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Obligaciones de las sociedades reinscritas

Muchas sociedades disueltas por incumplimiento del impuesto a las personas jurídicas, así como aquellas a las que se les había vencido el plazo social, han logrado su reinscripción en las últimas semanas.

Es importante recordar que una vez que han «vuelto a la vida», estas sociedades deben ponerse al día en varias obligaciones.  Entre ellas:

1.- Pago del impuesto a las personas jurídicas período 2022

2.- Actualización de datos en el sistema ATV del Ministerio de Hacienda

3. Presentación de declaraciones en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales

4. Autoliquidación y pago de las sanciones administrativas por morosidad en el pago del impuesto a las personas jurídicas.

Sobre esta cuarta obligación nos enteramos la semana pasada que a varios colegas, después de elevar al Ministerio de Hacienda alguna consulta sobre el proceso de reinscripción de sociedades, les llegó un correo electrónico en el que se les informaba que no solamente debían ponerse al día con el pago de los períodos pendientes del impuesto a las personas jurídicas sino también con las sanciones administrativas que se hubieren generado por el atraso en dicho pago.  

Como fundamento de dichas sanciones administrativas se les indicó el art. 80 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios:

Artículo 80.- Morosidad en el pago del tributo determinado por la Administración Tributaria

Los sujetos pasivos que paguen los tributos determinados por la Administración Tributaria, mediante el procedimiento ordenado en los artículos 144 a 147 de este Código, o el procedimiento establecido en los artículos 37 a 41 de la Ley Reguladora de Todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones, después del plazo de quince días dispuesto en el artículo 40 de este Código, deberán liquidar y pagar una multa equivalente al uno por ciento (1%) por cada mes o fracción de mes transcurrido desde el vencimiento de dicho plazo.

Esta sanción se calculará sobre la suma sin pagar a tiempo y en ningún caso superará el veinte por ciento (20%) de esta suma. No se aplicará la sanción ni se interrumpirá su cómputo cuando se concedan los aplazamientos o fraccionamientos establecidos en el artículo 38 del presente Código.

Adicionalmente, se les puntualizaban los pasos que debían seguir las sociedades para autoliquidar dichas sanciones administrativas así:

  1. Presentar  Formulario D-116 “Autoliquidación de Sanciones por Infracciones Administrativas”, por cada periodo del IPJ cancelado fuera del plazo legal.
  2. La sanción administrativa que se debe autoliquidar es: “Artículos 80. Morosidad en el pago del impuesto”.
  3. El periodo que se debe indicar en el Formulario D-116 para autoliquidar la sanción por morosidad en el IPJ es: Año XXXX y Mes: XX  Ejemplo: Año 2017 / Mes 12.
  4. En aquellos casos en que el legitimado, no visualice la sociedad en ATV, para poder presentar los formularios D-116, deberá presentar una solicitud por escrito, ante la Administración Tributaria, para que lo registren como usuario autorizado en ATV, suministrando un correo electrónico y número de teléfono, y aportar el documento que lo acredita como legitimado, sea: certificación Registral, Declaración Jurada o Testimonio que se presentará ante el Registro público para pedir la reinscripción.
  5. Una vez presentados los formularios D-116, las deudas se pueden cancelar por el servicio de conectividad Bancaria o directamente en ventanilla de las entidades con solo indicar el número de identificación de la persona jurídica.

Vamos a tratar de obtener el criterio de algún colega experto en materia tributaria en relación a estas sanciones administrativas, las cuales en realidad no habíamos oído mencionar hasta este momento.

Propiamente en las Circulares que el Registro de Personas Jurídicas emitió  con los pasos a seguir y requisitos para los ceses de disolución de las sociedades disueltas con la Ley 9024 y las solicitudes de reinscripción de las sociedades disueltas con la Ley 9428, no se menciona nada sobre estas sanciones administrativas, por lo que al menos en lo que respecta al trámite registral no estarían solicitando su cumplimiento.

 

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

3 de 3 Comentarios

  1. Lic. Luis Gerardo Rodríguez Morera • 29 noviembre, 2022

    Lamentablemente siempre habrán sorpresas. No comprendo por qué las instituciones no se ponen de acuerdo para que al final manejemos una información uniforme y que no se escapen detalles para que al cliente pueda uno brindarle una asesoría eficaz. Quedamos atentos a la opinión del experto (a).
    Gracias Licda Silvia Pacheco.

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  2. Allan Garro • 29 noviembre, 2022

    Buenas tardes:
    Yo había formulado consulta al correo Deudas_Ley10220@hacienda.go.cr que aunque se supone es para lo relativo a ley 10220, amablemente me respondieron que en cuanto a la ley 10255 había que autoliquidar esas sanciones. Al efecto me apoyé con un contador quien hizo la solicitud para usuario autorizado en ATV de la sociedad disuelta, luego efectuó las liquidaciones por cada año 2017 al 2021, y el total a pagar resultó en cerca de 57,000 colones y se pagó por conectividad bancaria. De hecho se hizo antes de presentar la solicitud ante el Registro y fue mejor para evitar problemas futuros de aparecer como moroso ante Hacienda. Saludos!

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