Muchas gracias Silvia !!! muy amable !!

Estimado don Alexander, lo que se ha argumentado es que la Ley 9024 no fue declarada inconstitucionalidad en su totalidad, sino solamente tres de sus artículos, dejando “vivos” los demás numerales de la Ley, entre los cuales están los que fundamentan los procesos de disolución y liquidación. Entre ellos el art. 6 que transcribo a continuación para su mejor conocimiento: Artículo 6.- Disolución y cancelación de la inscripción El no pago del impuesto establecido en la presente ley por tres períodos consecutivos será causal de disolución de la sociedad mercantil, empresa individual de responsabilidad limitada o sucursal de una sociedad extranjera o su representante. El Registro Nacional enviará el aviso de disolución al diario oficial La Gaceta, de conformidad con el articulo 207 del Código de Comercio, y procederá a la cancelación de la inscripción y anotación de bienes.

Las deudas derivadas de este impuesto constituirán hipoteca legal preferente o prenda preferente, respectivamente, si se trata de bienes inmuebles o bienes muebles propiedad de las sociedades mercantiles, empresas individuales de responsabilidad limitada o sucursales de una sociedad extranjera o su representante.

No podríamos asegurar la respuesta, pero el Registro Nacional tendría que dar inicio a los procesos de cobro judicial en los respectivos Juzgados civiles, quizás los que por competencia territorial, correspondan partiendo del domicilio social de las personas jurídicas morosas. SAbemos por ejemplo que el año pasado el REgistro notificó mediante edicto publicado en La GAceta a las sociedades que adeudaban el período de impuesto a las sociedades del año 2012. Esta notificación mediante edictos sería el primer paso para poder luego ir a la vía judicial. Puede leer más sobre el particular en nuestra nota: