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Documentos que pueden mostrar los abogados sin violentar el secreto profesional

En junio pasado, la Asesoría Legal del Colegio de Abogados emitió opinión jurídica sobre la interpretación auténtica del artículo 42 del Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho, relativo a las situaciones ante las cuales  «cede» el secreto profesional.   El punto específico de consulta de los colegas que elevaron su inquietud a la Comisión de Derecho Tributario del Colegio de Abogados era si «la acusación» a la que se refiere dicha norma debe entenderse que lo es exclusivamente en el campo penal, o si dicho concepto se puede hacer extensivo a un traslado de cargos determinativo de obligaciones tributarias.

Así reza el artículo en cuestión:

“Artículo 42.- La obligación del secreto profesional cede a las necesidades de la defensa del abogado y la abogada cuando es acusado (a), en cuyo caso revelarán lo indispensable. También podrán revelar la información necesaria a efecto de medir la complejidad del asunto para el ejercicio del derecho de cobro de sus honorarios. Excepcionalmente, el abogado y la abogada podrán revelar el secreto profesional para evitar la eventual condena de un inocente.” (El subrayado no es del original)

En un análisis de más de cuarenta  y siete folios, el Lic. Arnoldo Segura Santiesteban, asesor legal del Colegio de Abogados, desarrolla en forma muy completa este instituto,  iniciando por su referencia histórica dentro del derecho griego, romano y  español antiguo, en el  common law y finalmente la regulación que ha tenido y recibe actualmente dentro de la normativa costarricense.

Agradecemos al Lic. Segura que nos hiciera llegar copia de este importante estudio y recomendamos fuertemente su lectura íntegra, en la que podrán apreciarse gran cantidad de observaciones, notas al pie y referencias bibliográficas de los textos jurisprudenciales y doctrinarios consultados por don Arnoldo en la preparación de su informe.

De previo a transcribir algunas de las principales conclusiones, conviene que repasemos la definición que de secreto profesional se establece en el artículo 41 del mismo Código de Deberes Jurídicos, Morales y Éticos del Profesional en Derecho: «Artículo 41.-  Constituyen secreto profesional las confidencias que se hagan al abogado o abogada con ocasión de su ejercicio profesional por parte del cliente, del adversario, de los colegas, las que resulten de entrevistas para conciliar o transar y las de terceras personas. Asimismo, estarán bajo secreto profesional el conocimiento obtenido con ocasión del ejercicio profesional de los documentos privados, los documentos que reciba y su contenido. Es prohibido revelar la información obtenida bajo secreto profesional con las excepciones establecidas en el artículo siguiente. (…)»

Entrando de lleno al análisis del artículo 42 antes transcrito, el Lic. Segura establece lo siguiente:

«Para determinar la ratio legis de esa norma se debe tener en consideración dos cosas: En primer término, que la norma en cuestión resguarda o garantiza el derecho de defensa a favor del abogado. Siendo el derecho de defensa un derecho humano y fundamental, su interpretación debe ser realizada a luz de los principios hermenéuticos que rigen la materia (derechos humanos y fundamentales), sea los principios pro homine y de interpretación expansiva. (…)  Por esa razón, ha de tenerse claro que cuando la norma transcrita hace mención a la frase “es acusado”, debe interpretarse que se refiere a toda denuncia, acusación o imputación de naturaleza administrativa o judicial de la que sea objeto el Abogado, a fin de que pueda ejercitar a plenitud su derecho de defensa. En segundo término, también debe tenerse claro que para que esa denuncia, acusación o imputación de naturaleza administrativa o judicial, exima del secreto profesional al Abogado, debe haber sido presentada o interpuesta por el cliente de éste. Sólo en esa hipótesis de conflicto con el cliente es que el Abogado está facultado para revelar el secreto profesional en defensa de sus intereses, cualquier otra denuncia, acusación o imputación que le sea hecha al abogado por un tercero, incluidas todas aquellas provenientes de la administración tributaria (requerimientos de información propiamente, labores de fiscalización, etc.) no lo relevan del secreto profesional.»

Secreto profesional y obligación del profesional de brindar información a la Administración Tributaria cuando es investigado

Don Arnoldo se refiere expresamente a este tema en su estudio. Es el caso de colegas que a efecto de comprobar su situación tributaria, han cedido ante las solicitudes de funcionarios de Tributación de entregar copia de contratos y documentos privados u otros reportes confidenciales rendidos por sus clientes.

Señala don Arnoldo que para el Colegio, éstas prácticas suponen un grave abuso y una evidente desviación de poder de parte de estos funcionarios en franco detrimento de la abogacía.

 «…  el artículo 105 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT) establece la obligación de todas las personas de brindar a la Administración información de trascendencia tributaria cuando esta lo requiere. Establece, además, las excepciones a ese deber de informar, excluyendo, entre otras, a las personas que por disposición legal expresa, pueden invocar el secreto profesional en cuanto a la información amparada por él. Y manifiesta que los profesionales no podrán alegar el secreto profesional para impedir la comprobación de su propia situación tributaria.

Esta norma, a criterio de esta corporación, ha sido mal interpretada por la Administración Tributaria, dando pie con ello a la comisión de una serie de abusos en contra de los abogados que son investigados por el fisco, que no pueden ser pasados por alto por este Colegio y que lo obligan a este pronunciamiento, en virtud del deber de defensa de los derechos de sus agremiados y de la profesión, según lo que establecen los incisos 1, 4 y 6 del artículo 1 de nuestra Ley Orgánica.

