POWERED BYmaster lex

Presentan proyecto de ley para eliminar aranceles de colegios profesionales

Se publicó hace pocos días en La Gaceta el proyecto de Ley No. 20.025 denominado: Ley de protección al usuario contra fijaciones arbitrarias de tarifas de servicios por parte de Colegios Profesionales.    Se encuentra actualmente en estudio y discusión de la Comisión de Asuntos Económicos en la Asamblea Legislativa.

Si desea ver su texto completo descárguelo haciendo clic a continuación:  VER PROYECTO 20.025

De la exposición de motivos del proyecto, nos permitimos transcribir lo siguiente:

«Los colegios profesionales son considerados, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, como entidades públicas que representan los intereses profesionales o económicos y, por tanto, la ley les dota de la potestad de defender los intereses de sus miembros.  (…) 

Precisamente en relación con la fijación de tarifas, la Procuraduría General de la República defendió, en su momento, la tesis de que los Colegios Profesionales no tenían dicha potestad, pues con ello lesionaban la libre competencia entre los profesionales.  En ese sentido, el Dictamen de la Procuraduría General de la República C-188-98 de 4 de septiembre de 1998, concluye que la fijación de tarifas de honorarios profesionales contradice el objeto mismo de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N.° 7472, de 20 de diciembre de 1994.   (…) 

A pesar de la claridad meridiana con la que la Procuraduría explica este caso en el Dictamen C-188-98 de 4 de setiembre de 1998 y de que consideró que el artículo 5 de la Ley N.° 7472 había derogado tácitamente las disposiciones legales y reglamentarias que autorizaban a los colegios profesionales a establecer las tarifas por servicios profesionales así como la norma que autorizaba al Poder Ejecutivo para establecer por vía de Decreto Ejecutivo las tarifas de honorarios profesionales, la Sala Constitucional no siguió dicho criterio, al validar la facultad que ostentan los colegios para fijar tarifas mínimas por concepto de honorarios profesionales por los servicios que briden sus afiliados.   Acerca de la justificación de esta facultad de los Colegios Profesionales, la Sala Constitucional en la resolución N.° 4637-1999 de las 15:42 horas de 16 de junio de 1999, indicó que:  (…) «VII.- El arancel de honorarios de abogados que el Colegio propone al poder Ejecutivo y que éste promulga por vía decreto, tiene el propósito de establecer criterios que los agremiados deben tener en cuenta al momento de pactar la prestación de sus servicios. En algunos casos se fijan reglas porcentuales, mientras que en otros sólo se señala sumas mínimas. Sin perjuicio del acuerdo que pueda mediar entre las partes para determinar sumas mayores (en particular mediante el llamado contrato de cuota litis, y sólo por este mecanismo), lo cierto es que en cualquiera de estos supuestos, la fijación opera como un mínimo o “piso” que el profesional no está autorizado a reducir, con el propósito de evitar una competencia desleal y ruinosa, que a la postre pueda perjudicar no sólo la calidad del servicio que el cliente tiene derecho a exigir, sino también el decoro y la dignidad profesional. En efecto, no se puede esperar que la sociedad reciba servicios de la índole y relevancia de los que prestan los profesionales, si a la vez no se crean las condiciones para que éstos puedan desempeñar sus ministerios en circunstancias dignas. Desde esta óptica, la fijación de aranceles guarda paralelo con la de los salarios mínimos, que entre otros propósitos persigue asegurar que el trabajo no se vea degradado a la condición de simple mercancía.»

TARIFARIO MÉDICO

«Bajo la potestad de autoregulación que la Sala Constitucional le reconoce a los Colegios Profesionales, el Colegio de Médicos y Cirujanos acordó, en sesión ordinaria 2011-06-22, de 22 de junio de 2011, la creación de un tarifario de procedimientos médico-quirúrgicos que contiene los montos mínimos de los honorarios de los médicos debidamente incorporados y habilitados por esa corporación profesional.

Luego de varios años de trabajar en el mencionado tarifario, la Asamblea General del Colegio de Médicos y Cirujanos lo aprobó en sesión ordinaria 2016- 02-03, celebrada el 3 de febrero de 2016 y fue publicado en el diario La Gaceta N.° 83, de 2 de mayo de ese mismo año .   (…) Sin embargo, como se observa en el tarifario, los montos aprobados se alejan de la realidad económica del país, máxime que, como se desprende del artículo 3 del decreto, solo se incluyen los honorarios de los médicos y no los gastos por concepto de hospitalización, insumos, medicamentos y otros, todo lo cual sumado alcanzaría cifras estratosféricas para los pacientes, convirtiendo los servicios médicos privados en algo prohibitivo para muchas personas de clase media y media-alta.

 Así las cosas, retomando lo que había señalado la Sala Constitucional en el supracitado voto N.° 4637-1999, las tarifas mínimas, en este caso que nos ocupa, no se convierten en un marco de referencia para el usuario, de forma que le permita conocer de antemano el valor de los servicios que requiere y evite circunstancias en las que pueda ser víctima de abusos. Lo que la Sala no contempla es que dichos abusos vienen precisamente del lado del prestatario del servicio -los médicos- toda vez que actúan como una estructura que fija precios hacia arriba, innegociables e inmodificables, so pena de ser sancionado por el colegio profesional y en claro perjuicio para la parte más débil de la relación, es decir, los usuarios, quienes se encontrarían imposibilitados para aprovechar las ventajas de la competencia, de la contrastación de precios entre diferentes oferentes, para obtener una tarifa que resulte más beneficiosa para sus bolsillos.

