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Conozca la redacción completa del voto sobre el impuesto a las personas jurídicas

Gentilmente el Lic. Edgardo Campos, promovente de la acción de inconstitucionalidad que diera como resultado el voto 1241-2015 de la Sala Constitucional el pasado 28 de enero, nos hizo llegar anoche la redacción completa del mismo

Se trata de una resolución de 53 páginas.   Para descargarlo haga clic a continuación:   VER VOTO COMPLETO 1241-2015

En los RESULTANDOS se exponen con claridad la totalidad de argumentos que el Lic. Campos esgrimió en sustento de su recurso, y se  resumen  las respuestas a las audiencias brindadas por la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Justicia y Paz, así como lo que argumentó el Lic. Allan Garro Navarro, en su condición de coadyuvante de la acción.

En los CONSIDERANDOS, inician los señores Magistrados por justificar el hecho de que de la totalidad de reclamos presentados por el promovente contra la Ley 9024, en total nueve, solamente se acogieran los relativos a los artículos 1, 3 y 5.   Al constituir el «asunto base» del recurso, un trámite de ocurso registral que formulara don Edgardo contra la denegatoria de inscripción de un poder generalísimo de una sociedad morosa con el pago del impuesto, estimó la Sala que únicamente podía entrar al análisis de aquellos reclamos de constitucionalidad que efectivamente cumplieran con la condición de servir como medio razonable para amparar el derecho o interés que se consideraba violentado.

Por consiguiente se rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad en cuanto a los artículos 2, 3 en parte, 4, in fine, 6, 7 y 8  y se acoge solamente en relación con los numerales 1, 3 y 5 al considerarse infringido el principio de publicidad en el procedimiento legislativo.

Los señores Magistrados consideraron que entre el texto sustitutivo de esos tres artículos, aprobado en la Asamblea Legislativa el 30 de noviembre de 2010 y  el que originalmente había sido aprobado el 10 de agosto de ese mismo año,  sí se introdujeron modificaciones esenciales que obligaban a su necesaria publicación en el Diario Oficial.

«Como corolario del examen realizado, se concluye que los artículos 1, 3 y 5 de la Ley No. 9024, Impuesto a las Personas Jurídicas, son inconstitucionales a la luz de lo dispuesto en el artículo 73, inciso c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.  Lo anterior, por cuanto en la formación de la ley en cuestión se violentaron requisitos o trámites sustanciales relativos a la publicidad del proyecto, principio que como se ha venido reiterando, es básico en un Estado Constitucional de Derecho, más aún cuando de materia tributaria se trata.»    (Tomado textual del voto 1241-2015)

DIMENSIONAMIENTO EN EL TIEMPO DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA

En relación con este tema que ha sido uno de los que más polémica ha generado transcribimos textualmente lo acordado por la Sala Constitucional:

«Ciertamente a tenor del artículo 9) párrafo 1  de la Ley de Jurisdicción Constitucional toda declaratoria de inconstitucionalidad, por principio, tiene electos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma impugnada, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe (eficacia ex tune). Empero, el párrafo del mismo numeral 91 de la ley del rito constitucional habilita a este Tribunal Constitucional para graduar o dimensionar en el espacio, tiempo o la materia sus efectos retroactivos, dictándose las medidas necesarias para evitar graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz social.  En materia tributaria, resulta de primordial relevancia el dimensionamiento en el tiempo de un fallo estimatorio de inconstitucionalidad, habida cuenta. que su electo retroactivo podría generar graves dislocaciones tributarias o financieras, por tratarse de ingresos percibidos por la Hacienda Pública y, en la mayoría de los casos, presupuestado y ejecutados en presupuestos públicos sucesivos. Por lo anterior, se impone dimensionar o graduar en el tiempo la declaratoria de inconstitucionalidad, de manera que la declaratoria de inconstitucionalidad tendrá un efecto prospectivo que se iniciará a partir del periodo fiscal 2016. De modo, que todos los contribuyentes deben pagar el monto correspondiente al periodo fiscal 2015 y, obviamente, los anteriores si se encuentran morosos, so pena de verse sometidos a las multas, intereses y demás sanciones previstas en la ley que ahora se declara inconstitucional»   (Tomado textual del voto 1241-2015)

