que se acusa de inconstitucional que es obligación del Ministerio de Hacienda crear una cuenta dentro del clasificador presupuestario de ingreso para poder identificar los ingresos  provenientes  de  este  impuesto  y  que  esos  montos  deberán  estar claramente identificados, mediante el clasificador correspondiente, todo ello con la finalidad de poder establecer el monto total que se recaude por ese impuesto y al darles un destino específico (5% asignado al Registro Público para financiar la administración, gestión, fiscalización y recaudación del impuesto y para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social y un 95 asignado al Ministerio de Seguridad  Pública para sus programas de seguridad ciudadana y combate a la delincuencia) constituye una burla al principio de caja única y no existe duda de que el impuesto fue creado para una finalidad específica ni de que la  Contraloría  no  puede  cumplir  con  sus  obligaciones  constitucionales. La finalidad  de  estas  estrictas medidas de control de ingresos que se ordena implementar solo busca regresar la misma cantidad que se recaude al Registro Público y al Ministerio de Seguridad, en la proporción que se indica en el artículo 11 de la Ley. Siendo esa la forma en que está dispuesto el destino de los fondos recaudados, no cabe más que concluir en que solo se pretende «trampear»´a los administrados con la creación de impuestos específicos, sino que ese dinero solo pasa por la Tesorería Nacional para dar apariencia de constitucionalidad y de que se le impide a la Contraloría General de la República cumplir con sus deberes constitucionales.» (Tomado textual de la resolución 2012010579 de las 14:30 hrs del 8 de agosto de 2012).

Con esta acción surge por primera vez con más fuerza la posibilidad de que la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas sea declarada inconstitucional.  Lo cual sería lógicamente celebrado por las más de  372,000 sociedades que aún no han realizado el pago del tributo.

Estaremos al pendiente del fallo definitivo de la Sala Constitucional para informarle tan pronto se produzca.

Para descargar el texto completo de la resolución en comentario haga clic a continuación:  SENTENCIA 2012010579.

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

3 de 3 Comentarios

  1. Cristian Zamora • 22 agosto, 2012

    Don Danilo, lo felicito por luchar contra los abusos, que el Registro de la Propiedad comete. Lamentablemente se creen omnipotentes y que pueden hacer lo que les venga en gana.

    Responder
  2. Danilo Loaiza Bolandi • 22 agosto, 2012

    SE INTERPONE
    AMPARO DE LEGALIDAD
    Interponen: Danilo Loaiza Bolandi y Susana Castillo Marín
    Contra: Registro de la Propiedad Mueble del Registro Nacional
    Junta Administrativa del Registro Nacional y contra El Estado

    Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda

    Quien suscribe Danilo Loaiza Bolandi, mayor, casado una vez, Abogado y Notario Público, vecino de Pinares de Curridabat, con cédula 1-0501-0034, en mi condición de Notario autorizante del documento que el Registro de la Propiedad Mueble se niega a inscribir y respetuoso y Susana Castillo Marín, mayor, casada una vez, empresaria, vecina de Aserrí, Barrio Corazón de Jesús Urbanización El Coral, casa número cuatro, con cédula 1-0883-0074, en mi condición de propietaria registral del vehículo placa CL-104568, respetuosos nos apersonas a interponer la presente acción en contra del Registro de la Propiedad Mueble del Registro Nacional, Junta Administrativa del Registro Nacional y en contra de El Estado, acción que fundamento como a continuación expongo.

    HECHOS

    PRIMERO: Quien suscribe Danilo Loaiza Bolandi, en mi condición de Notario Público, en San José a las catorce horas del veinticinco de enero del dos mil doce autoricé la escritura número doscientos cincuenta y seis – veintitrés en donde la sociedad MEGA RECAUCHES S.A. cédula jurídica 3-101-441029 por haber recibido el capital e intereses que le adeudaba la sociedad SUPLY LLANTAS DIAZ S.A. cédula jurídica 3-101-462783 solicita al Registro de la Propiedad Mueble cancela la prenda de primer grado inscrita al tomo 2007 asiento 33567, secuencia 001 dejándose libre de dicho gravamen el vehículo placa CL-104568. El testimonio de dicha escritura lo presenté a la corriente registral el 20 de junio del 2012 generando las citas de presentación TOMO 2012 asiento 208074.
    SEGUNDO: Para el 20 de junio del 2012 la sociedad compareciente MEGA RECAUCHES S.A. estaba al día con el pago del Impuesto a las Personas Jurídicas establecido por la Ley 9024.

