Ministerio Público no puede ordenar levantamiento de anotaciones sobre bienes muebles

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De conformidad con la Circular  No. 90-2024  publicada hoy en el Boletín Judicial, el Consejo Superior del Poder Judicial acogió la propuesta  sugerida por la Comisión de la Jurisdicción Penal sobre las competencias legales para el levantamiento de gravámenes y anotaciones sobre bienes muebles en los procesos en que interviene.  Al efecto se establece lo siguiente:

«El Ministerio Público no ostenta la competencia asignada por ley para ordenar el levantamiento de gravámenes y anotaciones sobre bienes muebles, ya que dicha función es de índole jurisdiccional, lo anterior, partiendo de que incluso los actos conclusivos del Ministerio Público requieren pronunciamiento jurisdiccional, en concreto, del Juzgado Penal correspondiente. Por ende, solamente las autoridades judiciales deberán tener acceso al sistema del Registro Público.

En razón de lo anterior, se dispone:

1. La autoridad jurisdiccional que resuelva un proceso penal por el fondo, independientemente de la etapa del mismo, debe ordenar en la resolución respectiva, lo que corresponda en torno a los levantamientos de gravámenes y anotaciones sobre bienes muebles. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 361 del Código Procesal Penal, sobre las normas para la deliberación y votación, el tribunal apreciará las pruebas producidas durante el juicio, de un modo integral y con estricta aplicación de las reglas de la sana crítica, además, los jueces deliberarán y votarán respecto de las cuestiones y deberán pronunciarse sobre los aspectos relativos a su competencia, a la procedencia de la acción penal y toda otra cuestión incidental que se haya diferido para este momento. En ese sentido, deberá emitirse pronunciamiento sobre la restitución y las costas, siendo parte de ello los gravámenes y anotaciones que pesen sobre los bienes involucrados.

2. En cuanto a la ejecución de dicha disposición jurisdiccional, esta recae en las personas juzgadoras y coordinadoras judiciales. La autorización para el levantamiento en el sistema deberá otorgarse a las personas juzgadoras, personas juzgadoras coordinadoras y personas juezas de trámite, para que, a lo interno de cada despacho se disponga, dentro de las anteriores, a quién le corresponderá ejecutar el trámite en los sistemas una vez que el fallo se encuentre firme.

3. Deberá aplicarse un doble control, mediante el uso de la práctica consistente en que, una persona incluye los datos y otra persona funcionaria de mayor jerarquía aprueba la inclusión de la información y genera finalmente el ingreso en el sistema para el levantamiento. Se sugiere que en los juzgados penales sea el coordinador o coordinadora judicial o el técnico judicial a cargo del caso, quien lo incluya y la persona juzgadora encargada del proceso quien lo apruebe en el sistema; en los tribunales penales, la información debe ser incorporada por la persona coordinadora judicial o juez de trámite y aprobada finalmente por la persona juzgadora que ordenó la medida.

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Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

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