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Poderes especiales y Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales

Mucha polémica ha generado el comunicado CD-008-2022 de Central Directo que fuera enviado por correo electrónico a los representantes legales, notarios públicos, fiduciarios, y en general a todos los obligados a cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, al establecer que aquellas autorizaciones que hubieren sido otorgadas a través de poderes especiales registrados antes del 01 de abril 2022 y que ya hubieren sido utilizadas, quedarían deshabilitadas en esa misma fecha. 

Según se indica en el Comunicado, el fundamento legal para esta disposición lo encontramos en el artículo 1256 del Código Civil siguiente:

ARTÍCULO 1256. – El poder especial para determinado acto jurídico judicial y extrajudicial, solo facultará al mandatario para los actos especificados en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de ejecutar.”

Al respecto agradecemos mucho al colega Casimiro Vargas la opinión valiosa que nos compartió y que transcribimos a continuación para el mejor conocimiento de todos los que han estado comentado en relación a la nota que publicamos hace unos días en este mismo blog:

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«Es interesante, pero el mismo artículo 1256 en el que el Comunicado basa la interpretación responde afirmativamente que sí se puede otorgar un sólo poder especial para múltiples actos.  Obsérvese que la norma empieza hablando de un poder especial, pues habla en singular, pero luego dice: “sólo faculta al mandatario para el acto o actos especificados en el mandato …”.  Claramente dice: “o actos especificados en el mandato”.  Es decir que la norma prevé que un poder especial puede ser otorgado para varios actos.

Por otro lado, el argumento de que el Poder Especial se agota con la primera actuación no es algo que esté dispuesto en la ley. Hay una cierta lógica en el sentido de que una vez cumplido el encargo, el poder queda sin efecto porque fue otorgado para ese encargo específico. Esto es de lógica, no de ley.  Pero hay casos en los que el cumplir con el mandato impone varias actuaciones y no es sino la última, la que completa el encargo y en consecuencia la que por lógica agota el poder. Las anteriores actuaciones no lo agotan. Piénsese por ejemplo en un poder para ir a comprar un vehículo. Se negocia la compra, se firma opción de compra, se coordina el pago y finalmente se otorga el traspaso. Todo eso y más puede estar incluido en el encargo y expresado claramente en el poder. Puede ser que incluso haya luego que adicionar la escritura. Si un solo poder especial faculta para todo eso por incluirlo expresamente en su texto, no podemos decir que al firmar la opción de compra se agotara el poder, pues el encargo objeto del mandato no se cumplió por ejemplo con la firma de la opción de compra. Así que ese argumento de agotarse el poder con la primera actuación es válido por simple lógica, pero no en todas las actuaciones y no como norma general de todos los mandatos.

Además de lo anterior, quienes interpretan esa norma parece que no toman en cuenta la diferencia entre normas dispositivas e imperativas. Esa norma está dispuesta en la ley en beneficio de las partes en el mandato (poderdante y apoderado); no en beneficio de terceros, pues el renunciar a dicha norma sólo podría beneficiar al tercero contratante con el apoderado y no perjudicarle. Y como lo indica el artículo 18 del Código Civil: “La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público no perjudiquen a terceros.”

De hecho, la doctrina moderna sobre poderes tiende ahora más bien a la libertad de formas (como por ejemplo lo promulgó el nuevo Código Civil Argentino) y no tanto a atenerse a formalidades como la clasificación de los poderes en generalísimos, generales, especiales, etc. (Tema amplio que podríamos discutir más adelante). Lo menciono sólo para hacer ver la tendencia moderna de que las partes en el mandato deberían ser libres de pactar los términos de éste conforme convenga a sus mejores intereses, con tal que lo hagan libre y claramente y sin perjudicar a terceros. No estamos en una economía centralizada dirigida por el Estado, sino en una economía donde son los empresarios quienes conocen mejor las necesidades de la empresa y los negocios.