 Finalmente nos permitimos destacar del voto en comentario, las razones adicionales de los Magistrados Armijo, Jinesta y Salazar en el sentido de que el impuesto a las personas jurídicas resulta inconstitucional por cuanto violenta la capacidad contributiva o económica de los contribuyentes al imponer una tarifa única para todas las sociedades, sin tomar en cuenta sus utilidades o ganancias, y en general, asimetrías.

«Cuando el legislador establece una capacidad contributiva general y abstracta referida a «sujetos-tipo» – las «personas jurídicas»- se quebranta , de manera evidente y manifiesta, el principio constitucional de la capacidad contributiva.   Debe tomarse en consideración que ningún interés o razón superior de orden fiscal, puede quebrantar la capacidad contributiva específica de los sujetos pasivos para concurrir en el sostenimiento de las cargas públicas, por más loable o apremiante que sea el fin del tributo o impuesto que se propone crear el legislador, en el caso concreto, la recaudación para financiar los programas de seguridad ciudadana y combate a la delincuencia.»    (Tomado textual del voto 1241-2015)

Agradecemos al Lic. Edgardo Campos el mantenernos al tanto de la tramitación de este importante recurso.  Transcribimos a continuación opinión de él sobre este voto, ahora que contamos con el texto completo del mismo:

«Según dispone el texto del voto completo al dimensionar los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad en el tiempo, «todos los contribuyentes deben pagar el monto correspondiente al período fiscal 2015 y, obviamente, los anteriores si se encuentran morosos, so pena de verse sometidos a las multas, intereses y demás sanciones previstas en la ley que ahora se declara inconstitucional».

En primer término, no conozco de ningún antecedente de la Sala en que se dimensionen los efectos de una declaratoria de inconstitucionalidad a futuro, pues estamos acostumbrados a que ello se haga hacia atrás por ejemplo contemplando no repetir lo pagado, pero -reitero- nunca hacia futuro.

En un segundo término, al dejar vigente la Ley completa hasta el 31 de enero del 2016 se crea un estado de incertidumbre generalizado y una desconfianza en el contribuyente; pero a la vez algunos contrasentidos. Uno de ellos es el tema de las personerías: suponiendo que el Registro Nacional (definido como la Administración Tributaria de este «impuesto») tenga la capacidad para contratar abogados externos por medio de una licitación y se interpongan los procesos cobratorios contra las más de 450 mil sociedades mororas, surge la interrogante de cómo se certificará su personería si ello está vedado por el texto de la misma Ley? tendrá entonces el Registro que cancelar el impuesto para cobrárselo posteriormente a fin de que la personería esté vigente?, o, lo que es peor, cómo se llevará a cabo la disolución de las empresas si para ello se debe cumplir el debido proceso y notificar a los representantes legales cuya personería debe estar apta para ser certificada?.

Quiero resaltar que tres Magistrados (faltó solamente uno) declararon inconstitucional toda la Ley por violentarse el principio de la capacidad contributiva. Este voto de minoría apoyó mi tesis de que la producción de riqueza en materia tributaria no debe presumirse sino que debe ser demostrada. Lastimosamente no prosperó tal postura.

