Ley estadounidense de Prevención de Extorsión en el Extranjero (FEPA)

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Nuestro querido colega Casimiro Vargas,  especialista en el mercado de Bienes Raíces, Derecho Corporativo, Debida Diligencia y Anti-Lavado de Dinero, nos comparte un nuevo artículo muy interesante sobre una norma aprobada hace pocas semanas, que aunque no pertenece a nuestro ordenamiento jurídico, podría tener repercusiones en asesores legales y empresarios costarricenses que realizan negocios con empresas y organizaciones en Estados Unidos.

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             El pasado 14 de diciembre del 2023 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Prevención de Extorsión en el Extranjero (en inglés: “Foreign Extorsion Prevention Act”. FEPA). Con dicha norma se pretende llenar un vacío en la ya existente Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (en inglés: “Foreign Corrupt Practices Act” o FCPA).

            No pretendo con esta noticia traer a comentario o conocimiento leyes de otros países que no nos afectan; pero el asunto es que esta ley sí nos puede afectar a los abogados costarricenses y de cualquier otro país de una manera muy importante e incluso inadvertidamente podríamos hacernos acreedores a las sanciones por ellas contemplada. Por eso estimo pertinente que tengamos conocimiento de ella y tomemos las precauciones adecuadas; no sea que, como ha pasado a otras personas, durante un paseo a los Estados Unidos seamos detenidos y procesados. Tampoco pretendo presentar esta opinión como con la máxima autoridad en ello; pero si me interesa traer a discusión el tema a nivel nacional para que todos podamos colaborar e informarnos y así estar preparados y protegidos. Sería absurdo que cerremos los ojos y pretendamos ignorar algo que nos puede afectar tan seriamente.

               Esta ley no se aplica a los funcionarios públicos de los Estados Unidos porque ellos ya tienen sus leyes internas que los sancionan,  tal y como ocurre en Costa Rica y básicamente en cualquier otro país. La nueva ley aplica a los funcionarios públicos extranjeros, sea, a los funcionarios públicos que no sean de los Estados Unidos; en consecuencia, aplica a los funcionarios públicos de Costa Rica y demás países.

               Podríamos discutir que por qué una ley de otro país se aplica en Costa Rica, pero eso es algo que cada vez más ocurre en este mundo globalizado y un tema para discutir en otro foro. Incluso Costa Rica tiene leyes que eventualmente se pueden aplicar a hechos ocurridos en otras jurisdicciones, así que eso no es algo nuevo. (Véase por ejemplo el artículo 5 del Código Penal de Costa Rica).

               El asunto aquí es que Estados Unidos reclama la jurisdicción de juzgar a los funcionarios extranjeros si incurren en cohecho que afecte el comercio interestatal en los Estados Unidos y ciertamente eso nos puede afectar, aunque nunca vayamos a los Estados Unidos.

               Y alguien dirá, pero si no soy funcionario público entonces no tengo porque preocuparme  pero especialmente para los abogados y empresarios eso no es así. Los abogados hacemos muchas gestiones para terceros y si no ejercemos una debida diligencia en asegurarnos que a través de nuestras oficinas no se paguen sobornos que caigan bajo los presupuestos de la nueva ley, ello nos podría convertir en cómplices de un cohecho sancionado en los Estados Unidos. Y los empresarios, ya sea que exporten o no, podrían producir productos o servicios que eventualmente lleguen a afectar ese comercio interestatal.

Estoy partiendo de la base de que como abogados honestos no acostumbramos a pagar sobornos para beneficiarnos o beneficiar a nuestros clientes. ¿Pero qué pasaría si nos hacemos de la vista gorda y dejamos que un asistente nuestro pague ese soborno? ¿No podría incurrirse en una complicidad de ese delito?

Y aunque la ley pone como presupuesto que sea un cohecho que afecte el comercio Interstatal, lo cierto es que en la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero los jueces federales han hecho interpretaciones muy ingeniosas y extensivas para incluir conductas que al principio no parecían conformar el delito regulado en esa ley. Así y sólo a manera de ejemplo, algún Juez podría decir que, al gestionar un soborno a favor de una empresa, un ciudadano o un residente en los Estados Unidos, (por ejemplo, en la importación o exportación de un bien) se le está dando una ventaja competitiva contra las otras empresas de USA y entonces afectaría el comercio interestatal. Sé que tal vez en Costa Rica eso nos puede parecer una interpretación absurda, pero no es algo extraño cuando se interpretan las leyes anticorrupción en los Estados Unidos.

