Iura novit curia: ¿vientos de cambio en la jurisprudencia de la Sala Primera?

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Agradecemos al colega Luis Mariano Argüello, Doctor en Derecho y Máster en Derecho Constitucional,  profesor universitario y Juez de la República,  este interesante artículo sobre un voto reciente que conviene mucho que los litigantes, principalmente en el campo del Derecho Civil, tengan presente.   Se trata de la  sentencia 01724 – 2023 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dictada el 12 de octubre del año pasado.   (Para ver el texto completo de la resolución,  descárguelo aquí.

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Iura novit curia: ¿vientos de cambio en la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de justicia? *

    Dr. Luis Mariano Arguello Rojas **

A lo largo del tiempo, el repetido y poco examinado brocardo iura novit curia ha tenido ingentes repercusiones en la resolución efectiva de cientos de conflictos residenciados en Sede Judicial, siendo aquella máxima de amplio uso en la práctica jurisdiccional costarricense. Su radio aplicativo no es patrimonio exclusivo de una materia o jurisdicción, encontrando “carta de ciudadanía” en ámbitos tan variados como lo penal, civil, laboral, agrario, familiar y hasta contencioso-administrativo. Una simple búsqueda en diversos compendios jurisprudenciales, sean estos físicos o digitales, comprueban esta situación.

En su versión más tradicional —y la cual durante muchos años ha sido la tesis imperante en suelo nacional— se entendió que con la implementación del iura novit curia, se materializaba una visión procesal mediante la cual “el Juez o la jueza conoce el derecho” y derivaba consecuentemente en el entendimiento de que el Tribunal Sentenciador no se hallaba atado por los errores jurídicos, imprecisiones de citación normativa o las omisiones de fundamentación legal de las partes procesales, dado que, palabras más, palabras menos, en la búsqueda del derecho todos los caminos se hayan abiertos ante él. En suma, para este criterio jurisdiccional la persona juzgadora aplicará (en tesis de principio) el derecho con prescindencia o en contra de la opinión jurídica de las partes dado que le corresponde calificar la relación sustancial en litis y determinar la norma que estime adecuada.

 Haciendo una apresurada síntesis de la visión mayoritaria e imperante de los últimas décadas, se entiende —¿o entendía?— que la utilización de un fundamento jurídico distinto por parte del Tribunal Sentenciador a la hora de la resolución del caso no acarreaba vicio procesal alguno, pues en varios precedentes se insistía en que si bien las partes procesales intervinientes aportan los elementos fácticos (entiéndase en rigor: quaestio facti) del litigio, es al órgano jurisdiccional al que le corresponde calificarlos jurídicamente (esto es: quaestio iuris).

Así, por ejemplo, se citaba que: “(…) es inconcusa la facultad del juzgador para determinar libremente la regla de Derecho aplicable al caso. Por eso se dice que las partes suministran los hechos y al Juez le corresponde decir el Derecho, regla que se condensa en el aforismo latino «narra mihi factum dabo tibi jus”. (A modo de simple ejemplificación de esta tendencia jurisprudencial entre decenas de votos, se pueden citar en forma variada: Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Votos: i. N° 73 de las 14 horas treinta minutos del 13 de agosto de 1997, ii. N° 000301-F-2007 de las 11 horas 15 minutos del 26 de abril del 2007, iii. N° 421 de las 14 horas 50 minutos del 9 de abril de 2013, iv. N° 23 de las 10 horas del 18 de enero de 2018, así como también: v. Tribunal Primero Civil de San José, Voto 492-2C del 26 de junio del 2014 y vi Tribunal de Apelación Civil y Laboral de Alajuela (Sección Extraordinaria) Voto N° 364 de las 14 horas y 22 minutos del 18 de septiembre de 2018).  

