Integración paritaria de las Juntas Directivas de las Asociaciones

Recientemente la Sala Constitucional emitió el voto 004630-2014 mediante el cual analiza la constitucionalidad de la reforma que introdujera la Ley No. 8901, publicada en diciembre de 2010 a la Ley de Asociaciones No. 219, a la Ley de Asociaciones  Solidaristas No. 6970, a la Ley de Desarrollo de la Comunidad y a los artículos del Código de Trabajo referentes a las asociaciones sindicales, en tanto prescribió que en el supuesto de que el órgano de gobierno se encuentre conformado por un número impar de miembros, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no puede ser superior a uno.

La medida tuvo como objetivo garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de gobierno de todas estas asociaciones.

En voto extenso y fundamentado, la Sala IV llega a las siguientes conclusiones:

1) Más que constituir una medida de discriminación inversa o compensatoria, con la reforma cuestionada se ha establecido una acción afirmativa de equilibrio entre géneros. Fórmula bidireccional, por cuanto asegura esa proporción igualmente a uno u otro género.

2) Sobre las acciones afirmativas en materia de género y los principios de libertad, igualdad, libertad de asociación y sindicación, se desprende que la Ley de Porcentaje Mínimo está acorde con la normativa internacional y constitucional, y constituye una medida legislativa de acción afirmativa que efectivamente resulta acorde con el principio de igualdad.

3) No se encuentra por ende que la medida de acción afirmativa tendente a lograr la paridad de género en los puestos de dirección de las asociaciones sea violatoria del derecho a la libertad, de la libertad de asociación o sindicación, pues esa medida opera como un límite o restricción válido al ejercicio de dichas libertades dentro de un sistema político democrático. En este sentido se declara sin lugar la acción planteada.

4) Sin embargo, una aplicación e interpretación rigurosa y literal de la Ley de Porcentaje Mínimo podría conducir a varios resultados indeseados, como lo sería: -la supresión de aquellas asociaciones que por su objeto, propósitos y carácter constituyen asociaciones de afiliación exclusivamente masculina o femenina, por ejemplo, ciertas asociaciones religiosas o algunas asociaciones feministas. -la paralización de asociaciones donde resulta imposible cumplir con la paridad, no por discriminación a uno u otro género sino por inopia de hombres o mujeres suficientes, por lo que debe interpretarse que esta exigencia de paridad es progresiva y escalonada, en el sentido de que, cada vez que se renueven las órganos directivos debe darse un avance –y nunca un retroceso- en la paridad de hombres y mujeres, siempre que ello sea posible fáctica y proporcionalmente según la integración total de la agrupación, ello para ir de la mano de los cambios sociales necesarios para que las mujeres puedan y estén en mejor capacidad para involucrarse en las directivas de las asociaciones.

 En consulta al Registro de Asociaciones sobre lo que tendrían que hacer aquellas Asociaciones que no logren cumplir con este  equilibrio en el nombramiento de sus directores, nos suministraron la siguiente sugerencia de texto a ser incorporado en el acta de Asamblea de Asociados:

«Se acredita que se hizo uso de los medios necesarios para publicitar y dar a conocer la fecha de inicio y cierre de postulaciones para conformar las nóminas en el proceso de elección, a efecto de garantizar una adecuada participación de género.   Sin embargo, a pesar de lo realizado, fue materialmente imposible cumplir con lo establecido en la Ley debido a la poca participación (femenina o masculina – según sea el caso) a la hora de la elección.   Por lo que solicitan al Registro se inscriba lo que fue la voluntad de los asambleístas.»