Por último, quiero agregar que la falta de cumplimiento del principio de publicidad en la producción de nuestras leyes se pone nuevamente de manifiesto y me pregunto: cuántas leyes se habrán aprobado en este país en violación directa de tal principio al no publicarse de forma correcta las modificaciones que en Comisiones legislativas se le introducen?. Y los diputados (as) y sus muchísimos asesores?, y todo el staff de trabajadores legislativos que deben velar por tan elemental aspecto procedimental?  (Hasta aquí transcripción textual de comentario del Lic. Edgardo Campos)

11 de 22 Comentarios

  1. MARIA LOURDES DELGADO JIMENEZa • 25 febrero, 2015

    Mi respeto al colega Campos, valientes y laboriosos colegas como usted es que necesitamos. Una verdadera VERGUENZA Y ABERRACION, lo que la Sala hace, es como bañarse y no cambiarse la ropa, como es que dice que es inconstitucional pero hay que pagar un año mas. Es como matar algo o alguien y decir pero su defuncion es hasta un año despues, QUE VERGUENZA, ya no saben los piliticos como leñatiar mas al pueblo, eso es peligroso, y este gobierno se esta confabulando con las artimañas maliciosas y dañinas.-

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  2. alexander chacon porras • 25 febrero, 2015

    Todavía me queda la duda que pasa con las sociedades que no existen aún, y que para constituirse deben hacer el pago de una ley inconstitucional.
    No encuentro ni el fundamento jurídico ni mucho el fundamento constitucional para hacer el pago.
    En el caso de las sociedades previamente establecidas pues tal vez es posible por que ya existen en derecho con el número de cédula.
    A quien se le puede preguntar sobre ese tema ya que ha generado mucha incertidumbre para los abogados y los clientes.

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    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 25 febrero, 2015

      Lo que entendemos es que las sociedades que están en vías de constitución deben cumplir con el pago del impuesto correspondiente al año en curso pues así quedó establecido en el dimensionamiento que hizo la Sala Constitucional. Es decir son sociedades que como requisito para empezar a existir deben cumplir con el pago del impuesto ESTE año 2015. El monto a pagar depende de la fecha en que sea presentada la escritura al Diario. Cada día dicho el monto se reduce aproximadamente en 500 colones. Sin embargo, será necesario esperar la directriz que el Registro de Personas Jurídicas emita sobre el tema. En consulta que hicimos en días pasados nos indicaron que estaban a la espera del fallo completo.

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  3. Erika Jiménez • 25 febrero, 2015

    Me parece muy interesante este post, y agradecerle al Licenciado Campos su oportuna intervención con este Acción de Inconstitucionalidad.
    Lo que preocupa es que en este país por razones de conveniencia financiera del Estado, se le otorgue validez a futuro a normas abiertamente inconstitucionales, me parece con todo respeto, que es un gran error de la Sala. No discuto que puedan dimensionar el efecto del fallo, lo que discuto es que puedan dimensionarlo a FUTURO. Creo que el texto del artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional zanja el tema:
    «ARTICULO 91. La declaración de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigencia del acto o de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. La sentencia constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales.»
    Más claro no canta un gallo, la norma dice la sentencia podrá graduar o dimensional «en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto RETROACTIVO».
    Y salvo que de un tajo hayan cambiado el significado literal de la palabra retroactivo en los últimos quince segundos, según la Real Academia Retroactivo no es más que aquello que obra o tiene fuerza sobre lo pasado. En tal sentido, tal dimensionamiesto a futuro me parece ILEGÍTIMO absolutamente, porque ni siquiera la parte final del artículo puede considerarse permite un dimensionamiesto futuro.
    Ni hablemos del tema de la capacidad contributiva y la proporcionalidad, estoy totalmente de acuerdo con el Lic. Campos de que la ley violentaba flagrantemente ambos principios.

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  4. Lic. Lenin Segura Bolaños • 25 febrero, 2015

    Da VERGUENZA lo que ha resuelto la Sala Constitucional, que no es más que Legalizar (por un añito más) lo que ellos mismos dictaminan que es ILEGAL. Que mal que estamos … (Total Inseguridad Jurídica). Si de la comunidad jurídica dependiera el puesto de esos magistrados, ya estarían haciendo maletas.

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  5. Lic. Luis Diego Jiménez • 25 febrero, 2015

    Resulta inconcebible que una ley (o varios artículos de la misma) declarados inconstitucionales tengan efectos jurídicos a futuro. Esto suena a una interpretación galáctica de la constitución política. Señores Magistrados por favor sean más cuidadosos con sus votos, trataron de quedarle bien a todos y les resultó en un desaguisado. Al distinguido colega promovente de la acción mis respetos y agradecimiento.