Ahora es imperioso indicar que recientemente en un interesantísimo precedente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Voto N° 001724-F-S1-2023 de las nueve horas treinta y seis minutos del doce de octubre de dos mil veintitrés, la citada Sala Casacional dispuso que un Tribunal Sentenciador no está facultado en casos de responsabilidad civil para variar y/o ajustar de oficio el régimen jurídico aplicable, de suerte tal que si la parte actora invoca una responsabilidad civil extracontractual subjetiva por culpa (v.gr. Art 1045, Código Civil), el Tribunal no puede reconducirla por una responsabilidad civil objetiva por derecho del consumidor (v.gr. Art 35, de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor) pues aquello implicaría un quebranto de la obligación de congruencia jurisdiccional y por ende una severa vulneración del derecho de defensa que acarrea la nulidad del fallo.

De esta forma, se dibujan nuevos contornos limitativos para la implementación del iura novit curia. Así en aquella sentencia casacional (Caso Araya vrs Deportivo Saprissa) se dispuso:

En el caso concreto, la parte actora siempre basó su reclamo en los elementos: imprudencia y negligencia, aspectos que fueron controvertidos. Además, en uso del principio dispositivo, de manera libre y voluntaria, sustentó su pretensión resarcitoria en el régimen jurídico de la responsabilidad civil extracontractual subjetiva que establece el numeral 1045 del Código Civil. Pudiéndolo haber hecho, la actora no citó, en ninguna parte de su demanda, el numeral 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. En consecuencia, no hay duda de que la introducción de la temática del consumidor y de las relaciones de consumo, en el fallo recurrido, ha sido sorpresiva, máxime, tratándose de una ley que tiene como fuente de inspiración una orientación filosófica y jurídica muy particular, que se aparta de los postulados básicos de la responsabilidad subjetiva. De esta manera, como lo afirma la casacionista, se vio imposibilitada para defenderse, mediante argumentos dirigidos a desvirtuar la responsabilidad objetiva contemplada en ella, sobre todo, en punto a la descarga probatoria que esa normativa le impone, en su carácter de comerciante. Es notoria la implicación que trae consigo modificar la causa de pedir, el destino de las pruebas y las pretensiones, que siempre se basaron en los elementos de la responsabilidad subjetiva, para aplicarse un paradigma diferente con requisitos probatorios distintos, sorprendiendo a la demandada quien planificó su estrategia de defensa sobre el debate definido por la parte actora. Este es el sentido por el cual el casacionista afirma que, en el presente caso, el objeto del proceso y lo debatido se modificó, invirtiéndose la carga probatoria en perjuicio de su representada, porque ejerciendo su defensa en virtud de un reclamo basado en responsabilidad subjetiva por culpa (imprudencia y negligencia), no le correspondía ajustarse a las reglas probatorias del régimen objetivo. Según el planteamiento jurídico de la demanda, era de resorte exclusivo de la actora demostrar, además de la existencia del daño y del nexo causal, los elementos subjetivos de imputación. Sin embargo, al aplicarse la referida legislación e invertirse la carga de la prueba, se sometió a la demandada a las previsiones del artículo 35, en el supuesto de asumir que el daño derivó del servicio prestado, todo, dentro de un terreno jurídico propio de las relaciones de consumo, con conceptos, principios e instituciones que la demandante no planteó ni trajo a discusión, al fundar su pretensión en otro fundamento de Derecho, muy diferente al aplicado. En definitiva, la decisión adoptada por el Ad-quem conculca los principios del debido proceso, de defensa y del contradictorio, que gobierna al proceso civil (…) lo que impone acoger el recurso en este particular, anular el fallo y reenviar el expediente para su nuevo dictado”. (Destacado es propio).

Más allá de nuestras imprecisiones particulares por este novedoso criterio[1] consideramos imperativo que la comunidad jurídica nacional esté al tanto de estas nuevas visiones jurisprudenciales que sin duda alguna pueden generar cambios de tratamiento en procesos pendientes de resolución o que de una u otra manera se relacionan con tales tópicos. Sea como fuere, es vitar insistir en que con este remozado criterio jurisprudencial se genera a nuestro humilde criterio, una visión distinta de entender el iura novit curia y su interacción con el debido proceso. Sería atractivo cimentar un debate entre las nociones en pro o en contra de esta postura, siempre claro está, dentro de un ámbito de respeto y que busque lo mejor para el sistema de administración de justicia.