Y es que las penas no son menores; realmente resultarían muy gravosas para el funcionario público de Costa Rica (y sus cómplices) que incurran en un co-hecho.

La nueva ley agrega un inciso f a la Sección 201 del Código de los Estados Unidos. Obviamente dicha norma está en inglés, pero la siguiente traducción al español (de la parte que interesa) nos dará una buena idea de lo que regula:

“(f)

(1) EN GENERAL. —Será ilegal que cualquier funcionario extranjero o persona seleccionada para ser funcionario extranjero exija, busque, reciba, acepte o acepte recibir o aceptar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor de manera corrupta. personalmente o para cualquier otra persona o entidad no gubernamental, en o que afecte el comercio interestatal, a cambio de:

“(A) ser influenciado en la realización de cualquier acto oficial;

“(B) ser inducido a realizar u omitir cualquier acto en violación del deber oficial de dicho funcionario o persona; o

“(C) conferir cualquier ventaja indebida,

en relación con la obtención o retención de negocios para o con, o la dirección de negocios con cualquier persona.

(2) SANCIONES. —Cualquier persona que viole el párrafo (1) de esta sección será multada con no más de $250,000 o tres veces el equivalente monetario de la cosa de valor, o encarcelada por no más de quince años, o ambas.

(3) TRANSFERENCIA.—….

(4) JURISDICCIÓN. — Un delito previsto en el párrafo (1) de esta sección estará sujeto a jurisdicción federal extraterritorial.”

La ley previa de Prácticas corruptas en el extranjero claramente indicaba que sólo se aplicaba cuando intervenía i) un ciudadano o empresa estadounidense, o ii) una empresa no estadounidense que cotice en una bolsa de los Estados Unidos o iii) un ciudadano de otro país con residencia en los Estados Unidos. (los que denominó la ley como “domestic concern”).

Esta nueva ley ya no hace claramente esa distinción, sino que habla de “cualquier persona”.

Habrá que darle seguimiento a ver cómo finalmente será aplicada la ley en los Estados Unidos, pero ciertamente es algo para prestarle atención.

De todos modos, los abogados y notarios debemos entender que los tiempos han cambiado y que lo que se conoce como “cumplimiento” es un área que cada vez impacta con más fuerza. Así que no podemos dejar pasar cosas que podrían ser irregulares, sino que cada vez debemos prestar más atención a los detalles y a la debida diligencia en las transacciones para evitar graves consecuencias a nosotros y a nuestros clientes.

El principio de inocencia no ha dejado de existir; igual seguimos siendo inocentes mientras no se nos demuestre lo contrario. Pero el asunto es que ahora se va extendiendo cada vez más la idea y en áreas como antilavado y anticorrupción ya está muy metida la idea de sancionar a quien no pueda demostrar que fue diligente y tomó las precauciones razonables para impedir participar en un delito o acto ilegal.

En fin, de la manera más respetuosa, agradeceré los comentarios y correcciones que otros pudieran hacer honestamente a este artículo y creo que será bueno para la comunidad legal.

 

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Obtuvo su grado de licenciatura en Derecho en el año 1985 y se incorporó al Colegio de Abogados de Costa Rica en noviembre de ese mismo año. Desde entonces ejerce el derecho en la Zona Sur de Costa Rica como su base operacional, aunque brinda sus servicios en múltiples lugares a nivel nacional. Cuenta pues con más de 34 años de experiencia en el ejercicio de su profesión tanto a nivel nacional como internacional. Fundador y socio del Bufete CVFIRM Abogados ubicado en San Isidro de El General, el cual es actualmente una firma legal orientada a, y altamente especializada en el mercado de Bienes Raíces, Derecho Corporativo, Debida Diligencia y Anti-Lavado de Dinero. Socio Fundador de la empresa E&T ESCROW & TRUST SOLUTIONS S. R. L, empresa pionera a nivel nacional en brindar servicios de “Escrow” y fideicomisos, entre otros, desde el año 1996. Es además socio fundador de las empresas ACCOUNTING & FINANCE CONSULTING PROVIDERS S. R. L. y CR PROJECT CONTROLLERS S. R. L., dedicadas a brindar servicios de contabilidad y auditoría a inversionistas de alto perfil. "

1 Comentario

  1. MARIA MORA • 25 enero, 2024

    Buenas tardes!
    Muchas gracias, muy interesante el artículo.

    Responder

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HE LEIDO Y ACEPTO LAS PAUTAS PARA PARTICIPAR EN ESTE BLOG