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Aclaran voto sobre inconstitucionalidad del impuesto a las personas jurídicas

Agradecemos al Lic. Edgardo Campos Espinoza que nos hiciera llegar copia de la resolución de la Sala IV relativa al recurso de aclaración y adición del voto 1241-2015 que declaró parcialmente con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas en enero de este año.

Como ya es conocido, en dicho voto, la Sala IV declaró la inconstitucionalidad de los artículos  1, 3 y 5 de la Ley 9024 y dimensionó los efectos del pronunciamiento para que iniciasen a partir del próximo año 2016.

Inmediatamente se generaron gran cantidad de dudas no solo por parte de los contribuyentes sino del Registro Nacional y del Ministerio de Justicia y Paz quienes a la vez formularon sus propios recursos de aclaración y adición.

Nos permitimos resumir a continuación brevemente algunas de esas inquietudes así como las razones en las que fundamenta la Sala Constitucional el rechazo de los recursos presentados.

Para descargar el texto completo de esta nueva resolución haga clic a continuación: VOTO 2015-012009 

Entre las inquietudes que don Edgardo, como promotor de la acción de inconstitucionalidad, solicitó aclarar estaba el efecto prospectivo dado al fallo pues estimaba que la Ley de la Jurisdicción Constitucional solamente preveía la posibilidad de dimensionamiento retroactivo, aparte de que no se justificó  de modo claro, ni concreto tal dimensionamiento a futuro. Consideró además omiso que se declarasen inconstitucionales solamente tres artículos de la Ley No. 9024  dejándose vigentes las demás disposiciones de la norma, siendo que, por lo demás, tampoco hubo pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Reglamento de la misma. Finalmente, consideró el accionante que había omisión por parte de la Sala al no referirse al dimensionamiento de las sanciones registrales.

De igual manera, el Registro Nacional presentó su recurso alegando esta misma omisión en el dimensionamiento de los alcances de las sanciones establecidas de forma específica en la Ley 9024, tales como: la posibilidad de emitir certificaciones de personas jurídicas, la inscripción de documentos de personas jurídicas morosas, la disolución de sociedades morosas durante tres períodos consecutivos, la posibilidad de que muchas sociedades queden acéfalas por falta de inscripción de sus personerías,  entre otros.

Señaló además la falta de certeza sobre el fundamento jurídico en que se basarían los procedimientos administrativos de cobro que deban iniciarse contra las entidades morosas a partir de enero de 2016, especialmente, porque el hecho generador habría dejado de existir. Ante tal circunstancia, consideraba el Registro que se viene a provocar un vacío jurídico en cuanto al respaldo para continuar ejecutando los cobros en el año 2016.

Finalmente, alegó que el artículo 5  de la norma no solamente se refería a sanciones, sino además, a la obligación para el Registro Nacional de crear una base de datos en la que se refleje el estado de morosidad de los contribuyentes. Ante tal circunstancia se contaría físicamente con una base de datos generada a partir de un artículo inconstitucional y que a partir de enero del próximo año desaparece totalmente. Por último, solicitó que se le aclare el alcance de la resolución respecto a la responsabilidad solidaria de los representantes legales de las entidades contemplada en el artículo 4 de la Ley, por cuanto, se podría llegar a constituir una prenda o hipoteca legal preferente por las deudas acumuladas.

Estos mismos alegatos del Registro Nacional fueron planteados en idénticos términos por la Ministra de Justicia y Paz, señora Cristina Ramírez Chavarría.

LO QUE RESUELVE LA SALA

La Sala Constitucional declara sin lugar las gestiones formuladas y solicita el archivo del expediente al considerar que contra sus sentencias no procede recurso alguno según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  Lo que el artículo 12 de ese mismo cuerpo normativo prevé: «… no es un medio de impugnación mediante el que se pueda variar el sentido de lo resuelto en una sentencia de la Sala, sino que, constituye un instrumento procesal para que cualquiera de las partes solicite la adición cuando un punto del planteamiento original del recurso no fue resuelto en el fallo y la aclaración cuando dicho fallo fue resuelto en términos oscuros o ambiguos, implicando, de esta forma, una difícil comprensión del mismo.» (Tomado del voto en comentario)

Los señores magistradores se refieren sin embargo a algunos de los cuestionamientos formulados.