Así que, a nuestro juicio, la interpretación del Banco Central en este tema de los poderes especiales pareciera estar equivocada. Y lo grave es el perjuicio que eso podría causar a muchas personas, pues es sabido que muchos accionistas y directivos de sociedades residen fuera de Costa Rica y ellos, durante los meses anteriores al primero de abril, mientras estuvieron en Costa Rica, habrían dejado todo listo para cumplir con el reporte. Ahora, con tan sólo un día antes de iniciar el plazo para cumplir, les cambian las reglas del juego y los dejan en muchos casos sin poder hacerlo dentro de los términos de ley.  Cambios como esos deberían implementarse con suficiente anticipación y no pensando solamente en las personas que sólo tienen una sociedad y que residen en Costa Rica.

Obtuvo su grado de licenciatura en Derecho en el año 1985 y se incorporó al Colegio de Abogados de Costa Rica en noviembre de ese mismo año. Desde entonces ejerce el derecho en la Zona Sur de Costa Rica como su base operacional, aunque brinda sus servicios en múltiples lugares a nivel nacional. Cuenta pues con más de 34 años de experiencia en el ejercicio de su profesión tanto a nivel nacional como internacional. Fundador y socio del Bufete CVFIRM Abogados ubicado en San Isidro de El General, el cual es actualmente una firma legal orientada a, y altamente especializada en el mercado de Bienes Raíces, Derecho Corporativo, Debida Diligencia y Anti-Lavado de Dinero. Socio Fundador de la empresa E&T ESCROW & TRUST SOLUTIONS S. R. L, empresa pionera a nivel nacional en brindar servicios de “Escrow” y fideicomisos, entre otros, desde el año 1996. Es además socio fundador de las empresas ACCOUNTING & FINANCE CONSULTING PROVIDERS S. R. L. y CR PROJECT CONTROLLERS S. R. L., dedicadas a brindar servicios de contabilidad y auditoría a inversionistas de alto perfil. "

11 de 17 Comentarios

  1. PLENITUD NOTARIAL • 23 abril, 2022

    En nuestro sistema, el notario es antes abogado que notario, es decir, es profesional en derecho; debe saber que el poder especial bajo el marco legal vigente solo autoriza actos específicos puntualizados, no es ni perpetuo ni extensivo a nada mas. Claro que sí, un solo poder especial puede servir para muchos actos, eso sí, todos y cada uno por separado deben estar puntualizados y especificados, pero sigue siendo efímero, esto es, muere y se extingue en el tanto el apoderado vaya ejecutando cada acto especificado, y reitero, no se extiende a nada que sea consecuencia o derivado del acto especificado por el poderdante; por ejemplo, si es para firmar escritura de compra-venta, no podría firmar una adicional o una hipoteca. Cuidado con el poder especial administrativo del que algunos han comentado; la norma de la LGAP no puede leerse en forma aislada, sino en el contexto en el que se encuentra en la Ley 6227; este poder es para gesionar y tramitar expedientes de procesos administrativos, no para actos específicos reservados al poder especial común, es decir, el poder especial administrativo equivale al poder especial judicial para expedientes judiciales. Estimo bien hecha la determinación del BCCR, es puro principio de legalidad; peor aún, por la naturaleza jurídica de la función pública notarial, sin lugar a dudar le tocará al BCCR remitir a la DNN y/o al Juzgado Notarial todos los casos de los poderes especiales autorizado por notarios, que no se ajustan al principio de legalidad, es decir, que se les denomina poderes especiales pero a la verdad son redactados y se ejecutan y funcionan como generales o generalísimo sin inscribir.