    TERCERO: El registrador Eduardo Jaén Hernández no le da curso a la cancelación prendaria alegando que la sociedad compareciente no había pagado el impuesto a las personas jurídicas cancelando y dejando sin efecto el asiento tomo 2012 asiento 208074.

    CUARTO: El 03 de julio del 2012 de nuevo introduzco el testimonio de cancelación de prenda al que me refiero en el hecho primero de esta demanda, presentación que generó el asiento TOMO 2012 asiento 222510 y le adjunto una nota escrita en donde pido que esta nueva presentación no sea cancelada toda vez que la sociedad otorgante se encuentra al día con el pago del impuesto a las personas jurídicas pero de nuevo el Registro de la Propiedad Mueble, al tenor de la calificación SD-BM-CA-013-2012 emitida por el Lic. Adolfo Durán Abarca Subdirector de Registro de Bienes Muebles el 31 de mayo del 2012 alegando que si bien la sociedad otorgante del negocio jurídico está al día con el pago del referido impuesto no así SUPLY LLANTAS DIAZ S.A. deudora de la prenda cuya cancelación solicita MEGA RECAUCHES S.A.

    QUINTO: Para efectos financieros, contables y tributarios la sociedad MEGA RECAUCHES S.A. está
    en derecho de que el Registro no publicite un derecho de crédito que ya no tiene.

    SEXTO: En la calificación SD-BM-CA-013-2012, entre otras cosas, afirma que el concepto genérico de contribuyente como sujeto pasivo de la obligación tributaria refiere a todas las partes que intervengan o figuren en el acto o contrato inscribible así sea, entre otros, como deudores, pues no se puede distinguir en donde la ley no distingue.
    SÉTIMO: Los representantes de las demandadas saben que el primer párrafo del ARTÍCULO 5 de la Ley 9024, Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas dice: “En caso de incumplimiento con las obligaciones establecidas en esta ley serán aplicables las disposiciones contenidas en el título Ill de la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, incluida la reducción de sanciones prevista en su articulo 88. El Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personería jurídica ni inscribir ningún documento a favor de los contribuyentes de este impuesto que no se encuentren al día en su pago.”
    OCTAVO: Que la sociedad MEGA RECAUCHES S.A. que es la que hace la solicitud de cancelación de la prenda está al día con el pago del impuesto a las personas jurídicas.

    NOVENO: En sesión extraordinaria Nº 13-2012 celebrada el 23 de marzo del 2012 la Junta Administrativa del Registro Nacional por unanimidad aprobó el “Reglamento para la Aplicación Registral de la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas” el cual en el párrafo primero del artículo 10 dispone: “Artículo 10.—Sanciones. El Registro Nacional no emitirá certificaciones de personería jurídica ni inscribirá ningún documento referente a los contribuyentes del impuesto que no estén al día en su pago, y procederá a cancelar el asiento de presentación de los documentos correspondientes a personas jurídicas morosas o a decretar el abandono de la solicitud, según corresponda. Se entenderá que la prohibición para la emisión de la certificación de personería jurídica y de la inscripción comprende todos aquellos documentos o solicitudes presentados o en trámite ante los diversos registros que conforman el Registro Nacional, relacionados con los contribuyentes obligados al pago del tributo que se encuentren morosos al momento de la emisión o registración correspondiente.”

    DÉCIMO: El 13 de abril del 2012 el Lic. Dagoberto Sibaja Morales, interpretando lo que dispone el artículo 5 de la Ley 9024 y el artículo 10 de su reglamento, emitió la CIRCULAR DGRN – 0003-2012, en donde indica: “De conformidad con el artículo 1’ del reglamento aprobado por la Junta Administrativa y para la aplicación del artículo de ley comentado, se deberá entender que no se inscribirá documento referente a los contribuyentes que no estén al día en su pago y se procederá a cancelar el asiento de presentación de los documentos correspondientes a sociedades morosas o a decretar el abandono de la solicitud.”
    UNDÉCIMO: El artículo 5 de la Ley 9024, en lo que aquí interesa, indica que el Registro Nacional no podrá inscribir ningún documento a favor de los contribuyentes de este impuesto que no se encuentren al día en su pago.” pero en el “Reglamento para la Aplicación Registral de la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas” y en la CIRCULAR DGRN.003-2012 se interpreta que la sanción de no inscripción se entenderá extensiva a todo documento que se refiera a contribuyentes morosos.
    DUODÉCIMO: Que debido a la interpretación extensiva que se hace tanto en el reglamento como en la circular DGRN-003-2012 aunque el documento lo otorga y es a favor de una sociedad que está al día en el pago del impuesto el Registro no autoriza su inscripción por el hecho de que se hace mención a la sociedad exdeudora que aparece morosa.
    DUODÉCIMO: La suscrita Susana Castillo Marín soy la propietaria del vehículo placa CL-104568 el cual soporta la prenda que MEGA RECAUCHES S.A. solicita cancelar.

