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Declaran sin lugar primera acción contra Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas

En agosto del año pasado informamos sobre el primer voto de la Sala Constitucional en admitir para estudio de fondo una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 9024 de Impuesto a las Personas Jurídicas. (Sala IV resolverá acción contra la Ley 9024)   Luego, en febrero de este año, tuvimos conocimiento de una segunda acción, admitida también para estudio de fondo.  (Admiten segunda acción esta vez contra toda la Ley 9024)

Ayer recibimos de parte de la Sala Constitucional, copia del voto 7228-13 de las 14:30 hrs del 29 de mayo pasado, mediante el cual se declara sin lugar la primera de las acciones antes indicadas, número 12-008295-0007-CO  establecida contra los artículos 10 y 11 de  la Ley No. 9024.

Si desea conocer el texto completo del fallo puede descargarlo a continuación:  VOTO CONSTITUCIONAL 7228-13

Para quienes no han pagado aún este impuesto y están a la expectativa de una declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, de momento solamente quedaría entonces la posibilidad de que se acoja la acción 12-016277-0007-CO, que como dijimos fue admitida apenas en febrero de esta año, y la cual, según nos informaron esta mañana, se encuentra aún en estudio.

Brevemente nos permitimos ofrecerle el siguiente resumen.

Concretamente fueron dos los motivos de impugnación analizados en el voto:

1) Contravención del  principio  de  caja  única  del  Estado así como la imposibilidad de crear impuestos  para fines específicos.

2) Vulneración de la obligación de la Contraloría General de la República de fiscalizar la liquidación y ejecución del presupuesto de la República consagrados  en los artículos 184 y 185 de la Constitución Política.

Transcribimos en lo conducente, algunos de los argumentos de la Sala IV  en rechazo de la inconstitucionalidad alegada:

«Como se dijo supra, el punto clave está en determinar si al poner un destino específico a un impuesto, se están invadiendo potestades del legislador presupuestario, o si por el contrario, éste está sometido al primero aún en esa materia. Es criterio   de  esta  Sala  que  el  legislador  ordinario  sí  puede, constitucionalmente, crear un impuesto y asignarle un destino específico, y que el legislador presupuestario está obligado a respetar ese destino, salvo en los casos regulados en el artículo 180 párrafo tercero de la Constitución Política, es decir, cuando haya que satisfacer necesidades  urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública, o bien, que por ley ordinaria se elimine el impuesto o se modifique su destino.»

«En el criterio de la Sala, no hay infracción a las reglas constitucionales invocadas, por cuanto los impuestos con destinos específicos no son incompatibles con el principio de caja única del Estado contenido la Constitución Política, siempre que se respeten las formalidades de ingresar y de egresar los recursos por la Tesorería Nacional, como también, porque las disposiciones impugnadas de ningún modo impiden a la Contraloría General de la República ejercer sus competencias de controlar y fiscalizar la ejecución de los presupuestos ordinarios.»

«Si bien es cierto, la regla general  es que los ingresos percibidos por impuestos  no tengan una  asignación específica, sino que vayan a la universalidad  del presupuesto  para que sean destinados  a aquellos fines que por iniciativa del Poder Ejecutivo o por decisión de la Asamblea, se han determinado como los más importantes de satisfacer, lo cierto es que, en doctrina,  se aceptan  excepciones a esta regla y más importante aún, en nuestro país, existe una  tradición constitucional  que expresamente los ha permitido,  según consta en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, cuando se rechazó la tesis de incluir todos los ingresos a una universalidad presupuestaria que se llamó ³unidad de caja´,  que pretendía entre otras cosas, que ningún ingreso tuviera su destino predeterminado.»

«El otro aspecto que se debe dilucidar es si el mecanismo jurídico establecido en las normas impugnadas sirve para soslayar las atribuciones constitucionales  de la Tesorería Nacional, única manera en la que un impuesto con destino específico podría ser inconstitucional.  (…) El mecanismo legal establecido  en el artículo 10 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas no autoriza disponer  de los recursos  sin que pasen por la Tesorería Nacional, por el contrario respeta el principio de caja única del Estado, dado lo establecido en la frase final del artículo 11 de la Ley impugnada, pues reafirma la obligación de ingresar los dineros que por cualquier concepto  se depositan a favor del Estado en las cuentas de la Tesorería Nacional para posteriormente presupuestarlas en la Ley de presupuesto ordinario.»   (Tomado en lo conducente del voto Nº 2013-007228 de las 14:30 hrs del 29 de mayo de 2013)

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

1 Comentario

  1. Ana • 14 noviembre, 2013

    Como seguirá la acción 12-016277-0007-CO, ya que estamos pronto a pagar el impuesto que se genera nuevamente en enero, y no quisiera disolver una sociedad si ésta acción prospera, pero por otro lado no podemos esperar, y no lograr la disolución antes del enero próximo.

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