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  2. E Jiménez • 21 abril, 2022

    Bueno, yo coincido con la interpretación de don Casimiro, pero en este país lo que sobran son interpretaciones, y me preocupa que luego venga el BCCR o Hacienda a salir con Denuncias a la DNN sobre el tema y esta entidad salga con un domingo siete, al final para sancionarnos son los primeros y nunca aclaran una posición o criterio para ayudar a la labor notarial.
    Sería importante saber si algún especialista notarial o algún estimado catedrático del área de Derecho Civil ha dado algún criterio, porque dudo que haciendo la consulta a la DNN se dignen a respondernos. A mi juicio si el poder incluye la potestad de presentar durante un plazo x las declaraciones ordinarias, extraordinarias y rectificativas que se requieran, o incluso de manera indefinida hasta la revocación expresa del poder, se puede volver a subir el poder u es perfectamente válido. Ojalá no me equivoque porque confiando en eso voy a subir de nuevo los de mis clientes.
    La otra duda que tengo, ya que me planteó esa posibilidad un colega y me dejó pensando, es sobre el famoso poder especial administrativo regulado en la LGAP art 283, y lo innecesario de hacer un poder en una escritura pública para un trámite como el que nos ocupa.
    Dice la norma «Artículo 283.-El poder del administrado podrá constituirse por los medios del derecho común y, además, por simple carta autenticada por un abogado, que podrá ser el mismo apoderado, o por la autoridad de policía del lugar de otorgamiento.»
    Este colega me decía, al final la declaración es un trámite administrativo o un procedimiento ante la administración, y que no entiende por qué razón el BCCR y Hacienda piden un poder en escritura pública para ese trámite si perfectamente podría otorgarse en papel notarial y autenticado por notario amparados a dicha norma.
    De esa norma en particular me preocupa que es propia del procedimiento administrativo, y cabe preguntarse si es aplicable a lo que considero. un trámite más que un procedimiento como lo es el Registro de Accionistas.
    Igualmente, el poder especial del 1256 solo requiere ser en escritura pública para cuando tiene efectos registrales, pero esa normas se dispuso para efectos del Registro Público, en esa época no se pensaba en la existencia de un registro de accionistas. Desafortunadamente si consideramos que se trata de un registro de accionistas, se podría pensar que entonces sí requiere escritura, aunque no fuera ese el Registro que tenía el legislador en mente en aquel momento.

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  3. . Maribell R • 16 abril, 2022

    Buenas tardes. bendiciones, Siempre tengo la duda de si en el otorgamiento de testamentos abiertos ( si es lo mismo cobrar lo mismo por un testamento que dejen una propiedad o se cobra diferente si son de 15 o 20 derechos o propiedades) , y varios vehículos, y otros bienes. gracias.

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    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 17 abril, 2022

      De acuerdo con el Arancel de Honorarios vigente, el monto a cobrar de honorarios por testamento, sea cerrado o abierto, y sin importar la cantidad de bienes que el testador incluya dentro del acervo hereditario, es la suma mínima de ciento veintiún mil colones. El notario podría pactar una suma mayor pero tendría que constar por escrito la aceptación del testador. Para fundamentar el mayor cobro de honorarios se podría invocar lo dispuesto en el numeral 71 del Arancel:

      Artículo 71.- Actos o contratos complejos.
      Los actos o contratos complejos generarán recargo del cincuenta por ciento (50%) adicional de la tarifa respectiva, pero en este caso deberá constar convenio escrito.

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  4. PLENITUD NOTARIAL • 16 abril, 2022

    Una y otra vez los notarios olvidan que, como delegatarios del Estado de la función pública notarial, el quehacer notarial se rige por el principio de legalidad, o sea, solo pueden hacer y autorizar lo que legalmente les está autorizado; entre tanto, el poder especial está claramente delimitado y circunscrito a la norma 1256 del Código Civil que no deja lugar a dudas sobre la exigencia de especificidad de actos, y no da cabidad para que se extienda a absolutamente nada más (seguridad jurídica). Para amplitud o extensión a otras actuaciones, el ordenamiento jurídico dispone otro tipo de mandatos, pero no el poder especial. Lamentablemente la proliferación de fraudes del que un medio de prensa hace poco advertía, derivan en su mayoría por el mal uso o indebido uso de los poderes o representaciones, y más lamentable es que debiendo ejercer control de legalidad el Registro Nacional le facilita un carácter perpetuo y extensivo a los poderes especiales como si fueran generales o generalísimos; los poderes especiales, en derecho público o en derecho privado, son absolutamente restrictivos, la norma 1256 C.C. no da oportunidad; se requiere de una reforma a esta norma para poder ir más allá, para poder extenderse a las actuaciones no especificadas. También, resulta necesario que el área de Fiscalización Notarial de la DNN revise las actuaciones de los notarios sobre la redacción y autorización de los poderes especiales, así como propiamente el uso de los poderes especiales.

