Hola don Berny y a todos los sucripctores y lectores. Claro está que no es posible omitir el requisito del nombramiento del perito para hacer el avalúo de los bienes inventariados. Sin embargo, aquellos/as que sostienen la tesis de que es válido recurrir al “Valor Fiscal” y tienen dudas sobre cómo cobrar los honorarios en virtud de que normalmente, éstos son valores muy por debajo de mercado, me parece que una herramienta posible a utilizar son los valores que se les da en las Municipalidades, por metro cuadrado a los bienes inmuebles del cantón específico donde se ubica. Si esos montos están actualizados pueden darnos un valor más cercano a la realidad. Si el inmueble está construido habrá que “calcular” el valor de esa infraestructura. Por lo tanto, considerando estas opciones y para aquellos que no estamos muy familiarizados con los bienes raíces, lo más sano es contratar el perito que tienes los conocimientos técnicos para ello. Saludos cordiales.

No tenemos conocimiento de ninguna circular específica de la DNN que exija al notario el nombramiento de peritos en forma exclusiva de los listados que manejan en el Poder Judicial. Efectivamente lo último que se nos habían indicado en la DNN fue que cumple el notario con nombrar profesionales que se encuentren debidamente incorporados en los Colegios respectivos.

Estimada Licenciada Leal. Lo que tenemos claro en este momento, como usted bien lo señala, es que desde el punto de vista REGISTRAL, la escritura de adjudicación en la que el Notario dé fe del valor de los bienes con vista de la constancia municipal será aceptada e inscrita. Por otro lado, la DNN también es clara al afirmar que los notarios que no ordenen la realización del avalúo podrán ser denunciados ante la Jurisdicción disciplinaria. Si bien la posibilidad de utilizar la constancia municipal se presenta como más práctica en términos del tiempo de obtención y hasta conveniente a los intereses de nuestros clientes por el menor costo que conlleva, nuestra humilde opinión es que mientras el art. 947 del Código Procesal Civil no sea reformado y siendo clara la posición de la DNN sobre el tema, conviene seguir requiriendo la realización de los avalúos periciales.

Solamente hay una asamblea Legislativa en Costa Rica y esta es la que realiza las leyes.

El Poder Ejecutivo gobierna.

Los Tribunales de Justicia aplican la Ley y la integran, pero no la modifican.

Lo que pasa en Costa Rica es que los empleados públicos y algunos abogados externos a estos
poderes tienen el “Síndrome del Legislador”

Este síndrome se cura con una participación electoral que es abierta a todos los costarricenses, para que postulen su nombre a diputados y si son escuchados por algún ciudadano y los nombran como tales llegarán al congreso y al igual que los actuales diputados se unirán al club para hacer estragos con la ley.

A doña Carmen: El artículo 68 de los Lineamientos para el E dispone que para el nombramiento de peritos, el notario realizará la designación con apego a las normas vigentes y en virtud del principio de independencia y objetividad que rigen la función notarial. En todos los casos deberán observarse los regímenes de impedimentos establecidos por el artículo 136 del Código Notarial y la legislación procesal aplicable. Propiamente en el Código Notarial encontramos que el art. 136 dispone lo siguiente: “El nombramiento de peritos por parte de los notarios, no podrá recaer en empleados ni allegados suyos, tampoco en ninguna persona de las referidas en el inciso c) del artículo 7. El notario deberá designar a personas idóneas que reúnan los requisitos dispuestos por el Código Procesal Civil, y los honorarios se les pagarán con base en las tarifas fijadas por la Corte Suprema de Justicia.” Por consiguiente es posible concluir que los notarios sí están facultados para elegir libremente los peritos que puedan requerirse para la valoración del haber hereditario, siempre que la elección se realice de profesionales debidamente incorporados a los Colegios respectivos. Efectivamente se recomienda utilizar las listas de peritos oficiales que tiene la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, pero sin que tal disposición resulte vinculante.

Ahora, sí el tema en discusión se origina por una directriz dada por una entidad que no es competente, entonces lo saludable sería que se llegara a una solución integral. Lo anterior, y en mi crtiterio causaría un conflicto entre la información que brinda el Registro Público y el criterio que emita un perito profesional al establecer este último un monto diferente al que tiene el Registro Público.

Se podría caer, me parece, en una inseguridad jurídica en detrimento de una colectividad, encareciendo aún más este tipo de proceso, como es el sucesorio en sede notarial.

En principio, debe considerarse que el avaluo que brinde un perito debería ser igual o con una diferencia proporcional aceptable, si y solo si el Registro Público practica avaluos en la misma línea.

Saludos Cordiales.