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Notarios deberán dar fe nuevamente de visados en los planos en fraccionamientos

En setiembre del año pasado, mediante la Directriz DRI-005-2021 se había eliminado la obligación de los notarios de dar fe del visado municipal en los planos catastrados que se utilizaran en fraccionamientos  en distritos urbanos.  Asimismo, se les eximía de dar fe en cuanto a que los lotes segregados se ajustaban en un todo a los respectivos planos.  (Ver nuestra nota al respecto en este mismo blog.)

Como justificación de esta medida aparecía lo siguiente en los Considerandos de dicha Directriz :

«… actualmente se ha cumplido el requisito del visado municipal previsto y su verificación conforme a los artículos 33 y 34 de la Ley 4240 que es la Ley de Planificación Urbana en el momento que ha ocurrido la registración del asiento catastral que posteriormente será utilizado por el administrado para la realización del instrumento público o documento registrable correspondiente que debe ser presentado ante la Subdirección Registral.   (…) De la misma manera, la dación de fe que exige el artículo 34 de la Ley 4240 que es la Ley de Planificación Urbana en cuanto a la obligatoriedad de que, en el documento notarial, el notario de fe de que el terreno a segregar se ajuste a las características del plano catastrado que se vaya a utilizar; es actualmente un formalismo estéril y carente de toda utilidad; ya que desde la integración del Registro Público de Bienes Inmuebles y el Catastro Nacional en un solo registro, al contar con las herramientas tecnológicas adecuadas, es parte del marco de calificación que los registradores de la Subdirección Registral verifiquen la concordancia de la medida, la situación geográfica y los antecedentes del plano que se utiliza en el documento presentado para ser inscrito.» ( Tomado en lo conducente de los Considerandos décimo quinto y décimo sétimo de la Directriz RIM-RG-DIR-005-21)

Sin embargo, el pasado 23 de diciembre,  mediante la Directriz DRI-006-2021 se derogó la  DRI-005.2021 dejando sin efecto su aplicación a partir de esa fecha, al establecerse que no procedía eliminar un requisito establecido en una norma de rango superior, léase Ley de  Planificación Urbana, a través de una disposición administrativa, como la Directriz indicada:

«…  si bien la tarea de simplificar los requisitos de trámites administrativos para el acceso a servicios de naturaleza pública es noble e incluso ajustada a las políticas actuales del Poder Ejecutivo; el panorama debe ser visualizado desde una óptica más integral, toda vez que el desaplicar una norma de rango legal a través de la emisión de una directriz, atenta contra los principios de legalidad (rector de las conductas administrativas) y de jerarquía normativa administrativa.  (…)  Procede, POR TANTO, en aras de procurar: la buena marcha de las dependencias que componen al Registro Nacional, ajustar sus conductas al marco constitucional y legal vigente y unificar la posición institucional relacionada a la emisión de disposiciones de carácter general; se instruye lo siguiente:

a. Se deje sin efecto cualquier disposición administrativa en la que se haya ordenado la desaplicación de normas de rango legal vigente.
b. Velar porque las disposiciones administrativas que emitan se ajusten al marco jurídico vigente, respetando el principio de jerarquía normativa.
c. Cumplir con todas las disposiciones normativas vigentes en la prestación de los servicios que ofrecen.
d. En caso de que lo dispuesto en una norma de rango legal vigente, pudiera implicar una carga innecesaria para el administrado a juicio de sus respectivas direcciones; se insta a promover su modificación o derogatoria a través del trámite legislativo correspondiente siguiendo el debido proceso a través del Poder Ejecutivo.»

Esta segunda directriz de diciembre pasado se fundamentó en el Criterio SUB-DGL-0260-2021  Registral emitido por la Subd-dirección General del Registro Nacional.

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Nos encontramos ajustando nuestros Formularios de Cartulación para introducir nuevamente estas daciones de fe notarial, las cuales habíamos eliminado al publicarse la primera Directriz en setiembre del año pasado.

Para su mejor conocimiento transcribimos a continuación lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley de Planificación Urbana, Ley No. 4240.   Pareciera entonces que no queda más remedio que esperar que se produzca su derogatoria a través de una norma aprobada por la Asamblea Legislativa, a fin de que queden los notarios públicos eximidos de tener que hacer estas daciones de fe en las escrituras de fraccionamientos en zonas urbanas.

Artículo 33.-  Para todo fraccionamiento de terrenos o inmuebles situados en distritos urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico, será indispensable haber visado antes, en la oficina municipal autorizada el plano que indique la situación y cabida de las porciones resultantes y que, además, el notario o funcionario público autorizante, dé fe en el acto de extensión u otorgamiento del documento respectivo, de que la división coincide con la que exprese dicho plano. Los fraccionamientos que se hagan por documento privado, al igual que en los documentos públicos, se reputarán ineficaces si carecen de razón notarial o municipal sobre la preexistencia del plano visado.

Artículo 34.- (*)

El Registro Público suspenderá la inscripción de documentos, sobre fraccionamiento de fincas comprendidas en distritos urbanos, sin la constancia que indica el artículo anterior.

El visado municipal de planos o croquis, los cuales no es necesario que hayan sido catastrados, lo extenderá el ingeniero o ejecutivo municipales, o la persona en quien ellos delegaren tales funciones, dentro de los quince días siguientes a su presentación y en forma gratuita, sin estar sujeto al pago de timbres o cualquier otro tributo, ni al pago de impuestos, contribuciones o servicios que debieren las partes. De no acatarse lo anterior, valdrá, como visado municipal, una constancia notarial en el plano sobre esa circunstancia. Queda a salvo la negativa fundada, de la municipalidad respectiva o de los funcionarios indicados, hecha por escrito dentro del citado plazo.

Las oficinas públicas, instituciones o corporaciones estatales o cualquier otra entidad pública que deba tramitar permisos de construcción o de urbanización, proveer servicios, otorgar patentes o conceder préstamos, tendrán como inexistentes, para estos efectos, las parcelaciones hechas sin observar lo dispuesto en el artículo anterior.

No se aplicarán las disposiciones de éste ni del artículo precedente a los documentos, actos o contratos, en que sean parte o tengan interés el Estado en forma directa (Gobierno Central) o las propias municipalidades donde estuviere ubicado el inmueble.

 

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

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