¿Podrán utilizarse poderes especiales para cumplir con el RTBF este 2024?

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Con la entrada en vigencia el pasado viernes 8 de marzo de un nuevo Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, Decreto Ejecutivo 44390-H, ha surgido esta gran inquietud para muchas sociedades que en los cinco años de existir esta obligación han acudido siempre a apoderados especiales para la presentación de sus declaraciones.

En abril del 2019 cuando se publicó la primera Resolución Conjunta de Alcance General para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales  DGT-ICD-R-14-2019 muchos respiraron tranquilos al comprobar que se contemplaba la posibilidad de utilizar poderes especiales  Se mencionó en aquel momento el caso de sociedades cuyos representantes legales eran extranjeros  o adultos mayores o personas con alguna discapacidad a las que se les imposibilitaba o dificultaba el poder obtener y manejar certificados de firma digital,  indispensable para la utilización de la plataforma Central Directo.   ( Así lo comentamos en la nota que publicamos en aquel momento en este blog.)

Pero leemos ahora en el artículo 5 de este nuevo Reglamento que expresamente se establece que:  «En casos excepcionales, debidamente justificados podrá el representante legal o similar otorgar un poder generalísimo para la presentación de la declaración ante el RTBF. Mediante Resolución Conjunta de Alcance General indicada en el artículo 15 del presente Reglamento, se establecerá el procedimiento y las condiciones para registrar a un apoderado.»

Muchos se están preguntando si esta nueva disposición aplicará de una vez para las declaraciones de este 2024 o si lo será hasta abril del próximo 2025.  Se preguntan además qué casos serán considerados como «excepcionales» y si deberán justificarse ante alguna Autoridad.

Algunos colegas nos han comentado que consideran que la posibilidad de otorgar poderes especiales se encuentra contemplada en la Resolución Conjunta de Alcance General DGT-ICD-R-06-2020 la cual mantiene su vigencia de acuerdo con el Transitorio I de este nuevo Reglamento que transcribimos a continuación:

«Transitorio I.   Una vez vigente el presente reglamento, la Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas en un plazo máximo de seis meses, realizarán los ajustes pertinentes a la Resolución Conjunta de Alcance General, dispuesta en el artículo 15 de este Reglamento, manteniéndose vigente la Resolución Conjunta de Alcance General DGT-ICD-R-06-2020 .. publicada a las 08:05 horas del 20 de marzo del 2020 en lo que no contradiga lo establecido en el presente reglamento.»   (El subrayado no es del original)

Vemos entonces que si bien se concede un plazo de seis meses a la DGT y al ICD para que realicen los ajustes pertinentes a la Resolución Conjunta de Alcance General, manteniéndose efectivamente vigente la  Resolución Conjunta de Alcance General DGT-ICD-R-06-2020, se advierte expresamente que esa vigencia lo será pero únicamente en TODO LO QUE NO CONTRADIGA LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO.

Es esta última frase la que podría significar que siendo que este nuevo Reglamento contempla exclusivamente la posibilidad de acudir a apoderados generalísimos para cumplir con el RTBF, deba tenerse por tácitamente derogada la alternativa de los apoderados especiales contemplada en la mencionada Resolución DGT-ICD-R-06-2020.

Ahora bien, podríamos preguntarnos si es válida desde un punto de vista legal esta prohibición de utilizar poderes especiales,  prerrogativa contemplada en el artículo 1256 del Código Civil.   ¿Podrá verdaderamente constreñirse a través de un decreto ejecutivo (norma de rango inferior) que el único tipo de mandato para cumplir con el RTBF sean los poderes generalísimos?

Sabemos que desde un punto de vista informático, la plataforma Central Directo podría impedir el próximo mes de abril,  la acreditación de poderes especiales, dejando únicamente habilitada la opción de poderes generalísimos para la presentación de las Declaraciones Ordinarias del RTBF 2024.   Intentamos obtener una respuesta de parte de los funcionarios del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales en cuanto a si la plataforma estaría siendo programada en ese sentido pero no hemos obtenido aún una respuesta.

Entre más rápido se cuente con dicha aclaración, mejor pues si fuera efectivamente necesaria la sustitución de los poderes especiales por poderes generalísimos, tratándose por ejemplo de representantes legales que se encuentran actualmente en el extranjero,   podrían tener que  recurrir a cónsules costarricenses para el otorgamiento de las respectivas escrituras públicas,  aparte del costo que conlleva tanto en timbres como en honorarios,  la inscripción ante el Registro de Personas Jurídicas de dichos mandatos generalísimos.

Seguiremos insistiendo para lograr una  respuesta a este respecto la cual les comunicaremos por este medio tan pronto la consigamos.

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Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

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