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DNN comunica acuerdo sobre matrimonio entre personas del mismo sexo

A solicitud de la Dirección Nacional de Notariado nos permitimos transcribir el siguiente acuerdo tomado por el Consejo Superior Notarial sobre la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al matrimonio entre personas del mismo sexo.

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«LA DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO INFORMA A TODA LA CIUDADANÍA COSTARRICENSE Y ESPECIALMENTE A LA COMUNIDAD NOTARIAL:

Que en virtud de la promulgación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la opinión consultiva OC-24/17 de fecha 24 de noviembre de 2017, en relación con el tema de la “IDENTIDAD DE GÉNERO, E IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN A PAREJAS DEL MISMO SEXO” y en atención del oficio DH-PE-0012-2018 de la Defensoría de los Habitantes, en donde solicita la “divulgación entre los notarios y notarias sobre los alcances que tiene en la práctica profesional lo dispuesto en la Opinión Consultiva …”, el Consejo Superior Notarial, en la sesión Extraordinaria N° 002-2018 celebrada el día jueves 18 de enero del 2018, tomó el acuerdo número 2018-002-024 inciso b), el cual se pone en conocimiento, incluyendo su razonamiento y fundamentación para su promulgación:

“… Para el análisis del tema este Consejo se permite transcribir parcialmente, en forma literal, el contenido de la Opinión Consultiva OC-24/17, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 24 de noviembre de 2017, en donde, en lo que resulta relevante para lo que se acordará, y aclarando que todos los destacados y subrayados no son del original, dice:

“226. No obstante lo expuesto, esta Corte no puede ignorar que es posible que algunos Estados deban vencer dificultades institucionales para adecuar su legislación interna y extender el derecho de acceso a la institución matrimonial a las personas del mismo sexo, en especial cuando median formas rígidas de reforma legislativa, susceptibles de imponer un trámite no exento de dificultades políticas y de pasos que requieren cierto tiempo. Dado que estas reformas son fruto de una evolución jurídica, judicial o legislativa, que va abarcando otras zonas geográficas del continente y se recoge como interpretación progresiva de la Convención, se insta a esos Estados a que impulsen realmente y de buena fe las reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para adecuar sus ordenamientos, interpretaciones y prácticas internos.

227. De cualquier manera, los Estados que aún no garanticen a las personas del mismo sexo su derecho de acceso al matrimonio, están igualmente obligados a no violar las normas que prohíben la discriminación de estas personas, debiendo por ende, garantizarles los mismos derechos derivados del matrimonio, en el entendimiento que siempre se trata de una situación transitoria.

228. Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, en respuesta a la quinta pregunta del Estado de Costa Rica, en torno a si es necesaria la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo, para que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de esta relación, la respuesta de la Corte es que: Los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, para asegurar la protección de los todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales. Para ello, podría ser necesario que los Estados modifiquen las figuras existentes, a través de medidas legislativas, judiciales o administrativas, para ampliarlas a las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Los Estados que tuviesen dificultades institucionales para adecuar las figuras existentes, transitoriamente, y en tanto de buena fe impulsen esas reformas, tienen de la misma manera el deber de garantizar a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, igualdad y paridad de derechos respecto de las de distinto sexo, sin discriminación alguna.

8. De acuerdo a los artículos 1.1, 2, 11.2, 17 y 24 de la Convención es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales, en los términos establecidos en los párrafos 200 a 228.”

La promulgación y vigencia de las leyes en Costa Rica es competencia exclusiva del Poder Legislativo, y además están sujetas al control constitucional de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dado que nuestro sistema de control de constitucionalidad es de carácter concentrado, y recae exclusivamente en ese órgano. (Artículos 10, 121 inciso 1, y 129 de la Constitución Política).

El artículo 14 inciso 6 del Código de Familia, que es una norma de rango legal, no ha sido reformado ni anulado por otra ley posterior, ni tampoco por la vía del control de constitucionalidad, en razón de lo cual se encuentra en plena vigencia.

