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Rematarios obligados a poner al día impuesto de las personas jurídicas de propietarios de bienes rematados

Después de consultar tanto al Registro Inmobiliario como al de Muebles, hemos confirmado que efectivamente está siendo cancelada la presentación de aquellas protocolizaciones de piezas, cuando las sociedades propietarias de los bienes rematados se encuentran morosas con el pago del impuesto a las personas jurídicas.      De manera que en caso de que los rematarios deseen concluir con la inscripción del acto, deberán pagar de su propio bolsillo lo adeudado por este concepto, sumas que al día de hoy podrían ascender a la cantidad de ¢345,700 en caso de que las sociedades deudoras estén catalogadas como activas y adeuden tanto el impuesto del año pasado como el del presente.

Los notarios disconformes con esta situación han argumentado que el acto de protocolización de piezas tiene por objeto una orden de un juez y que no se trata de un negocio comercial.  Por consiguiente, sostienen que la sociedad propietaria de los bienes rematados no interviene directamente y el hecho de que adeude el impuesto a las personas jurídicas no debería ser obstáculo para la inscripción del bien a nombre del rematario.

Por su parte, el Registro deniega la inscripción de estas adjudicaciones con fundamento en varios artículos de la Ley 9024 así como en el Reglamento para la aplicación registral de la Ley Impuesto a las Personas Jurídicas.  Básicamente argumenta que no existen excepciones en la Ley a la sanción registral impuesta a las personas jurídicas morosas con el pago del impuesto.

«El concepto genérico de «contribuyente», como sujeto pasivo de la obligación tributaria,refiere a todas las partes que intervengan o figuren en el acto o contrato inscribible, sean como transmitentes, adquirentes, deudores, acreedores, fiadores, adjudicatarios, rematados etc., no distinguiéndose si la inscripción se genera por documento derivado de un negocio jurídico entre las partes o por orden judicial, como sería el caso, por citar algunos ejemplos,de las ejecutorias de sentencia, la protocolización de remate, judicial o administrativo, o la de un proceso sucesorio, sea que éste se tramite en sede judicial o notarial. No se puede distinguir donde la ley no lo hace y en este caso especialmente, dada la naturaleza tributaria de la misma, en donde el hecho imponible del tributo no previó ningún hecho exonerante, no puede el Registro como ente administrador, fiscalizador y recaudador del tributo – sin violentar el principio de reserva de ley – establecer exenciones no previstas. Desde esta tesitura, aunque esta Instancia entiende los argumentos de la Notaria recurrente, pues la morosidad de la sociedad mercantil demandada no debería perjudicarle la inscripción registral del derecho de la adjudicataria, los mismos no pueden ser de recibo, dada la forma en que está redactada la ley tributaria.   Este Registro ha interpretado que la aplicación de laLey No 9024 sólo resulta excepcionada para los documentos consistentes en medidas cautelares judiciales, verbigracia, embargos, demandas, inmovilizaciones, pues estos setratan por la legislación registral como inscripciones provisionales (art. 468 del Código Civil) que únicamente son objeto de anotación y no de inscripción definitiva.» (Tomado textualmente de la calificación oficial SD-BM-CA-013-2012 del Registro de la Propiedad Mueble)

Pareciera entonces que solamente a través de una reforma legislativa a la Ley 9024 que contemple este tipo de situaciones y establezca la excepción correspondiente, podrá evitarse que los acreedores  de bienes rematados se vean obligados, nada menos, que a poner al día las sociedades deudoras, cuyos bienes han logrado adjudicarse en pago de sus créditos.

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

7 de 8 Comentarios

  1. LIC. VICTOR JULIO CHAVARRIA ROJAS • 19 marzo, 2013

    Comparto totalmente la preocupación de don Mario Rivera. El problema está en los propios orígenes de la Ley en cuestión. Nunca se pensó en todos los aspectos a considerar por una sencilla, pero sencilla razón, se trata de una ley que a lo único que interesa es cobrar, recaudar fondos para el erario público a cualquier precio. Sólo eso. Ya se han estado presentando problemas de varias índoles, pero no con el alcance necesario como para que realmente haya una preocupación. Por el momento, lo importante para el Estado es recaudar la platita y punto.

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  2. Mario A. Rivera Campos • 12 marzo, 2013

    En mi criterio, lo más grave esta por venir, pues la ley 9024, establece como sanción a la sociedad que no pague en 3 periodos consecutivos, entrar en CAUSAL DE DISOLUCION, eso significa que las sociedades con créditos hipotecarios pueden desaparecer SIN HONRAR los créditos? que grave situación, el Acreedor además debería pagar el impuesto de la sociedad para garantizar su eventual cobro, vean la magnitud del problema que se avecina por esta ley

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  3. anbo • 07 marzo, 2013

    De esta perspectiva se deduce que la Ley 9024 es inconstitucional pues lesiona el derecho de varios sectores.

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  4. EJ • 07 marzo, 2013

    Un cliente mio tuvo que pasar por esto, pagando el impuesto de una sociedad a la que se le remató el bien. Esto es un verdadero adefesio jurídico, y estoy segura que si el rematario es también el actor del juicio, si trata de liquidar ese gasto como costa del proceso los jueces lo van a negar. Ahora imaginen si quien adquiere la propiedad no es el actor acreedor sino un tercero que compra en el remate.
    Esto amerita una reforma porque la deuda no es de quien adquiere en remate! Y el acto a inscribir no es un acto «a favor» del moroso con el impuesto como lo indica la ley.
    De hecho el rematario usualmente recibe el bien LIBRE DE GRAVÁMENES, y no debería cargar las deudas de terceros!

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  5. RODOLFO CORRALES • 06 marzo, 2013

    Excelente comentario, pero si tiene razon el Registro, los dos registros, el hecho generador del impuesto, se da y por lo tanto se debe de cancelar el monto correspondiente. Se debe entonces en un proceso revisar si la Sociedad esta o no al dia con los impuestos, y sino lo esta al dia, el acreedor o nuevo dueño cancelar el monto correspondiente ante el registro de marras.

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  6. Juan roscio • 06 marzo, 2013

    No comprendo como una orden judicial puede generar una carga contra quien en principio es la parte actora de un proceso. Es un mamarracho.

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  7. Maritza Gutierrez • 06 marzo, 2013

    Ja, ja .. verdaderamente una paradoja muy grande! Que el acreedor tenga que terminar pagándole a su deudor este impuesto con tal de lograr la inscripción del bien rematado por deudas. Sorprendente que nuestros legisladores no se asesoren bien ANTES de sacar sus normas. Ponen todo «patas arriba».

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