En términos generales se señala como principal razón para el rechazo del análisis de muchos de estos puntos, el hecho de no existir relación entre el derecho o interés que se consideró lesionado en el asunto que sirvió como base para la interposición de la acción  y el reclamo de inconstitucionalidad como tal según lo exige el art. 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

“En resumen, en todos los puntos recién señalados observa la Sala la ausencia del requisito legalmente establecido en el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en el sentido que el reclamo de inconstitucionalidad sea medio razonable para la defensa del derecho o interés que se considera lesionado, de manera que, con fundamento en tales consideraciones, la acción debe rechazarse de plano respecto de todos los puntos supraindicados.” (Tomado del voto en comentario)

Resulta muy interesante constatar, por ejemplo, como en alusión al cuestionamiento del artículo 6 de la Ley 9024, los señores magistrados aceptan que aunque dicha norma podría efectivamente tener los mismos vicios de inconstitucionalidad que los numerales que sí se declararon inconstitucionales, al tratarse de un proceso formal, debió rechazarse su admisibilidad al determinarse que lo establecido en ella no constituía medio razonable para amparar el derecho reclamado por el accionante dentro del ocurso registral que sirvió como  asunto base para el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad.

SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO PROSPECTIVO DE LOS EFECTOS DEL VOTO

«… la sentencia es absolutamente clara en el sentido que la propia Ley de la Jurisdicción Constitucional en el artículo 91 contempla la posibilidad de la “graduación o dimensionamiento” de la sentencia estimatoria, en cuanto a sus efectos retroactivos, en el espacio, el tiempo y la materia a través del establecimiento de reglas necesarias para evitar graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la
paz sociales. (…) Precisamente por lo anterior, dado que el período fiscal había iniciado el pasado 1° de enero, el hecho generador ya estaba concretado (ver artículo 2º de la Ley No. 9024 de 23 de diciembre del 2011, Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas) y, por ende, la obligación de pago se dejó incólume durante el año en curso. Lo anterior, con el expreso propósito de no generar dislocaciones tributarias o financieras y para no afectar la Hacienda Pública en la medida que los recursos ya estaban presupuestados. Lo contrario, podría causar serios efectos negativos en el desenvolvimiento del ordenamiento tributario y sus operadores. En consecuencia, este extremo de la gestión debe desestimarse.» (Tomado del voto en comentario)

SOBRE LOS ALCANCES DE LAS SANCIONES REGISTRALES

«…. el incumplimiento de requisitos formales en razón del estrecho alcance jurídico del asunto base, hizo que la mayoría de los artículos de la ley no pudieran ser conocidos. Ante tal situación, serán los diferentes operadores jurídicos a quienes corresponderá disponer la manera en que el nuevo marco jurídico de nivel legal debe aplicarse a las distintas situaciones de hecho que se presenten, pues tal labor evidentemente excede la labor de la Sala. Evidentemente, no le corresponde a este Tribunal asesorar a las autoridades recurridas a efecto de determinar cómo proceder respecto al cobro de los impuestos que sí se debieron cancelar (períodos fiscales anteriores), máxime que esta Sala sí indicó que “todos los contribuyentes deben pagar el monto correspondiente al período fiscal 2015 y, obviamente, los anteriores si se encuentran morosos, so pena de verse sometidos a las multas, intereses y demás sanciones previstas en la ley que ahora se declara inconstitucional”, con lo cual, resulta claro que las sanciones o consecuencias por el impago se mantienen vigentes hasta que se cancele lo adeudado por períodos fiscales vencidos que sí debieron cancelarse.»    (Tomado del voto en comentario)

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

2 de 11 Comentarios

  1. Lic. Dagoberto Quesada García • 14 marzo, 2017

    No fue que lo habilito voluntariamente, fue producto de un proceso que les presente y lo indique como uno de los abusos que había cometido el Registro en compliciada con el Banco de Costa Rica. Ahora en medio proceso procedieron a corregir el error. Y bueno eso lo tengo ahora como prueba en el proceso de la disolución de las sociedades.

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  2. Alexander Chacon • 09 marzo, 2017

    Perdonen la pregunta pero si el cobro no procede como queda el tema de las disoluciones automaticas de cara a la liquidacion

    Responder

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