    FUNDAMENTO DE DERECHO

    Fundo la presente acción en lo que dispone los artículos 11, 18, 27, 28, 34, 39, 41, 45, 48 y 49 de la Constitución Política; artículos 1, 2, 6, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 36, 260, 264, 266, 295, 316 y 451 del Código Civil, artículos 236 y 578 del Código de Comercio; artículos 1, 6, 18 y 19 de la Ley de Inscripción de Documentos en el Registro Público y artículos 5, 6, 7, 8, 15 y siguientes del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

    ALEGATOS JURÍDICOS

    Tanto el acreedor prendario, que ya no lo es pues la prenda se extingue con su pago, como la dueña del vehículo que la soporta, el primero tiene el derecho a que ya no se publicite una condición que no ostenta y la segunda que su vehículo sea liberado de una anotación que no corresponde a la realidad y que le está limitando su derecho constitucional de disponer de su patrimonio, todo lo anterior debido a que el Registro, ilegalmente, se empecina a denegar la inscripción de un documento alegando que la sociedad deudora prendaria, bueno exdeudora, está morosa con el pago del impuesto a las personas jurídicas, es decir que tanto la sociedad acreedora como la dueña registral se están viendo perjudicadas por un hecho de tercero respecto del cual no tienen dominio alguno, es decir que sus legítimos derechos están siendo puesto a expensas de lo que quiera o no quiera hacer un tercero, lo cual, consideramos los suscritos demandantes resulta IRRACIONAL y por ello INCONSTITUCIONAL, ahora la Ley 9024 indicó que no se inscribirán documentos A FAVOR DE PERSONAS JURÍDICAS MOROSAS, es decir no se inscribirán documentos de donde se deriven DERECHOS a favor de personas jurídicas morosas, lo cual tiene su lógica, pero hagámonos de cuenta que un Juez Civil le ordena al Registro decretar embargo en un bien de una persona jurídica morosa, en ese supuesto, en donde no se favorece a la morosa, sino mas bien se le perjudica, no podría el Registro negarse a inscribir el embargo bajo el pretexto de que el documento se refiere a una persona jurídica morosa, como tampoco podría hacerlo si vía remate un tercero se adjudica el bien alegando que el bien rematado está inscrito a nombre de una sociedad morosa, ahora, como sabemos, la materia tributaria es odiosa y por ello es materia privativa de la Ley, de suerte que está prohibido crear cargas impositivas por vía de reglamento o de actos administrativos, por esa misma razón está vedado hacer interpretaciones extensivas a efecto de imponer cargas tributarias a sujetos pasivos no contemplados en la Ley, la Ley 9024 es clara en indicar que no se inscribirán documentos A FAVOR DE PERSONAS JURÍDICAS MOROSAS pero de ahí a decir, como lo dice la Junta Administrativa del Registro Nacional y su Director que esa sanción se extiende a todo documento por el solo hecho de hacer mención a una persona jurídica morosa, independientemente si el negocio jurídico contenido en el documento a inscribir favorece o perjudica a la morosa, el Legislador impuso la sanción de no inscripción de aquellos documentos en donde se constituyan derechos reales o personales A FAVOR DE LA SOCIEDAD MOROSA y así es como debe interpretarse pues lo que se quiere es no premiar a la persona jurídica morosa que, interesada en que su derecho se inscriba, deberá ponerse al día con el impuesto, pero cuando ni la favorece ni la perjudica o mas bien la perjudica, la persona morosa no tiene ningún interés en que el documento se inscriba y por ello no va a hacer nada para pagar el impuesto, entonces, en ese supuesto, se estaría sancionando a terceras personas que si están interesadas y TIENEN TODO EL DERECHO a que el documento se inscriba, en consecuencia, el Registro, por esta vía, obligaría a los ciudadanos a asumir el pago de un impuesto que no le corresponde para conseguir la inscripción del documento que solo a él le interesa. IMPONIÉNDOLE PENAS A TERCERAS PERSONAS, es decir la sanción de no brindarle el servicio público amenos que pague el tributo que un tercero no está interesado en pagar. Por las razones dichas la interpretación que tanto la Junta Administrativa del Registro Nacional al promulgar el reglamento a la Ley 9024 como el Director del Registro al emitir la CIRCULAR DGRN-0003-2012, al afirmar que se deberá entender que no se inscribirá documento referente a los contribuyentes que no estén al día en su pago, por irracional, desproporcionada, abusiva, extralimitada resulta INCONSTITUCIONAL, pues tanto en el reglamento como en la referida circular se debe excluir la palabra “referente” por “a favor” y así no incluir supuestos no contemplados en la Ley. Mientras se mantenga la interpretación de que la sanción de no inscripción es extensiva a todo documento referente a personas morosas independientemente de si se otorgan o no derechos A FAVOR de morosa, por vía reglamento y acto administrativo interno se están creando CARGAS TRIBUTARIAS NO CONTEMPLADAS POR EL LEGISLADOR.

