La OCDE y el costo de los abogados
Para ver el texto completo se debe estar suscrito.
Gerente Regional de la firma ECIJA para Latinoamérica y socio de ECIJA Costa Rica.Ha orientado su carrera profesional a la asesoría jurídica de empresas con operaciones en Centroamérica y el Caribe. Su formación como Legal Project Manager (LPM) y su capacidad de gestión, coordinación y ejecución, le han permitido liderar exitosamente equipos de trabajo para la ejecución de proyectos legales muy variados.Su experiencia de más de 15 años dirigiendo la práctica de Dispute Resolution se traduce en una buena capacidad para prever lo previsible, y enfocarse en la administración y prevención de contingencias provenientes de las negociaciones de sus clientes.Ha participado como abogado de parte en más de una veintena de procesos arbitrales tanto domésticos como internacionales, procesos de ejecución, reconocimiento y nulidad de laudos arbitrales en distintas jurisdicciones latinoamericanas. Es nombrado con frecuencia árbitro en disputas comerciales y de construcción.Cuenta con experiencia relevante asesorando empresas de la industria tecnológica, en asuntos relacionados con Derecho Informático y Protección de Datos Personales.
Sinda Gochez • 05 agosto, 2020
Interesante la posición del articulo, pero no la comparto.
La fijaciòn de tarifas para la prestacion de servicios profesionales, en mi criterio, no es un “acuerdo horizontal o un cartel económico, en donde competidores acuerdan el precio de sus servicios” y derivado de ello que lo consideren “una práctica monopolística absoluta.”
En materia de competencia, una de las caracteristicas es el libre mercado y la competencia entre los comerciantes, y nosotros NO somos comerciantes, ni estamos poniendonos de acuerdo en una especie de contubernio para fijar precios en perjuicio del usuario.
Ejercemos una profesion liberal como agremiados en un Colegio Profesional, y esta entidad, es la que realiza la fijaciòn legal de nuestros honorarios, por un tema de orden, de evitar abusos, y hasta de evitar la competencia desleal y antietica de colegas y hasta de clientes, que regatean servicios legales, sin dimensionar la magnitud de la responsabilidad de quienes ejercemos la profesión con ética, capacitaciones actualizadas y cumpliendo todos los requisitos que ésta nos impone, sea como abogados o notarios.
Propuestas como estas podrían debilitar la estructura del Colegio Profesional (como le paso a los periodistas) y abrir un portillo peligroso en la fiscalización del ejercicio profesional.