Unicamente las personas físicas pueden obtener certificados de firma digital. Por consiguiente, el representante legal o personero de una sociedad realiza la declaración de accionistas utilizando ese certificado “personal”. En el caso de los notarios, efectivamente sería el mismo que utilizamos para enviar el índice electrónico al Archivo Nacional cada quincena.

Nosotros entendemos que el notario público que confecciona el poder debe ingresar primero a la plataforma para “registrar” dicho poder especial, adjuntando incluso el texto del documento. Una vez que el Notario cumple con este primer paso, el apoderado puede ingresar al sistema para registrarse y para cumplir con la declaratoria de accionistas en el momento correspondiente.

Gracias por la respuesta. Hoy estuve trabajando en la confección de un Poder Especial para el cumplimiento, tanto de la inscripción previa, como de suministro de distribución accionaria y me surgió la duda de quién es la persona que deberá interactuar con la plataforma, si es el apoderado o el Notario que genera el poder, ya que la norma habla de que el Notario deberá certificar, mediante una herramienta que contendrá el sistema, ciertos aspectos del poder. Ustedes conocen si es el Notario o el Apoderado el que deberá suministrar la información, o si bien deben participar ambos en la plataforma.

Nos parece que en efecto lo dispuesto es que los representantes designados en cada tipo de persona jurídica o bien las personas que se acrediten en su representación cumplan con “registrarse” dentro de la plataforma como paso previo para cumplir con la declaración de los accionistas y beneficiarios finales, obligación que iniciará a partir de marzo del presente año. En principio ya debería estar disponible la plataforma CENTRAL DIRECTO para el Registro de Accionistas. Hoy estuvimos intentando encontrar la forma de “registrarnos” para cumplir con esta obligación pero no la hallamos. Vamos a tratar de averiguar directamente en el BCCR que es la entidad encargada del sistema.

Vemos que en el art. 7 de la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal se establece lo siguiente: “La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), mediante una resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad y trazabilidad de la información. Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o la Dirección General de Tributación, de acuerdo con el ámbito competencial de estos órganos.” Pensamos que de existir una orden judicial sí podría corresponder el suministro de información para los efectos de su consulta: pensiones alimentarias, bienes gananciales, etc Sin embargo, vamos a tratar de obtener una respuesta oficial sobre el particular.

Estimada Meylin.- Sus consultas son muy atinadas. Vamos a levantar un listado con todos los comentarios que se han hecho sobre este tema, para elevarlos a conocimiento del Ministerio de Hacienda que nos indican es la entidad encargada de resolver estos cuestionamientos.