    PETITORIA

    Solicitamos que por disconforme con el ordenamiento jurídico se declare absolutamente nulo el párrafo primero y segundo del artículo 10 del Reglamento para la aplicación registral de la ley al impuesto de las personas jurídicas aprobado y emitido por la Junta Administrativa del Registro Nacional en sesión extraordinaria Nº 13-2012 celebrada el día veintiséis de marzo del dos mil doce, en tanto en dichos párrafos se extendió la sanción tributaria y administrativa a supuestos no contemplados el la Ley 9024 de igual forma se declare absolutamente nula la CIRCULAR DGRN-0003-2012 emitida por Director General del Registro Nacional el día 13 de abril del 2012 o en su defecto, de esa circular se anule el párrafo que textualmente dice: “De conformidad con el artículo 10 del reglamento aprobado por la Junta Administrativa y para la aplicación del artículo de ley comentado, se deberá entender, que no se inscribirá documento referente a los contribuyentes que no estén al día en su pago y se procederá a cancelar el asiento de presentación de los documentos correspondientes a sociedades morosas o a decretar el Abando de la solicitud. Declaradas las nulidades solicitadas se le ordene al Registro inscribir el testimonio de la escritura número 256-23 otorgada ante el Notario Público Danilo Loaiza Bolandi en San José a las catorce horas del veinticinco de enero del dos mil doce. Solicitamos se declare con lugar la presente demanda y se condene a los demandados a pagar ambas costas de esta acción.

    PRUEBAS

    Certificación de propiedad del vehículo placa CL – 104568.
    Copia certificada del testimonio de la escritura número 256-23 otorgado por el Notario Danilo Loaiza Bolandi, de la CIRCULAR DGRN-0003-2012 y de la calificación SD-BM-CA-013-2012 utilizada como referencia y fundamento para denegar la inscripción del referido testimonio.

    NOTIFICACIONES: Nuestras notificaciones al correo electrónico loaizabolandi@gmail.com supletoriamente al fax 22729032.

    A las entidades demandadas mediante sus representantes.

    Susana Castillo Marín Danilo Loaiza Bolandi

    Son auténticas:

    Responder
  3. Danilo Loaiza Bolandi • 22 agosto, 2012

    El Registro vía reglamento y circular ILEGALMENTE cancela los asientos de presentación en donde se haga mención a una entidad morosa, lo cual no es correcto, por ejemplo si una S.A. que está al día, digamos un Banco, pide la cancelación de una prenda en donde figura como exdeudora una S.A. que está morosa y el vehículo que la soporta está a nombre de una persona física, el Registro cancela el asiento lo cual es ABSOLUTAMENTE ILEGAL, pues el acto jurídico cancelación de prenda no lo es a favor de ninguna entidad moroso sino incluso a favor de la sociedad acreedora que requiere no seguir figurando como acreedora de un crédito ya cancelado y la persona física dueña del vehículo prendado también tiene derecho a que la prenda que soporta su vehículo sea cancelada, lo que sucede es que el Registro vía reglamento y vía directriz donde se dice «a favor de» consignó correspondientes a personas jurídicas morosas, que son dos términos distintos una cosa es constituir un derecho A FAVOR DE y otra muy distinta CORRESPONDIENTE A, por esa vía está ampliando la sanción perjudicando a terceras personas que no tienen relación con la sociedad morosa. También sucede que un particular le compró un carro o un inmueble a una entidad morosa, incluso antes de la bendita ley y el registro no inscribe el traspaso alegando que la vendedora está morosa, todos sabemos que los derechos reales están sobre los personales y también que el acto traslativo se consolida con el acuerdo en cosa y precio de suerte que el comprador no tiene por qué soportar una sanción que no le compete pues el bien que adquirió ya entró en su patrimonio y su derecho real no depende de hechos de terceros.

    Responder

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