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Las funciones de la audiencia preliminar: una mirada desde el proceso ordinario civil

Agradecemos a don Luis Mariano Argüello, Doctor en Derecho y Máster en Derecho Constitucional,  este interesante artículo que pone a disposición de todos los lectores de este blog.


«En los últimos años ha venido palpitado una peligrosa tendencia que propicia un tratamiento superficial respecto de la audiencia preliminar. Por supuesto que no se puede caer en generalizaciones, pero sí resulta preocupante visualizar como en la práctica forense, gran cantidad de sujetos, partes e intervinientes procesales optan por una perspectiva reduccionista —y hasta cierto punto: despreciativa— de la vital dimensión que ocupa esta audiencia dentro de la configuración, estructura y desenvolvimiento de todas aquellas tipologías procesales instauradas en modelos influenciados por la oralidad.

De este modo, quien pretenda encarar con éxito una audiencia preliminar, limitándose a la exégesis o memorización del artículo que la recoge, estará comprando todos sus boletos para el más contundente fracaso; por el contrario, si bien resulta imperioso tomar conciencia de la unidad de su contenido es necesario sentar todas las posibles conexiones que presenta con otros institutos procesales, lo cual a su vez debe ser complementado con un estudio serio y disciplinado de los contornos propios que presenta el caso concreto que en ella se conoce, sea a nivel factual y de derecho sustancial. Siendo por tanto, una etapa crucial en cualquier proceso judicial.

Pues bien, de modo absolutamente sintético, y sin entrar en análisis comparativos de las pequeñas o muchas variantes que puedan presentarse a nivel de otros esquemas competenciales (v.gr. agrario, familia, contencioso-administrativo, laboral etc) o bien de otras tipologías procedimentales (v.gr. proceso sumario), se considera oportuno brindar algún breve esbozo, que con un afán meramente didáctico —y por ende de sana discriminación clasificatoria—, de cuenta de algunas de las funciones medulares que viene a cumplir la audiencia preliminar dentro de los procesos ordinarios civiles.

A. La función ordenadora
El desorden y la anarquía son incompatibles con la idea rectora del proceso jurisdiccional, de allí que muchos de los esfuerzos teóricos e incluso institutos procesales busquen a toda costa establecer una organización racional y progresiva de los elementos que componen la resolución de la litis. Pues bien, ya que el iter jurisdiccional busca solucionar conflictos y no generar otros conexos, apuesta por el acatamiento del mínimo esencial de las formas de los actos procesales preconstituidos por el legislador para su desenvolvimiento; de este modo, la persona juzgadora garantiza en la audiencia preliminar que el contenido de los actos escritos de alegación y proposición de las partes sean claros, inteligibles y completos, en el entendido de que no existan mayores confusiones que de una u otra manera puedan a su vez atentar contra el derecho de defensa de la contraparte.

Dentro de la audiencia preliminar, se pretende despejar todo tipo de imprecisiones que a la larga atenten contra la correcta marcha del litigio. Por ejemplo, en ocasiones la pretensión procesal es confusa, no se tiene certeza de cuál es la causa fáctica que origina el conflicto, o bien, el ofrecimiento de los medios probatorios es irregular, por cuanto se ofrecen elementos que no se aportaron o se aportaron (documentos) que no se ofrecieron, etc. Todos estos posibles entuertos, confusiones y omisiones buscan ser depurados en la audiencia preliminar como una concretización de las potestades de dirección y delimitación de los actos de alegación que realiza el tribunal, evitando a su vez que los juicios sean por razones procesales un caldo de cultivo de mayores problemas (de los que ya tienen) para las partes involucradas en la disputa judicial.

En un sistema escrito, engorroso y formalista, muchas veces se llegaba al dictado de sentencia sin tener claro siquiera cuál era el verdadero objeto del proceso; se debían leer dos y más veces los expedientes judiciales para descifrar lo que en realidad habrían querido exponer las partes. El lenguaje escrito impone límites y los profesionales en derecho encargados del “arte del litigio” no siempre cuentan con las mejores habilidades de expresión literal. Todo esto genera que se dictaran sentencias que no venían a resolver con certeza el conflicto, porque nunca se tenía delimitado el mismo, con el latente riego que inclusive luego, mediante una apelación o casación, se anulara el fallo, ya que el tribunal superior había leído y consecuentemente entendido algo distinto a lo que la persona juzgadora de instancia había concedido.

En suma, la fase ordenadora de la audiencia preliminar pretende paliar estos contratiempos y desaciertos y bajo este entendido cualquier hecho impreciso, pretensión implícita, excepción oscura, prueba incorrectamente ofrecida, entre otros, pueden ser ratificados, aclarados, ajustados o subsanados de forma oral durante la audiencia, ya sea a gestión de parte o de forma oficiosa por el propio tribunal.