De esta forma, la jurisprudencia constitucional, en lugar de proteger al usuario permitiéndole elegir la opción que más se adapte a sus intereses y a su realidad económica, termina protegiendo a un grupo selecto de profesionales que fija tarifas a su conveniencia y, al parecer, sin ningún sustento técnico, pues tal como lo afirmó el presidente ejecutivo del INS ante los diputados miembros de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público, el Colegio de Médicos no ha aportado, a la fecha, una explicación de la metodología utilizada para dar con los montos fijados en el tarifario.

En virtud de lo anterior, resulta evidente que la potestad de fijar tarifas por parte de los colegios profesionales, redunda en un perjuicio hacia los ciudadanos, que recurren a sus servicios porque, en muchos casos, el Estado es incapaz de proporcionárselos adecuadamente, con altos estándares de calidad y en el momento que los requieren.

Como bien apuntara la Procuradora María Lourdes Echandi, en el citado Dictamen C-188-98, si se quiere proteger al consumidor no es necesario imponer tarifas mínimas que impidan el cobro de montos menores por determinados  procedimientos -que en última instancia beneficiarían al propio usuario de los servicios- sino más bien darle la posibilidad de escoger entre distintas alternativas, según sus criterios, sus intereses, su realidad económica y la información de que disponga, situación que solo se logra con la promoción de la actividad competitiva de los agentes económicos.

Es por ello que este proyecto de ley tiene como objetivo eliminar expresamente la potestad de los colegios profesionales para fijar tarifas mínimas, dejando que el monto a pagar sea determinado por la competencia entre los distintos oferentes y la disponibilidad de los demandantes de pagarlo.»  (Hasta aquí transcripción tomada en lo conducente de la exposición de motivos del Proyecto de Ley 20.025)

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

3 de 3 Comentarios

  1. Mariano • 20 septiembre, 2016

    Ok, vamos a hacer el test de razonabilidad, a simple vista no lo supera, lo que debe me parece es existir un ente estatal que regule a los Colegios profesionales, Sala Constitucional, voto: 7123-98 “El desempeño de profesiones tituladas es una modalidad de ejercicio del derecho al trabajo, que es un derecho fundamental”
    artículo 8 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador:
    Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo fijado periódicamente con intervención del Estado y de los trabajadores y empleadores, suficiente para cubrir las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y de cada labor, al costo de la vida, a la aptitud relativa de los trabajadores y a los sistemas de remuneración de las empresas.
    Igualmente se señalará un salario mínimo profesional en aquellas actividades en que el mismo no estuviere regulado por un contrato o convención colectivo.

    Responder
  2. Miguel Angel Santamaria • 06 septiembre, 2016

    Con este proyecto para que van a servir las reformas que estan planteadas del Código Notarial sobre cobro electronico si cada quien va a cobrar lo que mejor se le ocurra por los trabajos para de esta manera poder competir con los grnades consorcios notariales.

    Responder
  3. Lic. Marcelo Vega Acuña • 06 septiembre, 2016

    Este proyecto de ley # 20.025, tiene como objetivo eliminar expresamente la potestad de los colegios profesionales para fijar tarifas mínimas, dejando que el monto a pagar sea determinado por la competencia entre los distintos oferentes y la disponibilidad de los demandantes de pagarlo.

    Así, entre otras, se adicionan con dos párrafos, el artículo 10, a saber:

    ARTICULO 10. PROHIBICIONES GENERALES:
    1- Se prohíbe y debe sancionarse, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, la fijación de tarifas.
    2- Los colegios profesionales podrán establecer tablas con tarifas recomendadas, que servirán como referencia para los usuarios de los servicios de sus agremiados, pero de ningún modo se establecerán como montos de acatamiento obligatorio para los afiliados.

    La misma Contraloría, que está en contra de la fijación de tarifas, reconoce que “lo cierto es que en cualquiera de estos supuestos, la fijación opera como un mínimo o “piso” que el profesional no está autorizado a reducir, con el propósito de evitar una competencia desleal y ruinosa, que a la postre pueda perjudicar no sólo la calidad del servicio que el cliente tiene derecho a exigir, sino también el decoro y la dignidad profesional”.

    Y si así, como estamos actualmente, se da y en cantidad la competencia desleal, ahora con la adición de estos dos párrafos al artículo 10, de la Ley 7472, de 20 de diciembre de 1994 y sus reformas, esto se va a convertir, ya no en una profesión sino en una guerra, en ver cuál colega cobra más barato que el otro.

    Se han olvidado los señores diputados, promoventes de esta reforma, (en mi caso muy particular, pues no puedo hablar por los demás colegas), que yo me hice Abogado y Notario, para cobrar lo que la Ley dice y no para convertir mi Oficina en una Oficina “de promociones”, y mucho menos, que vayan a ser los propios clientes, quienes me digan cuánto les debo cobrar.

    Sinceramente no sé a dónde iremos a ir. Gracias a Dios, ya yo casi voy saliendo, pero ¿qué va a pasar con los Abogados y Notarios que están empezando?

    Un saludo cordial, a todos mis colegas.

    Responder

Dejar un comentario
PAUTAS PARA PARTICIPAR EN ESTE BLOG

*