A los efectos de sustentar nuestra posición, empezaremos por mencionar, como lo hicimos líneas arriba, que el secreto profesional está inevitablemente unido a la tutela de derechos fundamentales como lo son el derecho de defensa, el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad como manifestaciones del paradigma de la libertad, según lo ha reconocido la doctrina internacional.

En nuestra Constitución Política el artículo 24 protege el derecho a la intimidad señalando expresamente la inviolabilidad de los documentos privados. Se considera como documento de ese tipo, toda grafía incorporada al papel, sea cualquier tipo de escrito no expedido por funcionarios públicos dentro del límite de sus atribuciones. Esta definición está en consonancia con la dada por la doctrina comprada que lo conceptualiza como “aquel que las partes o terceros, conjunta o aisladamente, extienden sin intervención de funcionario público”.

Ahora bien, la potestad de obtención de información diferente a la contenida en los libros de contabilidad y sus anexos, que posee la Administración tributaria, se reduce al límite que el propio artículo 105 del CNPT le impone con el concepto de “trascendencia tributaria”. Consecuentemente, la Administración sólo podrá pedir a los abogados investigados información que tenga esa “trascendencia tributaria”.

Nos dice Adrián Torrealba Navas que “el concepto de trascendencia tributaria puede ser visto en un doble sentido: por una parte, como una valoración de la pertinencia de una información para determinar ciertas obligaciones tributarias; por otra, como una valoración constitucional de los límites que el derecho de intimidad plantea a los requerimientos de información.  (…)  De conformidad con lo dicho hasta el momento, es claro que la costumbre de la Administración Tributaria de requerir la entrega de contratos y documentos privados u otros reportes confidenciales rendidos a clientes, a los abogados que están siendo objeto de comprobación de su situación tributaria, es abiertamente ilegal en el tanto y en el cuanto ese tipo de documentos se encuentran protegidos por el secreto profesional, pues son la materialización del trabajo producido por el Abogado para aquel (su cliente) Así lo ha reconocido la doctrina comparada, señalando que se incurre en una violación del secreto profesional si la Administración, al solicitar los antecedentes y datos de determinadas operaciones, penetra en el ámbito de las relaciones profesionales concretas entre el cliente y el abogado.   (…) EN CONCLUSION: Los requerimientos que la Administración Tributaria hace a los abogados investigados, de entregar copia de contratos y documentos privados u otros reportes confidenciales rendidos a clientes por parte de los profesionales,  son abiertamente improcedentes por ilegales e inconstitucionales.  En razón de ello, debe el Colegio oponerse férreamente a tan nociva práctica administrativa.  Lic. Arnoldo Segura Santisteban. Departamento Legal.»

Para descargar el texto completo de la opinión base de este comentario, haga clic a continuación:   OPINION DEPTO LEGAL SOBRE SECRETO PROFESIONAL

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

4 de 4 Comentarios

  1. Teresita Sánchez • 05 diciembre, 2011

    Tiene razón el colega Pacheco. Me parece que limitar la posibilidad al abogado de revelar información de clientes exclusivamente ante denuncias presentadas por justamente esos mismos clientes, es demasiado restrictivo. Al menos debería permitirse ante órganos como Tributación o la DNN, y por supuesto en denuncias judiciales, cuando se siguen casos contra el abogado y de la revelación de datos, pueda liberarse su resposanbilidad.

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  2. Maria Lourdes • 05 diciembre, 2011

    Excelente, una vez mas gracias al Colegio, que no es sino hasta ahora que empieza a dar la cara, somos ultrajo de cualquiera y debemos de callar . Ahora Tributacion tambien revisara a su antojo las cuentas, solo nos queda el ampara al secreto bancario, esto por cuanto manejamos platas que nos depositan nuestros clientes que como es de conocimiento general no es nuestro, como impuestos y timbres que debemos cancelarlos al registro, sin embargo nos depositan a nuestras cuentas.

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  3. Fernan Pacheco • 05 diciembre, 2011

    Me parece entender que de acuerdo al Art. 42, el abogado solo puede revelar información cuando quien lo acusa es su propio cliente. ¿Como se defiende entonces el abogado cuando un tercero, Tributación, presume como ingresos gravables, todos los fondos recibidos de sus cliente y que se reflejan en sus cuentas bancarias? En este caso, es en el interés del propio abogado revelar la información y demostrar documentalmente que los mismos no corresponden sólo a honorarios sino a transacciones y pagos realizados por cuenta y a beneficio del cliente. Supuestamente los abogados no deberiamos manejar fondos de terceros en nuestras cuentas, pero hasta hace pocos años era una práctica común y no dudo que continúe en cierta medida.

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  4. Dagoberto Mata • 05 diciembre, 2011

    Excelente. Ya era hora que el Colegio salga en defensa nuestra. Miren a los Médicos bien unidos y nosotros que que nos como el Tigre con el Gobierno. Con tanta competencia, tantos colegas en la calle, más los pensionados que salen de la Corte e instituciones a brindar servicios a veces baratos porque claro tienen: A) Pensión, B) Contactos, C) Experiencia de adentro, D) Reconocimiento, etc, etc.

    Sobre el particular el Colegio debe pronunciarse el pensionado, pensionado está y punto.

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