Con el número 10255 aparece hoy publicada en La Gaceta, la Ley que se denomina: Reinscripción de sociedades disueltas.

Según comentamos en otra nota en este mismo blog,  la norma publicada hoy podría generar confusión en relación a otra Ley No. 10220 que la semana pasada reformó el Transitorio IV de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, para permitirle a las sociedades solicitar el cese de su disolución siempre y cuando cancelen el principal adeudado de dicho tributo a más tardar el 15 de diciembre del presente año y tramiten  la correspondiente escritura pública a más tardar el 15 de enero de 2023 en el Registro Nacional.    Si bien ambas normas regulan la posibilidad de «revivir» sociedades disueltas por morosidad en el pago del impuesto a las personas jurídicas, lo cierto es que la norma que aparece hoy en La Gaceta establece dicha posibilidad pero por un plazo mayor de tres años contado a partir de la cancelación de la inscripción registral.  Así lo vemos reflejado en el texto del nuevo artículo  7 bis adicionado a la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, No. 9428:

Artículo 7 bis- Reinscripción por pago de adeudos.  No obstante lo dispuesto en el artículo 7, en un plazo máximo de 3 años, contado a partir de la cancelación de la inscripción, el representante legal de la sociedad, previo pago de todos los montos pendientes, multas, sanciones e intereses podrá solicitar al Registro Nacional la reinscripción de la sociedad. Durante ese plazo se mantendrá la protección de la razón social de la sociedad afectada, de lo que deberá asegurarse el Registro de Personas Jurídicas del Nacional.

Adicionalmente, la Ley 10255 introduce la posibilidad para las sociedades disueltas por vencimiento del plazo de solicitar su reinscripción  mediante la reforma del inciso a) del art. 201 del Código de Comercio, siguiente:

Artículo 201- Las sociedades se disuelven por cualquiera de las siguientes causas: 

a) El vencimiento del plazo señalado en la escritura social. Las sociedades disueltas por esta causal podrán ser reinscritas en el Registro de Personas Jurídicas siempre que ello lo solicite el representante de la sociedad antes de transcurridos tres años después de la disolución, previo pago de todos los montos pendientes, multas, sanciones e intereses por obligaciones por concepto del impuesto regulado en la Ley 9428.

Ahora bien es importante comprender que la norma publicada hoy, deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo antes de poder ser aplicada, y para ello el Poder Ejecutivo cuenta con tres meses.  Por lo tanto no podrá ser aplicada en forma inmediata.

Otra diferencia es que las sociedades que soliciten el cese de su disolución acogiéndose a la norma que entró a regir la semana pasada,  cuentan con una amnistía total en cuanto al pago de intereses y multas acumulados por el no pago del tributo,  la cual no se encuentra contemplada en la norma publicada hoy en el Diario Oficial.   Resulta por lo tanto muy conveniente que las sociedades procuren tramitar el cese de su disolución con base en la norma de la semana pasada,  a más tardar el 15 de enero del próximo año 2023.

En este momento el inconveniente que existe para que las sociedades puedan solicitar el cese de su disolución con base en la reforma al Transitorio IV de la Ley 9428 de la semana pasada es que al no encontrarse en operación el sistema del Ministerio de Hacienda por el ataque cibernético que sufrió,  los registradores a cargo de calificar dichas escrituras públicas no pueden validar si las sociedades se encuentran o no al día en el pago del principal del impuesto a las personas jurídicas.   Al respecto aparece el siguiente comunicado en el sistema del Registro Nacional:

Lamentablemente no es posible en este momento que las sociedades interesadas en lograr su reinscripción puedan tramitarla ante el Registro Nacional.   Esperemos que muy pronto se resuelva el problema informático y de seguridad para que puedan por fin revivir estas

Lo que sí pueden ir avanzando es en la contratación con la Imprenta Nacional del edicto que por Ley debe encontrarse debidamente publicado de previo a la presentación al Diario del Registro,  de la solicitud de cese de disolución.