B. La función saneadora
Otro de los grandes cometidos que también se concretizan en la audiencia preliminar es la función saneadora, debido a que por antonomasia y diseño legislativo es en este momento cuando se viene a resolver todo lo atinente con alegaciones de actividad procesal defectuosa e invocaciones de nulidades procesales, que en tesis de principio —y máxime si requiere de la práctica probatoria— deberían ser resueltos de forma oral en esta etapa del proceso, tanto aquellos que fueron formulados por escrito como las mismas alegaciones que puedan surgir en el devenir de la propia audiencia.

En ese orden de razonamiento, se evidencia que la audiencia preliminar se nutre y requiere un conocimiento pleno de toda la teoría general del proceso, pues no solamente la doctrina de la actividad procesal defectuosa puede eventualmente ser implementada en esta etapa, sino que además normalmente las alegaciones asociadas con vicios o nulidades procesales están ceñidas en los presupuestos procesales, vicios de representación procesal, problemas de notificación, afectaciones al derecho de defensa, etc., que por consiguiente deben ser manejados diestramente por litigantes y personas juzgadoras para su adecuado tratamiento. Con todo, la fase de saneamiento es consecuente con la filosofía imperante en la Ley n.° 9342; así, no se habla de una función anuladora ni similar, pues esta es una ultima ratio de cara medularmente a supuestos elocuentes de indefensión. La regla es siempre buscar sanear y convalidar todo tipo de actividad procesal para cumplir con el destino teleológico de los juicios. Esto es, la finalidad de arribar a una solución justa y cumplida de los conflictos.

C. La función abreviadora
Es primordial centrar la atención en una de las actividades en que mayor minuciosidad se exige; así y en primer lugar, una audiencia preliminar puede abreviar el proceso porque en esta se incluye y está prevista la posibilidad de que las partes procesales alcancen un acuerdo conciliatorio; en efecto, se procura la armonía social y se descongestiona el sistema de administración de justicia cuando una vez delimitado el objeto del proceso y dado por descontentado que vienen de seguido etapas trascendentales, las partes procesales frente a frente, y con la presencia de la persona juzgadora que potencialmente va a resolver su caso, tienen la opción de construir puentes para alcanzar por cuenta propia la solución de su controversia. Se trata simplemente del momento procesal ideal para arribar a convenios y contar incluso con una homologación inmediata, por lo cual se requiere defender el mantenimiento de los espacios de conciliación dentro de la audiencia preliminar.

No hay mayor perjuicio para el pensamiento jurídico que vaciar su unidad, trazando fronteras y levantando muros donde deberían existir puentes entre lo procesal y lo sustantivo, pues quien solo conoce derecho procesal en realidad no sabe de derecho procesal. Por ende, la apuesta del proceso civil direccionada en que la persona juzgadora que realiza la audiencia preliminar, sea a su vez quien participa en la conciliación, repercute en una mayor celeridad y calidad de la tramitación de los conflictos, no solo para evitar duplicidades en los estudios de expediente judiciales, sino que naturalmente (dado el conocimiento pleno del caso) se está en mejores condiciones para llevar una audiencia preliminar en general y propiciar una potencial conciliación en lo particular. A tono con lo expuesto, también la audiencia preliminar puede derivar en una abreviación del proceso cuando se resuelve una excepción procesal que tenga el potencial de terminar el juicio y disponer el archivo del expediente, v.gr. una litispendencia, o bien, que surja en ese momento alguna invocación o apreciación oficiosa de una demanda improponible, que previa garantía del derecho del contradictorio se proceda a resolver oralmente en ese momento con la consecuente terminación del proceso.

Por estas razones, las personas litigantes deben crear una conciencia activa de estudio, reflexión y preparación de cara a la audiencia preliminar, en ocasión de que la misma no se convierta en una «caja de pandora» que devengue en amargas sorpresas. La anticipación a los posibles escenarios debe llevar a que exista una cultura de responsabilidad y diligencia, dados los trascendentales efectos y consecuencias que de la misma se pueden derivar, particularmente como se da por descontado en razón de la potencial abreviación del proceso jurisdiccional.

D. La función preparatoria
La audiencia preliminar no puede ser tratada como si fuera una isla aislada dentro del iter que significa el proceso jurisdiccional, ya se justificó y evidenció ampliamente la concretización dialéctica que en esta presentan muchos de los institutos generales del proceso; pero no solo eso, sino que el principio de plenitud hermética del ordenamiento jurídico, el derecho sustancial y derechos fundamentales se encuentran fuertemente latentes y presentes en todo momento, porque el juicio (entendido como la decisión que se toma para la resolver el pleito) forma parte esencial del proceso o, mejor aún, el proceso jurisdiccional condiciona recíprocamente el potencial juicio que se va formando al ser inseparable la categórica epistemológica del resultado al que se arriba luego del seguimiento de un particular método.

