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Giro de dineros del Fondo Notarial para pago de daños y perjuicios

A solicitud de la Dirección Nacional de Notariado nos permitimos copiar el siguiente comunicado:

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GIRO DE DINEROS DEL FONDO DE GARANTÍA NOTARIAL EN CASOS DE ARREGLOS EXTRAJUDICIALES HOMOLOGADOS

De conformidad con el acuerdo 2015-030-001, tomado en la Sesión N°030-2015 del Consejo Superior Notarial, el giro de dineros del Fondo de Garantía Notarial, para cubrir el pago de daños y perjuicios en los casos de arreglo conciliatorio homologado por el juez mediante resolución firme, es procedente siempre y cuando esos daños y perjuicios se hayan producido como consecuencia directa, y sin lugar a dudas, exclusivamente de la actuación notarial. Lo anterior de conformidad con los artículos 9,16, 151,154 y162 del Código Notarial, 134 del Código Procesal Civil, 9 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, y 106 de los Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio Notarial

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Descargue haciendo clic a continuación el aviso oficial remitido por la DNN:   Descargar aviso

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

1 Comentario

  1. Melvin • 27 enero, 2016

    IMPORTANTE ES QUE LAS PERSONAS Y ASESORES LEGALES SE ASEGUREN QUE LA SENTENCIA O RESOLUCIÓN JUDICIAL ORDENE EXPRESAMENTE LA INDEMINZACIÓN CON CARGO AL FONDO DE GARANTIA NOTARIAL Y DISPONGA EL MONTO EXACTO A INDEMNIZAR. En este orden es relevante recordar que ni BN-VITAL ni la DNN poseen competencia para definir el monto ni para ejecutar más, menos o diferente a lo que la orden judicial disponga. Corolario de ello es imperativo recordar al menos 5 normas legales: artículos 629, 692 y 700 del Código Procesal Civil, y 488 del Código Procesal Penal, y sin duda el párrafo 2 del numeral 163 del Código Notarial, la cuales establecen el marco de legalidad básico de ejecución de sentencias en las jurisdicciones civil, penal y disciplinaria notarial. Estipulan que se aplicarán las normas del Código Procesal Civil, cuyo numeral 629, en lo conducente, dispone: “La ejecución de la sentencia firme, o de la que se permite ejecutar previa garantía de resultas, se ordenará siempre a gestión de parte, por el tribunal que hubiere conocido en primera instancia, y sólo que legalmente no pudiera hacerse por éste, se hará por el tribunal que corresponda.” En su necesaria relación, el artículo 692 ibidem, estatuye que: “Cuando en una sentencia y en otra resolución se condene a pagar una cantidad líquida y determinada, se procederá al embargo, avalúo y remate de bienes”; y según el 700 del mismo Código: “Tratándose de ejecución de sentencia con condena de hacer, de no hacer, de entregar alguna cosa, o de cantidad por liquidar, si no se pudiere conseguir el inmediato cumplimiento por cualquier causa, podrá decretarse el embargo de bienes, a instancia del acreedor, en una cantidad suficiente, a juicio del tribunal, para asegurar los derechos de aquél”. La anterior relación de normas lleva a establecer con claridad que los procesos de ejecución de sentencia por daños y perjuicios declarados en sentencias dictadas en la jurisdicción civil común o disciplinaria notarial, deberán tramitarse en el juzgado de primera instancia en que inició el proceso, y no por autoridad administrativa alguna, sino sólo por autoridades jurisdiccionales. En cuanto a las condenatorias recaídas en la jurisdicción penal, el artículo 488 del Código Procesal Penal, dispone: “Competencia. La sentencia que condene a restitución, indemnización o reparación de daños y perjuicios, cuando no sea inmediatamente ejecutada o no pueda serlo por simple orden del tribunal que la dictó, se ejecutará por el interesado ante el juez civil o contencioso administrativo, según corresponda.”. ASÍ LAS COSAS, ES MUY IMPORTANTE QUE UNA IDONEA ASESORÍA LEGAL ENCAMINE A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES A DICTAR LAS SENTENCIAS CON MERIDIANA ESPECIALIDAD, ESPECIFICIDAD Y PUNTUALIDAD, CASO CONTRARIO LA RECLAMACION A CARGO DEL FONDO DE GARANTIA NOTARIAL PODRIA TORNARSE ILUSORIO.

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