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  6. Dagoberto Mata • 25 febrero, 2015

    En otras oportunidades he tratado de exponer mi punto de vista jurídico respecto del tema. Pero en este momento despues de leer las acertadas opiniones del colega que tuvo el meritod e impugnar la ley referenciada y otros puntos de vista, uno concluye que en la alta Corte ya es hora que lleguen juristas y no políticos, con le mayor respeto a los actuales, salvadas excepciones, en sus opiniones o dictámenes están más preocupados de la politica que de interpretar y aplicar la ley, y esto está causando inseguridad jurídica cuando lo que se espera es lo contrario. Como van a concluir que una norma es insconstitucional y dejarla vigente solo para recaudar ILEGALMENTE unos impuestos. Lamentable que lo que mcuhos de ellos enseñan en las aulas; tesis basadas en la legalidad, al resolver casos lo hacen con criterio político y no tecnico jurídico. El cambio operado en el país debe profundizarse y llegar hasta el tercer poder de la República; el Judicial y que la elección de magistrados se haga dentro de la Corte por carrera profesional y no mendingando votos de políticos enla Asamblea legislativa, solo así se podrá lograr la independencia de poderes que tanto se grita al mundo, y ante todo que la democracia sea efectiva y no un simple discurso.

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    • Cristian Zamora • 25 febrero, 2015

      Don Dagoberto. Totalmente de acuedo con usted, pienso que los señores de la Sala Constitucional se creen intocables y dioses, pues hacen y deshacen a su antojo. Establecer que una norma es incostitucional, pero a partir del 2015!!!. Creo que a los señores Magistrados se les debería ir cambiando, para que no se sientan tan seguros en sus sillas y dejen la política de lado. Sin embargo, recuerden que hace poco se intentó quitar uno y hasta los empleados del Poder Judicial reclamaron…

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  7. Federico Mora • 25 febrero, 2015

    El dimensionamiento hacia futuro es improcedente. Es como decir que la inconstitucionalidad es temporal. No señor, la norma es o no es inconstitucional. Obviamente podría entenderse que no procede la devolución de pagos, pero afirmar que la gente debe pagar el período actual, simple y sencillamente es una interpretación muy mala, equivocada y absolutamente incongruente. Y si a eso le sumamos que las personas que no pagan los 3 períodos se exponen a la disolución de la sociedad, el tema se complica mucho más, pues es imposible que una sanción tenga como fundamento un impuesto inconstitucional.

    Al licenciado Campos mis respetos y agradecimiento, pues tomó en sus manos un tema que muchos pensamos pero no ejecutamos. De ahí la importancia del trabajo que este estimable colega realizó en nombre de TODA la comunidad jurídica del país.

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    • MARIA MORA • 25 febrero, 2015

      Me uno al comentario del licenciado Federico Mora, y por supuesto felicitar y agradecer al Lic. Campos.

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    • Dagoberto Mata • 25 febrero, 2015

      Licenciado Mora, uno quisiera ver un Colegio de Abogados fuerte opinando, y dejarse de tanto teatro con eso derecho en la calle que solo nos afecta a los agremiados con una competencia desleal, ya nadie se acerca a nuestras oficinas, si no son las casas de justicia, los consultorios jurídicos y ahora el Colegio en media calle, sin cobrar honorarios, dÓnde nos deja, , pero no veo un pronunciamiento fuerte de ese colegio que me cobra puntualmente una cuota mensual.

      Todos los Abogados deberíamos decirle a la Sala con respeto pero con vehemencia que esto es un desaguizado jurídico que debe arreglar,. Qué seguridad tenemos a futuro, si cualquier norma contraria a la Carta Magna a la Sala se le ocurre revivirla por un tiempo mientras se cumple uno objetivo económico, esto no se se me parece mucho a quel famoso voto de la reelección.

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