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Admiten segunda acción esta vez contra toda la Ley de Impuesto a las personas jurídicas

» Acción admitida la semana pasada impugna la integridad de la Ley 9024 y su reglamento

En agosto del año pasado informamos sobre la existencia de la acción de inconstitucionalidad número 12-008295-0007-CO  establecida contra los artículos 10 y 11 de  la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas No. 9024.   Hasta ahora, había sido, entre muchas acciones y recursos de amparo, la única en ser admitida para estudio de fondo.      Consultamos esta mañana a la Sala Constitucional y sigue pendiente su resolución.

Si desea conocer más en detalle lo relacionado con dicha acción publicada en el Boletín Judicial 183 del 21 de setiembre del año pasado, puede revisar nuestro comentario SALA IV RESOLVERA ACCION CONTRA LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS JURIDICAS

La semana pasada se dio curso a una segunda acción de inconstitucionalidad, tramitada bajo el número de expediente 12-016277-0007-CO, esta vez contra la totalidad de la Ley 9024 así como contra el Reglamento para la aplicación de la Ley del Impuesto a las personas jurídicas emitido por el Junta Administrativa del Registro Nacional.

Agradecemos al Lic. Edgardo Campos Espinoza, promovente de la acción tanto en su condición personal como de representante de una sociedad, el que nos hiciera llegar copia de la resolución de las 14:38 hrs del 15 de febrero del año en curso.   Para conocer su texto completo puede descargarlo a continuación:   DESCARGAR TEXTO RESOLUCION

Nos señala don Edgardo que se encuentra pendiente la resolución de una solicitud de adición y aclaración que presentó a fin de que la Sala IV se manifieste en cuanto a si con la admisión de esta acción deberían suspenderse tanto el cobro del impuesto como sus sanciones derivadas.    En caso de confirmarse esta suspensión lo comunicaremos de inmediato.

Brevemente nos permitimos transcribir, con autorización del Lic. Campos, algunos de los argumentos en los fundamentó su recurso:

1) La denominación de tributo utilizada en la Ley 9024 caracterizándolo como «impuesto» y no como una «tasa»  violenta el principio de seguridad jurídica, por cuanto, una y otro tienen naturaleza distinta.   Para don Edgardo, hasta ahora la Sala Constitucional no se ha manifestado sobre la naturaleza real de este tributo, imprecisión que afecta también el principio de capacidad económica.

2)  Durante la tramitación del proyecto de Ley se produjeron vicios sustanciales de procedimiento y se violentaron varios principios, entre ellos, el democrático, el de publicidad e igualdad, el de enmienda.  Se señala que de una comparación entre los tres textos (el remitido por el Poder Ejecutivo y los dos textos sustitutivos emitidos por la Comisión de Asuntos Hacendarios) se constata que hubo abuso del derecho de enmienda pues no solamente existen diferencias profundas entre el texto publicado y el finalmente aprobado, sino que se agregaron como cuatro transitorios nuevos.  La diferencia entre el proyecto aprobado y el originalmente presentado, afecta su objeto y viola la necesaria conexidad entre el derecho de iniciativa y el de enmienda.

3) El proyecto de ley debió consultarse a las Municipalidades al introducirse el transitorio V, que exoneró por un plazo de seis meses los traspasos de inmuebles y muebles de bienes inscritos a nombre de sociedades inactivas en los últimos veinticuatro meses.   Esta omisión de consulta violentó los artículos 190, inciso 13) , 121 inciso 13) , 170 y 189 de la Constitución Política

4) La prescindencia absoluta de la Ley del principio de capacidad contributiva impide determinar si la alícuota establecida es mínima o excesiva.   La previsibilidad de prueba en contrario de la capacidad económica es un requisito de constitucionalidad, especialmente cuando se requiere encasillar a los contribuyentes bajo un único modelo definitorio como el pretendido en la Ley 9024 y su reglamento.

5)  Ley establece un número excesivo de sanciones ante la falta de pago, lo que hace que el sistema sancionatorio sea irrazonable y desproporcionado.

6) La responsabilidad solidaria de los representantes en el pago del impuesto viola el debido proceso, el principio de legalidad, el de defensa, proporcionalidad, racionalidad y el de propiedad privada.

Con esta segunda acción surge con mayor fuerza la posibilidad de que la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas sea declarada inconstitucional. Lo cual será lógicamente muy celebrado por gran cantidad de sociedades que adeudan tanto el período 2012 como el del presente año, importe que en el caso de las sociedades activas significa un pago de más de 345,000 colones.

Estaremos al pendiente de los fallos respectivos de la Sala Constitucional para informarles tan pronto se produzcan.

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

7 de 21 Comentarios

  1. olger alejandro brenes brenes • 27 febrero, 2013

    Me parece que debe revisarse la ley, maxime que no es deducible de la renta, y el pago de este impuesto surge de las ganancias de la misma, el cual seria como arrebatar del bolsillo.

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  2. Danilo Loaiza Bolandi • 27 febrero, 2013

    Algo de lo mas reprochable es que el mandatario (Presidente, etc) de las personas jurídicas, de la noche a la mañana, se les considere solidariamente como sujetos pasivos del tributo y, de la noche a la mañana, ver su patrimonio comprometido por la sencilla razón de ejercer un mandato, mandato que incluso muchas veces han asumido sin retribución alguna.

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  3. Jose Juan Sanchez Ch • 27 febrero, 2013

    El art. 25 de la Carta Magna dice que hay un derecho a asociarse para fines pacíficos, el cual invluye ejercitar el derecho a incorporarse bajo las figuras mercantiles del Codigo de Comercio, pero que la Ley 9024 restringe al cobrar 50% del Salario Base como impuesto por ejercitar ese derecho, suma que puede ser de dimensión inibitoria y/o represoria en un grupo de socios constituyentes que no tienen la capacidad economica para pagarla, pero si la necesidad legitima de asociarse para beneficiarse de los privilegios y condiciones que otorga el Code Co a los comerciantes. Igual efecto tiene la Ley sobre incorporaciones existentes que no califican como PIMES pero tienen justificacion y necesidad de actuar atraves de un vehiculo juridico mercantil (SA, LTDA…) pero no estan en capacidad de pago del impuesto. Ejemplo el caso del nucleo familiar que tiene su unidad habitacional en una sociedad por razones de protección contra acciones abusivas de derecho y plneamiento patrimonial.

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  4. Adrián Montero • 27 febrero, 2013

    Si fuera declarada inconstitucional, que pasará con los que pagaron? Será que nos van a decir, SALADOS, por actuar de buena fe y por necesidad de llevar a cabo trámites tuvimos que pagar y ahora por majes no se les devuelve?

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  5. Jorge Nieto • 27 febrero, 2013

    Lo que no me explico es cómo haría el Registro para reintegrar todo lo que las sociedades que sí están al día han pagado de este impuesto …. en caso de declararse la inconstitucionalidad de la Ley???

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  6. JUAN GREGORIO ROSCIO • 27 febrero, 2013

    Una muestra más de torpeza, de ligereza de quienes deberían ser nuestros líderes. No alcanza con tener postgrados o doctorados para sancionar leyes; el requisito que no cumplen es el de sentido común. Que lástima.

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  7. michelle garcia • 26 febrero, 2013

    Bueno me parece, voy a leer los anexos muchas gracias, sobre todo que lo recaudado no se esta usan do para el fin, para la seguridad ciudadana, porque hacienda no hace la entrega de los fondos a tiempo.

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