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  5. Vela Miles • 07 abril, 2022

    Concuerdo con los colegas y siento necesidad de externar mi disgusto y sentimiento de desesperación ante esta situación. Se me ocurre que los poderes donde no se indica fecha de la declaración a realizar, no fue otorgado para la declaración de x año, se podría volver a subir a la plataforma y utilizar. Cómo se podría alegar que no es válido? Será que Hacienda tiene actualmente un sistema que les permite verificar fecha de otorgamiento y con eso van a rechazar los poderes?
    De verdad que provoca una sensación de persecución y mala fe este acto tan perjudicial para las personas obligadas quienes no tenían planeado ni presupuestado otorgar un poder nuevo.

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    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 08 abril, 2022

      Exactamente, sabemos de muchos colegas que no han tenido problemas para subir nuevamente a la plataforma estos poderes especiales que ya habían sido utilizados en períodos anteriores. Por realizada esa autorización por parte de un notario, ya pueden esos mismos apoderados ingresar con su firma digital a cumplir con la Declaración 2022. No pareciera que en este momento exista algún procedimiento para tratar de «detectar» la reutilización de esos mandatos.

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  6. E JIMENEZ • 07 abril, 2022

    Doña Silvia se sabe si el BCCR ha reconsiderado el tema de los poderes??
    Al menos deberían dar plazo adicional para presentar la declaración si consideramos que hay extranjeros que no pueden acudir rápidamente a otorgar uno nuevo, es increíble el nivel de entorpecimiento que esto causa!

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    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 08 abril, 2022

      Estuvimos tratando de averiguar pero a la fecha no se ha producido alguna reconsideración en este tema de los poderes especiales por parte de Central Directo. Sabemos de muchos colegas que simplemente están volviendo a subir a la plataforma los mismos poderes especiales que en su momento fueron otorgados. Los apoderados quedan así nuevamente autorizados para cumplir con la Declaración 2022. No existe, por lo menos en este momento, un control que se esté llevando a cabo para impedir que se proceda de esta manera. Desde el punto de vista «tecnológico» , lo cierto es que la plataforma sí lo permite. Lo que habría que sopesar es si eventualmente podrían iniciar acciones de nulidad de las declaraciones que hubieren sido presentadas «reutilizando» estos poderes especiales que supuestamente se «agotaron» la primera vez que fueron utilizados.

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  7. Lic. Luis Garino • 05 abril, 2022

    Excelente comentario de Lic Vargas, de mi parte agregaría, que la interpretación dada, es más de Derecho Público que de Derecho Privado, es decir, la misma es restrictiva, ahora bien, la norma del 1256 del CC en ningún momento establece que dicho poder se puede utilizar «una sola vez»; al efecto, los poderes especiales otorgados para el RTBF sin fecha de vencimiento, son claros al indicar que los mismos se otorgan para “…realizar todas y cada y una de las gestiones que sean necesarias para cumplir con las obligaciones de la Ley para Mejorar la lucha contra el Fraude Fiscal y el Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios finales vigentes, incluyendo la declaración de participaciones y beneficiarios finales de la sociedad, en el Registro disponible en el página Central Directo del Banco Central de Costa Rica. Al efecto podrá firmar los formularios, documentos y declaraciones que sean requeridos, tanto en su formato físico como digital o electrónico, obtener contraseñas y demás actos que sean necesarios para alcanzar los fines antes indicados sin limitación alguna…” es decir, los mismos NO se limitan a un año en especifico, por lo que resulta improcedente la interpretación dada por el Banco Central. Sin embargo no es de extrañar dicha situación, pare ser que en la Administración Pública existe un Departamento encargado de ver como nos complican más los trámites a los ciudadanos, y en franca violación de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámintes y Requisitos……

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