En consonancia con lo anterior, la audiencia preliminar cumple una función preparatoria de cara a la práctica de los medios probatorios que se hace en la audiencia complementaria, pero esto, se insiste, se realiza tomando en cuenta la preparación del juicio que se hará de emitir y que toma contenido propio en la sentencia. De esta manera la fijación de lo que es objeto de debate (que también se refleja en la sentencia en el apartado de los hechos probados y no probados, que normalmente se construyen, discriminan y seleccionan en ocasión de la decisión jurídica que por el fondo se tome) condicionan la extensión y alcance de la admisión de los medios probatorios así como las disposiciones para su práctica que se hacen en la audiencia complementaria, todo en aras de ir perfilando —de una u otra manera— la forma en la cual se puede arribar a la solución del conflicto sometido a estrados.

En esta orientación, y con el respeto debido para otros modelos procesales diferentes, el hecho de que en el proceso civil, quien presida la audiencia preliminar sea a su vez el ponente del juicio oral público, representa sinceramente un gran acierto, toda vez, que si se coloca al frente de la misma a una persona juzgadora encargada únicamente de cuestiones de trámite que resuelve temas procesales y admite medios probatorios sin visualizar al menos sucintamente cuál es el régimen jurídico que determine la solución de la litis (porque en todo caso, es una labor que no le compete), se corre el inminente peligro de efectuar posteriormente audiencias de práctica de prueba sin mayor sentido (v. gr., se admitieron los testigos inconducentes y se rechazaron los importantes), o bien, pasar asuntos de puro derecho a fallo, cuando en realidad su objeto sí requería de la evacuación de algún medio de prueba. Es de insistir que si se separa el derecho procesal del derecho sustancial se está destruyendo el puente por el cual debe transitar la correcta formación del juicio en la sentencia y, por ende, aquella es una externalización imperfecta de una solución de un conflicto, que tal vez lo pueda resolver en autoridad, pero no en legitimidad.

E. La función revisora de la tutela cautelar
Por último, otro de los aspectos funcionales que de manera innovativa se derivan de la audiencia preliminar, radica en la vivencialidad plena que se brinda a la tutela cautelar, pues si bien en tesis de principio, para esta etapa del proceso ya una solicitud de medida cautelar debe estar más que resuelta, nada impide que, por ejemplo, que en la propia audiencia se formule otra distinta o se solicite —v. gr., en razón de nuevas circunstancias factuales o probatorias— su nueva valoración o, incluso, su variación o cancelación. De esta manera, el CPC dispone que en esta fase del proceso se está llamado a emitir pronunciamiento sobre la suspensión, la cancelación o la modificación de medidas cautelares cuando exista solicitud pendiente de resolución; es más, en ocasiones una medida cautelar puede nacer debido a la posición asumida por el demandado o por ajustes realizados en la pretensión de la demanda que informa el objeto del proceso, de allí que necesariamente debiera incluirse —por su inminente presencia— como una de las funciones propias de esta fase procesal.

Y es que la “pendencia resolutiva” puede ser muy dinámica, fluida y variable, e incluso dados los alcances de la concentración y oralidad se pueden formular inmediatamente solicitudes de medida cautelar en la propia audiencia, lo cual una vez más denota la gran dosis de estudio, compromiso y preparación que deben tener los participantes en este tipo de diligencias judiciales, sin soslayar, cómo un instituto general del proceso se viene a reflejar de vuelta en esta parte del proceso, lo cual refuerza la fundamental importancia que ocupa dentro del desenvolvimiento del litigio»

Doctorando en Derecho y Máster en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Tiene una Especialidad en Derecho Notarial y Registral por la Universidad de Costa Rica (UCR). Es Licenciado en Derecho con énfasis en Derechos Humanos por esta misma Universidad. Becario por el Poder Judicial de la Maestría en Administración de Justica Enfoque Sociojurídico con énfasis en Derecho Civil de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). En el 2011 fue medalla de honor y obtuvo el primer promedio del Sistema de Estudios de Postgrado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Todas sus graduaciones han sido con distinción. Ha obtenido nota 100 en exámenes de la Judicatura referentes a materia Civil y Contencioso Administrativa. A partir del año 2012 ejerció como Juez de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Actualmente funge como Juez Civil. Desde el año 2015 es profesor de Derecho en la UCR (Sede de Occidente). Autor de diversos artículos de investigación. Miembro de la Asociación Costarricense de la Judicatura. Correos electrónicos: luis.arguellorojas@ucr.ac.cr / arguellomariano@gmail.com

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