Varios colegas nos han comentado sobre una situación que lamentablemente se está repitiendo mucho estos días y que conviene que los notarios pongan atención para evitar que sus clientes sean víctimas de estafas inmobiliarias.

Se trata de negociaciones que involucran inmuebles que pertenecieron a sociedades disueltas por morosidad en el impuesto a las personas jurídicas, y en las que aparece en algún momento de su historial de transacciones, la intervención de un liquidador aparentemente nombrado para realizar el traspaso. El problema es que los socios de dichas personas jurídicas disueltas no llegaron a enterarse nunca de lo que estaba ocurriendo hasta un día en que se percataron que las fincas aparecían inscritas a nombre de terceros.

Evidentemente, los nombramientos de estos liquidadores, si bien aparecían inscritos en el Registro de Personas Jurídicas, así como los supuestos procesos de liquidación a que fueron sometidas estas sociedades consistieron en todo un montaje realizado, en muchos casos, con pleno conocimiento y colaboración de notarios que facilitaron dichos traspasos fraudulentos.

Importante por lo tanto realizar estudios históricos de los inmuebles a fin de constatar si en algún momento se encontraron gravados con hipotecas legales, para en ese caso,  investigar con sumo cuidado si los actos posteriores de traspaso fueron realmente autorizados por los legítimos socios de las personas jurídicas disueltas.