Con sustento en lo analizado y expuesto, este Consejo determina y acuerda:

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: ACUERDO 2018-002-024:
a) …
b) Que, hasta tanto no se produzca una reforma legislativa, o se emita una sentencia anulatoria en la vía constitucional, las normas que regulan el matrimonio en Costa Rica, en concreto el artículo 14 inciso 6 del Código de Familia, se mantienen vigentes, y por tal razón los notarios públicos, en el ejercicio de su función, deben apegarse a las mismas.
c) …”

Guillermo Sandí Baltodano
Director Ejecutivo
Dirección Nacional de Notariado»

 

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

5 de 5 Comentarios

  1. Andrey • 24 enero, 2018

    Don Mario Solórzano: absolutamente de acuerdo. Ya desde la primera clase de introducción al derecho se recuerda aquel principio jurídico elemental formulado por Kelsen: la regularidad jurídica. Una norma de rango inferior se sustenta en una de rango superior que es anterior y por tanto, no puede oponérsele. La cuestión jurídica está clara: lo dicho por la Corte tiene rango superior a ese artículo del Código de Famila por cuanto ya la Sala se pronunció (allá por el 95) de que la Corte era el órgano natural para interpretar el Pacto de San José y por ende, sus interpretaciones tienen el rango de la norma que interpretan. Consecuentemente, la opinión consultiva de la Corte es absolutamente vinculante. Y quien diga que la Corte violenta nuestra soberanía debería darse una repasada ligera de los princpios elementales del derecho internacional, en particular del conocido y ampliamente aceptado «pacta sunt servanda». Nosotros, soberanamente, nos adherimos a la Corte y en esa medida debemos aceptar sus designios.

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  2. HUGO • 22 enero, 2018

    Excelente el análisis y lo resuelto por la DNN. Ya había indicado más temprano, que esas decisiones no son de aplicación de pleno derecho merced a que lo que propician es abrir un canal de discusión y de reforma legislativa en base a un principio de democracia participativa. Gracias a Punto jurídico por tenernos actualizados sobre este y otros puntos de interés. Un 100…

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  3. Héctor Román Saballos Pomares • 19 enero, 2018

    Un aplauso para el CSN: Así es como se resuelven las cosas en un Estado de Derecho !

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  4. Lic. Mario Solórzano • 19 enero, 2018

    Desde una perspectiva estrictamente legal, el criterio del Consejo es controversial y cuestionable, si partimos de la tesis de que la Sala Constitucional le ha dado, a través de su jurisprudencia, carácter vinculante a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior, ya que las disposiciones legales de nuestro ordenamiento jurídico que resultan contrarias a dicha opinión consultiva devienen «inaplicables» por expresa e imperativa estipulación del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que consagra el principio de inaplicabilidad de las normas que contraríen la Constitución Política, o como en este caso, al Derecho Internacional o Comunitario vigente en el país. Es así como, a mi juicio, de conformidad con dicho principio legal, que se funda además en el principio de jerarquía normativa, las disposiciones o artículos del Código de Familia que ahora resultan literalmente contrarios a la opinión consultiva que por su carácter vinculante se ha integrado a nuestro ordenamiento jurídico son inaplicables sin necesidad de reforma legal ni pronunciamiento de la Sala Constitucional.
    Desde este punto de vista, debe destacarse que la opinión consultiva lo que señala es que «podría ser necesario» que los Estados deban recurrir a medidas legislativas, judiciales o administrativas, para adecuar su legislación interna a los principios que la opinión consultiva consagra, lo que, reitero, no parece necesario en nuestro medio, de conformidad con el citado artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo expuesto, pareciera que el análisis jurídico debería centrarse en el carácter vinculante o no de la citada opinión consultiva, y no en la imposibilidad de su aplicación inmediata por razones de orden legal.

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  5. Plenitud Notarial • 19 enero, 2018

    Excelente. Una flor en el ojal para la DNN; la determinación es consecuente con la soberanía del Estado, la idiosincrasia y valores costarricenses.

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