Si bien se publicaron en mayo pasado dos normas para permitirle a las sociedades disueltas por morosidad en el pago del impuesto a las personas jurídicas su reinscripción, al día de hoy ninguna sociedad lo ha conseguido.    Nos referimos a las Leyes 10220 y 10255.   (Ver al respecto nuestra nota en este mismo blog)

Aunque algunos colegas nos habían comunicado que lograron por lo menos dejar en trámite ante el Registro de Personas Jurídicas sus escrituras de cese de disolución, supimos esta semana que estaba siendo cancelada la presentación al Diario de nuevas solicitudes.

Pensamos que al igual que en el 2017 sería el Registro de Personas Jurídicas quien se encargaría de aclarar el procedimiento, requisitos, timbres a ser pagados para la tramitación de estas escrituras, pero revisando hoy La Gaceta nos encontramos una propuesta de resolución conjunta que estarían publicando próximamente tanto el Registro Nacional como el Ministerio de Hacienda con todos estos pormenores.

Puede descargar el texto completo del borrador de Resolución conjunta en el siguiente link:  Descargar proyecto resolución conjunta.

Se otorga un plazo de 10 días para que todos los interesados puedan hacer llegar sus comentarios sobre esta propuesta al correo electrónico  RecaTJuridica@hacienda.go.cr

Nos permitimos resumir a continuación algunos de los aspectos contemplados:

1.- Aplicación de la Ley 10220 que reformó el Transitorio II de la Ley 9428

En primer lugar conviene tener claro que la propuesta en comentario busca aclarar aspectos contenidos en la Ley 10220 que reformó el Transitorio de la Ley 9428, Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas.    La segunda norma 10255 publicada el 31 de mayo pasado deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para su aplicación en un plazo máximo de seis meses.     Por consiguiente, sociedades que opten por lograr su reinscripción en este momento, únicamente podrán apoyarse en las disposiciones de la Ley 10220, la cual tiene la ventaja adicional que ofrece la condonación total de intereses y multas acumulados en los períodos pendientes.

2.-  Tanto sociedades disueltas mediante Ley 9024 como mediante Ley 9428

De gran tranquilidad resulta comprobar que tanto las sociedades que fueron disueltas por incumplimiento del impuesto a las personas jurídicas que estuvo al cobro del año 2012 al 2015 bajo la Ley 9024, como las sociedades disueltas por morosidad bajo la Ley 9428 del 2017-2021, podrán solicitar su reinscripción, siempre y cuando cancelen totalmente el principal adeudado en los períodos al cobro, sin recargos, ni sanciones.  Dicho pago total deberá producirse a más tardar el 15 de diciembre del presente año 2022.

3.- Pago de los períodos 2012 al 2015

Siendo que con la Ley 9024 correspondió al Banco de Costa Rica fungir como ente perceptor  del tributo,  deberán ahora las sociedades que adeuden cualquiera de los períodos 2012-2015, realizar su pago directamente ante dicha entidad bancaria.

4.- Pago de los períodos 2017-2021

En el caso de las sociedades que adeuden el tributo de los períodos 2017 a 2021 deberán gestionar el pago mediante correo electrónico a la dirección  deudas_ley10220@hacienda.go.cr    adjuntando el testimonio de escritura pública de la solicitud de cese de disolución de al menos el 51% de las acciones.    Una vez recibida la solicitud, la Dirección General de Tributación procederá a incluir en el sistema dichos periodos, a fin de que los interesados puedan realizar el pago mediante Débito en Tiempo Real (DTR), en la página web de la entidad bancaria de su preferencia, o directamente en ventanilla con solo indicar el número de identificación de la persona jurídica.  El monto a cancelar será, para cada periodo, el que se detalla a continuación:

2017  : ¢21,368

2018:  ¢64,650

2019: ¢66,930

2020: ¢67,530

2021: ¢69,330

5.- Solicitud de cese de disolución ante el Registro Nacional

La solicitud de cese de disolución de los sujetos pasivos indicados en el artículo 1 de la Ley 9024 deberá realizarse en escritura pública, mediante manifestación por comparecencia de los socios que ostentan al menos 51% del capital accionario de la entidad. En la escritura deberá consignarse la fecha y número de La Gaceta en que fue publicado el edicto correspondiente. El no pago de las deudas mencionadas en el artículo anterior, o realizado en fecha posterior al 15 de diciembre de 2022, acarreará la cancelación del asiento de presentación del documento, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley N°9428. Para la presentación de la escritura deberá cancelarse la tasa del Registro Nacional conforme al artículo 2, de la Ley de Aranceles del Registro Nacional, N° 4564 del 29 de abril de 1970, así como lo correspondiente a los timbres Fiscal, de Archivo Nacional y de Colegio de Abogados.

——————

Confiemos que en pocos días se producirá la publicación definitiva de esta Resolución Conjunta en el Diario Oficial La Gaceta, a fin de que puedan las sociedades disueltas tramitar su reinscripción.    Un tema que tal vez sería conveniente se incluyera en el documento es lo concerniente a sociedades que no cuentan con libros legalizados y la dación de fe que deben dar los notarios de que los comparecientes en la escritura de cese de disolución, constituyen por lo menos el 51% del capital accionario. Se podría autorizar tal vez que en estos casos se sustituya esa dación de fe de los notarios por declaraciones juradas de los socios comparecientes.   El problema es que no pareciera posible que un requisito que quedó establecido en una norma de rango superior como es la reforma introducida al Transitorio II de la Ley 9428 mediante la Ley 10220 pueda ser reemplazo por otro requisito dispuesto en una resolución de orden administrativo.

En todo caso conviene aprovechar el plazo de 10 días concedido para presentar todas las observaciones y recomendaciones que se consideren convenientes a la resolución conjunta analizada.