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Eliminan consulta preceptiva de constitucionalidad en revisión de sentencias penales

El segundo párrafo del art. 102 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, que dejará de regir a partir del próximo 28 de febrero de 2012, con la entrada en vigencia de la Ley No. 9003 publicada ayer en La Gaceta, establece lo siguiente:  (Transcribimos el numeral completo)

 «Artículo 102.-

 Todo juez estará legitimado para consultarle a la Sala Constitucional cuando tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento.

 Además, deberá hacerlo preceptivamente cuando haya de resolver los recursos de revisión a que se refiere el artículo 42 de la Constitución Política, fundados en una alegada violación de los principios del debido proceso o de los derechos de audiencia o defensa; pero esto solamente para los efectos de que la Sala Constitucional defina el contenido, condiciones y alcances de tales principios o derechos, sin calificar ni valorar las circunstancias del caso concreto que motiva el respectivo recurso.»

El art. 42 de la Constitución Política reza así:

«Artículo 42.-

Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo punto. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible.  Se prohíbe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión.»

En la exposición de motivos del Proyecto de Ley No. 17.325 que desde junio de 2009 pasara a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y que finalmente se aprobara como Ley de la República el 3 de octubre pasado, pero con un plazo de tres meses para su entrada en vigencia, se establecen con claridad, las justificaciones por las cuales, en un momento, se consideró necesaria la existencia de dicha consulta preceptiva de constitucionalidad así como los razonamientos por los cuales  debe ahora suprimirse.

 «Con la creación de la Sala Constitucional en 1989 (mediante Ley N.° 7128, de 18 de agosto de 1989) y de la emisión de la Ley de la jurisdicción constitucional (Ley N.° 7135, de 11 de octubre de 1989), se reformó el procedimiento de revisión en el Código de Procedimientos Penales de 1973, introduciéndose una nueva causal de revisión, esto por la indicada violación al debido proceso. La razón invocada para dicha reforma era hacer posible que la jurisprudencia que fuera a dictar la Sala Constitucional pudiera incidir en el desarrollo de los principios que sustentan el debido proceso. Una de las consideraciones era que, con la creación de la Sala, se lograría una lectura constitucional del proceso penal, que no necesariamente coincidiría con la que hasta ese entonces se había venido sosteniendo. Para lograr lo anterior se estableció en la Ley de la Jurisdicción Constitucional que, al dársele trámite a un procedimiento de revisión en que se reclamara violación al debido proceso o al derecho de defensa, fuese necesario realizar una consulta preceptiva ante la Sala Constitucional para que determinara si lo alegado tenía relación con dichos principios. La causal de revisión por violación al debido proceso se mantuvo en el Código Procesal Penal de 1996.

 Durante los diecinueve años transcurridos a partir de la introducción del motivo de revisión indicado, la Sala Constitucional ha dictado una extensa jurisprudencia en la que ha desarrollado y precisado los alcances del debido proceso. A manera de ejemplo puede consultarse en particular la resolución N.º 1739-92 de la Sala Constitucional.

 Todo lo anterior ha llevado a que dicha Sala, a partir de la sentencia N° 2001-09384, de las 14:46 horas, de 19 de setiembre de 2001, haya reconocido que dado el desarrollo jurisprudencial en esta materia, ya se han definido con claridad los alcances del debido proceso y sus derivados, por lo que en principio ya no es necesario realizar la consulta preceptiva.»

A los anteriores razonamiento se suman  las siguientes consideraciones de una naturaleza más práctica:

«En Costa Rica, la existencia de la causal de revisión por violación al debido proceso ha provocado una verdadera perversión de este instituto jurídico y ha traído consecuencias operativas inmanejables. Hoy día la cosa juzgada material es prácticamente inexistente en materia penal. Se usa y abusa de la acción de revisión por violación al debido proceso, de manera que en la mayoría de los expedientes se intentan diversas acciones, dosificadas y por los más variados motivos. Hay litigantes que promueven la constante y reiterada interposición de estas acciones, sin mayores posibilidades reales de prosperar, pero manteniendo en las personas condenadas la expectativa de que en algún momento, una circunstancia procesal extraordinaria las hará salir de la cárcel antes de lo previsto. Esto atenta no solo contra el principio de seguridad jurídica sino contra los derechos mismos de las personas condenadas que viven pendientes de una posibilidad que es totalmente improbable. De paso, el Tribunal y la Sala de Casación se ven saturadas de expedientes y con serios problemas para atender adecuadamente la demanda de justicia con los recursos disponibles.    (…) 

En razón de ello se considera conveniente eliminar el segundo párrafo del artículo 102 de la Ley de la jurisdicción constitucional, para suprimir la consulta judicial preceptiva en los casos del procedimiento de revisión. Se mantendría la consulta judicial cuando el juzgador tenga dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento.»

Si desea conocer el texto completo del Proyecto de Ley 17.325 descárguelo a continuación:    PROYECTO DE LEY 17.325

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

1 Comentario

  1. Danilo Loaiza Bolandi • 30 noviembre, 2011

    Dado que, como se dice en el comentario, el Recurso de Revisión en la práctica pasó a ser de extraordinario a mas que ordinario, que dada la abundante jurisprudencia y desarrollo de los Principios del Debido Proceso Penal resulta absurdo mantener la obligada consulta a la Sala Constitucional, cuyas puertas estarían siempre abiertas para casos verdaderamente excepcionales. A estas alturas con la basta jurisprudencia constitucional no se debería estar recurriendo a ella y cuando un Juez resuelva a contrapelo a lo ya resuelto por la Sala Constitucional lo procedente es denunciarlo por prevaricato. Dónde se da mas violación a la jurisprudencia constitucional es en sede administrativa y claro está en el Juzgado Notarial en donde aplican el Derecho Procesal Civil para resolver asuntos de naturaleza punitiva.

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