Resta por indicar, que las personas dedicadas al ejercicio del litigio (principalmente en el campo civil) deberán ser más que cuidadosas y prudentes a la hora de calificar jurídicamente la teoría del caso que presentan a estrados judiciales, en igual sentido, la defensa podría eventualmente echar mano de esta visión, para resistir cualquier posible variación del tratamiento jurídico invocado por la parte demandante. Veremos que nuevos senderos se trazan.

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[1] Habíamos advertido nuestras reservas contra la visión tradicional del iura novit curia y las inadvertidas implicaciones que aquella tendencia generaba sobre el derecho de defensa, por lo cual postulábamos algunas posibilidades procesales para una mayor compatibilización de cara a las garantías y tutela de derechos fundamentales dentro del sistema de enjuiciamiento civil: Argüello L. M. (2019). Iura Novit Curia e implicaciones para el derecho de defensa: una anotación al margen desde el derecho procesal civil costarricense. Revista Judicial, 127.

* La presente reflexión se plantea con afán medularmente de opinión académica y no representa la postura institucional del lugar de trabajo del autor.

** El autor es doctor en Derecho por la Universidad Estatal a Distancia; máster en Administración de Justica Enfoque Sociojurídico con énfasis en Derecho Civil de la Universidad Nacional de Costa Rica y máster en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia. Es especialista en derecho notarial y registral por la Universidad de Costa Rica (UCR). Es licenciado en Derecho con énfasis en Derechos Humanos por la UCR. En el 2011, fue medalla de honor y obtuvo el primer promedio del Sistema de Estudios de Postgrado en Derecho y del Área de Ciencias Sociales (a nivel de especialidad) de la UCR. En el 2019, obtuvo el primer promedio en el posgrado cursado en la UNA. En general, todas sus graduaciones han sido con distinción. Desde el 2012, es juez de la república y ha desempeñado su cargo en la Jurisdicción Civil y Contencioso-Administrativa. Actualmente labora como Juez 5 de Apelación Civil. A partir del 2015, es profesor de derecho en la UCR (sede de occidente). Es autor de dos libros y más de veinte artículos de investigación publicados en revistas jurídicas especializadas a nivel nacional y latinoamericano. Ha fungido como facilitador en la Escuela Judicial y director de varios TFG presentados en la UCR. Es investigador, conferencista y par valuador de la Revista de Ciencias Jurídicas de la UCR. Integrante de la Asociación Costarricense de la Judicatura y miembro fundador del Instituto Panamericano de Derecho Procesal- Capítulo Costa Rica. Correos electrónicos: luis.arguellorojas@ucr.ac.cr / arguellomariano@gmail.com.

 

 

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Doctorando en Derecho y Máster en Derecho Constitucional por la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Tiene una Especialidad en Derecho Notarial y Registral por la Universidad de Costa Rica (UCR). Es Licenciado en Derecho con énfasis en Derechos Humanos por esta misma Universidad. Becario por el Poder Judicial de la Maestría en Administración de Justica Enfoque Sociojurídico con énfasis en Derecho Civil de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). En el 2011 fue medalla de honor y obtuvo el primer promedio del Sistema de Estudios de Postgrado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Todas sus graduaciones han sido con distinción. Ha obtenido nota 100 en exámenes de la Judicatura referentes a materia Civil y Contencioso Administrativa. A partir del año 2012 ejerció como Juez de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Actualmente funge como Juez Civil. Desde el año 2015 es profesor de Derecho en la UCR (Sede de Occidente). Autor de diversos artículos de investigación. Miembro de la Asociación Costarricense de la Judicatura. Correos electrónicos: luis.arguellorojas@ucr.ac.cr / arguellomariano@gmail.com

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