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Sala IV: Circulares del Consejo Superior del Poder Judicial tienen caracter informativo

»Discusión sobre Circular que eliminó obligación de presentar originales de los escritos presentados mediante fax.

En abril del 2010,  el Consejo Superior del Poder Judicial emitió la circular 57-2010, mediante la cual dispuso que no era necesario, en la remisión de escritos vía fax,  que las partes aportaran los originales dentro de los tres días siguientes, a menos que al alegarse su falsedad o irregularidad, el despacho expresamente así lo requiriere.    Esta circular entró a regir el 8 de junio de ese mismo año en virtud de su publicación en el Boletín Judicial.

 El Consejo Superior del Poder Judicial fundamentó su decisión en la derogatoria parcial que del artículo 6  bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial hiciera la Ley de Notificaciones Judiciales en febrero de 2009, y con base en el principio de buena fe procesal, que entre otros, establece que todo documento se reputa válido hasta que no se declare su falsedad o nulidad.

Gracias a la participación de varios estimados suscriptores en el foro que se generó sobre este tema en nuestro blog, conocimos de varios despachos judiciales que a pesar de lo establecido por el Consejo Superior, continuaban exigiendo la presentación de los originales, so pena de tener por no realizadas las gestiones tramitadas por fax.   Entre ellos el Tribunal Primero Civil de San José, que sostenía lo siguiente: «No se trata de una cuestión de buena fe procesal, sino de seguridad jurídica. No existe en nuestra legislación procesal un proceso de verificación de la autenticidad de escritos por cuanto no es necesario. La forma de actuar ante los Tribunales está claramente regulada en el Código Procesal Civil, norma en la que se exige que los escritos (de cualquier forma en que se hagan llegar) garanticen, sin discusión ni verificación posterior, su autenticidad. Mientras ello no esté debidamente reglamentado como dice la Ley, la presentación de escritos con el solo envió de un fax, no tiene amparo legal.»  (Tomado textual de la resolución 970-N del Tribunal Primero Civil de San José).

Surgió entonces la duda en cuanto a si las Circulares emitidas por el Consejo Superior del Poder Judicial debían considerarse de acatamiento obligatorio para la totalidad de autoridades judiciales del país, o si se trataba, nada más, de lineamientos que pudieran ser o no aplicados a discreción de cada despacho.     A pesar de que  elevamos nuestra consulta en forma muy puntual a los señores magistrados de la Corte Plena, la respuesta que nos brindaron no nos permitió aclarar nuestra inquietud,  toda vez que se limitaron a señalar que los acuerdos tomados por el Consejo el día en que se produjo la Circular 57-2010:  «… se hicieron del conocimiento de todos los despachos judiciales del país mediante Circular» pero sin establecer expresamente si dichos despachos debían, a partir de dicha comunicación, aplicarla en forma vinculante.

Encontramos ahora que en respuesta a varias consultas judiciales facultativas sobre la Circular 57-2010,  la Sala Constitucional se refiere al tema en voto No. 13357-11 del pasado 5 de octubre de los corrientes.

Para descargar el texto  del voto 13357-11  haga clic a continuación:    VOTO 13357-11

Nos permitimos resumirlo a continuación:

1.-  El Tribunal consultante  cuestiona la constitucionalidad de la circular 57-2010 al considerar que podría lesionar el principio de independencia judicial, en tanto impone un criterio de interpretación de una norma.

2.- Aclara la Sala IV que la consulta no versa sobre si los tribunales deben o no exigir la presentación de todo documento original que, previamente, fue presentado vía fax.   El problema que se plantea radica en determinar si la Circular 57-2010 constituye o no una interpretación normativa y si su observancia se  impone  como obligatoria para los jueces.

3.- Refiere la Sala IV que para la Procuraduría General de la República, la circular 57-2010 constituye una disposición de carácter administrativo del Consejo Superior del Poder Judicial, en ejercicio de la amplia competencia para regular y disciplinar la forma de utilizar los medios electrónicos para establecer las comunicaciones y notificaciones entre los Tribunales de Justicia y las partes litigantes, que la misma Ley Orgánica del Poder Judicial le concede.

4.- Concluye la Sala IV: «…  que el objetivo de la circular es de carácter informativo, pues lo que procura es únicamente informar a aquellos jueces que no se han impuesto del conocimiento de la derogatoria parcial del artículo 6 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Responde a la circunstancia muy particular e injustificada de que existan jueces que no estén al tanto de las modificaciones de una ley. Es evidente que, a juicio del Consejo, la derogatoria implica, de manera suficientemente clara, que no es necesario exigir, en ningún supuesto, la presentación del documento original. Sin embargo, si algún Juez de la República considerara que el punto no es tan claro como se presupone y que, efectivamente, se debe realizar una interpretación de las normas a las que se refiere, no solo puede, sino que debe hacerlo. Ni esta ni ninguna otra circular eximen al juez de la responsabilidad de discernir él mismo, cuál es el derecho aplicable al caso concreto. La circular no lo obliga a resolver de una determinada manera, si su criterio difiere, ni lo libera de responsabilidad, si coincide. El Juez, con independencia de la circular, está obligado a fallar conforme a la Constitución y a las leyes. Ante el caso concreto, el criterio aplicado tendrá relevancia jurídica, precisamente, porque así lo decidió y no porque el Consejo así lo haya sugerido. En suma, este Tribunal interpreta que la circular tiene solamente efectos informativos y, en esa medida, no lesiona el principio de independencia del Juez. »  (Negrita no es del original)

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

3 de 4 Comentarios

  1. Juan Perez • 21 octubre, 2011

    Seguimos con la incertidumbre jurídica. Entonces quiere decir que los jueces si quieren lo acatan y si quieren no, lo que pasará acto seguido es que tengamos los litigantes que estar preguntando cual es el criterio del juez en cada despacho judicial. Ahora podrá un juez variar su criterio de un día para otro? Que dificil es litigar en un desorden jurídico donde un día es una cosa y otro día es otra. Lo mejor será seguir haciendo las cosas a la vieja escuela. Lo que si me preocupa son materias como transito que cuando hay lesiones las envian a la fiscalía y si no siguen el proceso por las lesiones el expediente no lo envían a Transito para ventilar el accidente si no que lo envian a la parte Civil para los daños… En otras palabras saturación de área Civil teniendo un área especializada para esa materia…

  2. Jorgre González Méndez • 21 octubre, 2011

    Es una lástima que en este país de «derecho», todo el mundo tenga su propio interpretación de las cosas, dejando con esto una tremenda inseguridad jurídica. Si el Consejo Superior del Poder Judicial, no tiene injerencia entre los jueces de la República, entonces la verdad, no me explico para que emiten directrices, en donde si se quiere se aplican, y si no se quiere no.

    Es cierto que la Ley se interpreta, pero en todo lado se deben de acatar las directrices del superior, si alguien piensa que es contrario al «derecho de la constitución», que así lo haga valer ante el Tribunal Constitucional.

  3. Alvaro Arguedas Duran • 21 octubre, 2011

    Esta directriz es informativa y no impositiva como se ha querido hacer ver, lo que tendra la libre aplicacion para los jueces e igualmente nos da a los litigantes los mecanismos para hacer valer la norma o la derogatoria de una norma, como es el caso particular y asi con fundamento factico hacerla aplicar.

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