Estimado don Hernan, gracias por su aporte, el cual, si bien respeto, no comparto en tanto considero que el Princiipio de Inocencia prevalece en todo proceso sancionatorio y considero que no es de recibo que le corresponda al encartado probar su inocencia y no le corresponde al Notario demostrar que los hechos imputados no son ciertos, eso le corresponde a quien acusa, toda vez que una persona o institución podrá deunciar una conducta suceptible de sanción, pero eso no pasa de ser una denuncia la cual para generar una sanción debe ser acreditada, sabemos que los hechos negativos no son suceptibles de ser probados, pero en caso de incumplimiento civil la carga de la prueba se revierte en tanto lo normal es cumplir (v.gr) con el pago de la deuda y el demandante afirma que la deuda no ha sido pagada eso es lo anormal y en ese tipo de casos basta su dicho y es al deudor al que le corresponde probar que si pagó, pero digamos que alquien denuncia a un notario indicando que es falso que haya comparecido a otorgar determinada escritura para sancionar al Notario no bastaría la simple denuncia pues se debe acreditar que el denunciante efectivamente a la hora y fecha no pudo haber comparecido pues estaba fuera del país, pero en una circunstancia con la dicha podría aducir que fue inducido a error en fin el asunto no es tan pacífico y ante una duda semejante, siempre aplicando el Principio de Inocencia, el Notario no podría ser sancionado en tanto no existe certeza de una actuación dolosa o culposa de su parte, ergo, considero que no se puede decir que en un caso como el del ejemplo bastara con decir llanamente que como no probó su inocencia es merecedor del castigo. Pues tal afirmación no es de recibo en nuestro Ordenamiento Jurìdico. Ahora considero que la aplicación de los Principios del Derecho Procesal Civil, en cuanto a regular la aceptación de prueba, sea para admitirla o rechazarla, es una aberración jurìdica y tal aberración ha llevado al extremo de que en el Juzgado Notarial hayan citado al Notario denunciado a que rinda confesión lo cual sin lugar a dudas violenta la Garantía Constitucional de no autoincrimación. Considero que este tema debe ser profundizado y analizado por Juristas Constitucionalistas que al fin y al cabo resultan Penalistas en tanto el Derecho Procesal Penal es el que positivisa e instrumentaliza el Derecho de la Constitución.