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Competencia de la juridiscción laboral en procesos contra la CCSS

Mediante voto 008539-21 del pasado 28 de abril, la Sala Constitucional rechazó la acción de inconstitucionalidad que pretendía se declarara la inconstitucionalidad del artículo 430, inciso 4 del Código de Trabajo, así como de la jurisprudencia de la Sala Primera según la cual, es la jurisdicción laboral (y no la contenciosa administrativa) la competente para conocer algunas cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de la legislación de seguridad social y sus reglamentos.

Transcribimos a continuación para su mejor conocimiento el inciso 4) del art. 430 del Código de Trabajo:

“Artículo 430.- Los juzgados de trabajo conocerán en primera instancia de:  (… ) 4) Las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de la legislación de seguridad social y sus reglamentos, así como las relacionadas con las cotizaciones al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y las cotizaciones establecidas en la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000.»

Algunos alegatos del accionante fueron los siguientes:

«Manifiesta  (el accionante)  que, con sustento en esas disposiciones, el Tribunal  Contencioso Administrativo declina su competencia cuando se trata de actos administrativos emitidos por la Caja Costarricense de Seguro Social, referentes a inspecciones realizadas por sus funcionarios, a fijación de cuotas obrero patronales, a determinación de adeudos, entre otros. Manifiesta que, todo lo anterior, pese a que, con anterioridad, la Sala Constitucional, en la sentencia No. 2010-17900, declaró la inconstitucionalidad del artículo 402, inciso d), del Código de Trabajo, cuyo contenido era similar al cuestionado en esta ocasión. Señala que esta materia es contenciosa y no laboral, de acuerdo con lo expuesto por la Sala Constitucional en la sentencia supra referida. Manifiesta que la pauta jurisprudencial de la Sala Primera que impugna en esta oportunidad, ha sido plasmada en numerosos votos, entre esos, los Nos. 804-C-S1-2013, 469-C-S1-2014, 1408-C-S1-2015, 1413-C-S1-2015, 1421-C-S1-2015, 1420-C-S1-2015. Argumenta que, en los procesos jurisdiccionales que sirven de asunto base de esta acción, se discute la legalidad de sendas actuaciones administrativas de la Caja Costarricense de Seguro Social, relativa al cobro de las cuotas-obrero patronales, considerando que se trata de una competencia que, con arreglo a los artículos 11 y 49 de la Constitución Política, debe ser conocida por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y no en la sede laboral, dada la necesidad de contar con jueces especializados en la materia, tal y como lo determinó la Sala Constitucional en la sentencia supra mencionada.
Considera que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es la única competente para controlar la legalidad de la función administrativa. Estima que la situación cuestionada en esta ocasión, vulnera el principio de supremacía de la Constitución, así como el derecho protegido en el artículo 33 constitucional, en que se proclama el principio de igualdad, al prever distintas vías jurisdiccionales para la salvaguardia de la función administrativa. Aduce que no puede un juez laboral, conocer la legalidad de los actos administrativos derivados de la aplicación de la Ley del Seguro Social, sin menoscabar la garantía prevista en el artículo 49 de la Constitución Política y por ello pide que se declare con lugar la acción, así como que se decrete la inconstitucionalidad de la normativa impugnada.»

Transcribimos del voto constitucional lo siguiente:

“…Sobre el particular, el artículo 430 inciso 4) del Código de Trabajo, no resulta contrario al Derecho de la Constitución, no porque sea plausible una interpretación conforme como dice la Procuraduría, sino porque, claramente, la redacción actual no hace una remisión total y absoluta a los juzgados de trabajo de las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de la legislación de seguridad social y sus reglamentos, ello, precisamente, por la eliminación de la palabra “todas” que contenía el artículo predecesor. Así, es evidente que la redacción actual de la norma permite al administrador de justicia aplicar la norma con especial atención a la pretensión de las partes y al régimen jurídico aplicable. Desde esta perspectiva, al analizar el caso concreto, el Juez deberá tomar en cuenta los parámetros ya indicados en cuanto a la valoración del contenido material de las pretensiones de las partes y el régimen jurídico que se deberá aplicar, y así definir de manera fundada, la jurisdicción competente para su conocimiento. Bajo esta perspectiva, no se está ante alguna vulneración del artículo 49 constitucional, pues criterios técnicos y objetivos del administrador de justicia, son los que delimitan el campo de acción de la jurisdicción contencioso administrativa, evitándose con ello que sea saturada con asuntos que no son de su competencia, y tutelándose así -con mayor intensidad- el principio constitucional que establece para esa jurisdicción el . Igualmente, tampoco se lesiona el principio de igualdad contenido en el artículo 33 de la Constitución Política en los mismos términos señalados en la parte final del sétimo considerando de esta sentencia, porque tanto la jurisdicción contencioso administrativa como la laboral, conocerán única y exclusivamente de los asuntos propios de su competencia, con lo cual se le garantiza a las partes involucradas que asuntos iguales serán conocidos en jurisdicciones iguales, de modo que no se les someterá a llevar litigios en jurisdicciones incompetentes para su conocimiento y resolución…”

Con mucho gusto podemos hacerle llegar el texto completo del voto en comentario a los estimados suscriptores que nos lo soliciten al correo legal@masterlex.com

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

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