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Conozca la propuesta que eliminaría las tarifas de honorarios de abogado y notario

El Poder Ejecutivo hizo del conocimiento público la intención de eliminar la obligatoriedad en las tarifas mínimas de honorarios de profesionales de varios campos, entre ellos, los abogados y notarios.

Según comentamos ayer en nuestra nota , las personas interesadas en presentar observaciones a los decretos que introducirían estas reformas en los aranceles profesionales podrán hacerlo del 11 al 25 de agosto.   La información completa puede descargarse en el sitio: https://www.meic.go.cr/web/55/consulta-publica.php o puede ser solicitada al correo: consultas-publicas@meic.go.cr,

Concretamente el  borrador del Decreto Ejecutivo que alteraría el Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado es el siguiente:  Descargar texto

La propuesta de reforma se fundamenta en dieciocho CONSIDERANDOS con los argumentos que estarían siendo invocados para justificar el que las tarifas mínimas reguladas en el Arancel vigente pierdan su carácter obligatorio para convertirse meramente en guías de referencia para los abogados y notarios al momento de pactar sus honorarios profesionales con los usuarios de sus servicios.

Nos permitimos transcribir en su tenor literal los siguientes CONSIDERANDOS:

———————-

4°— Que la Ley N° 13, Ley Orgánica del Colegio de Abogados, dispone como atribuciones de la Junta Directiva, en su artículo 22, inciso 15, “Fijar todas las tarifas de honorarios, sus modalidades y condiciones aplicables al cobro de servicios profesionales, que presten los abogados y los notarios. Tales tarifas se presentarán al Poder Ejecutivo para su revisión, estudio, aprobación y promulgación, mediante resolución razonada. Estas tarifas serán de acatamiento obligatorio para los profesionales, particulares y funcionarios de toda índole”. Por su parte, la Ley N° 7764, Código Notarial, en su artículo 166, establece: “Los notarios públicos cobrarán honorarios según se establezca en el arancel respectivo. Corresponde al Colegio de Abogados de Costa Rica realizar las fijaciones y someterlas a la aprobación del Ministerio de Justicia y Paz, que las promulgará vía decreto ejecutivo…”.

5°— Que mediante Decreto Ejecutivo N°41457-J del 17 de octubre de 2018, Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado, se establece el monto y formas de pago de los honorarios de los Abogados (as) y los Notarios (as) por la prestación de sus servicios, el cual es de acatamiento obligatorio para abogados y notarios.

6°— Que, a pesar de la facultad concedida en la Ley Orgánica de cita, la fijación de horarios que realiza el Colegio de Abogados constituye una actividad preparatoria de un proceso en el que también interviene el Poder Ejecutivo, Poder que, en atención a lo indicado por la Ley, tiene la facultad de revisar, estudiar, aprobar y promulgar las respectivas tarifas. En ese orden, la reglamentación de las tarifas profesionales de los abogados y notarios no es una competencia por parte del Colegio, sino del Poder Ejecutivo de conformidad con el artículo 140, inciso 3) de la Constitución Política de Costa Rica.

7°— Que, conforme a la Constitución Política y a la Ley General de la Administración Pública N° 6227, el Poder Ejecutivo debe resguardar los derechos asisten a la colectividad para evitar que la fijación de tarifas se convierta en un factor de exclusión a los servicios profesionales, especialmente de aquellos de menores ingresos. Debe, el Poder Ejecutivo, preservar al mismo tiempo la libertad de los administrados para contratar servicios profesionales en un marco de negociación abierto y libre, sin que exista la barrera de una tarifa mínima obligatoria, como se ha dispuesto hasta hoy en el Arancel vigente. Valga señalar en este sentido lo expresado por la Sala Constitucional en cuanto a la libertad de contratación, la cual se resume en: “a) La libertad para elegir al contratante; b) la libertad de escogencia del objeto mismo del contrato y , por ende, de la prestación principal que lo concreta; c) la libertad en la determinación del precio, contenido o valor económico del contrato que se estipula como contraprestación; d) el equilibrio de las posiciones de ambas partes y entre sus mutuas prestaciones; equilibrio que reclama, a su vez, el respeto a los principios fundamentales de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad, según los cuales la posición de las partes y el contenido y alcances de sus obligaciones reciprocas han de ser razonablemente equivalentes entre sí y, además, proporcionadas a la naturaleza, objeto y fines del contrato. Esto último resulta de necesaria aplicación y, por ende; de rango constitucional, incluso en las relaciones de desigualdad que se dan, por ejemplo, en los contratos y otras relaciones de derecho público, aunque en ellos permanezcan como de principio las llamadas cláusulas exorbitantes, en virtud de las cuales el ente público puede imponer unilateral mente determinadas condiciones, y hasta variaciones, pero aún esto respetando siempre el equilibrio de la relación, la llamada ‘ ecuación financiera del contrato» y el principio de la “imprevisión”. Con mayor razón, pues, en las relaciones contractuales privadas esos principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad deben mantenerse a toda costa”. (Voto No. 3495- 92).

8°— Que mediante resolución N° 1620 del 16 de enero del 2021, la Sala Constitucional, no encontró roces constitucionales del Acuerdo de Adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacando que la Adhesión incluye “la Declaración de Costa Rica de su aceptación de obligaciones como miembros OCDE, que ya se mencionó que consta de cinco apartados: (…)

10°— Que, desde el punto de vista de la competencia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde el año 1985, ha preparado informes y realizado mesas de trabajo en relación con la aplicación del Derecho de Competencia a los servicios profesionales, informes en los que ha propuesto como parte de sus recomendaciones que “Las restricciones a la competencia entre los miembros de una profesión deben eliminarse. Estas restricciones incluyen los acuerdos dirigidos a determinar el precio …”. En su Estudio Económico 2020, la OCDE recomienda eliminar el cobro tasado de honorarios de abogados, por sus efectos nocivos en la competencia y la litigiosidad del país. Concretamente, la OCDE señaló que: “Promover la competencia en los servicios profesionales, evitando la fijación de tarifas mínimas, tendría un efecto positivo en la economía general, ya que estos servicios son insumos clave para todas las empresas. La experiencia internacional muestra que esto beneficia particularmente a las PYMEs, ya que las empresas grandes pueden realizar estos servicios por sí mismas y evitar así la fijación de tarifas. Existe evidencia de que los servicios profesionales, como los legales, son relativamente costosos en Costa Rica”. (Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020. En: https://www.oecdilibrary.org/sites/c928fcc8es/index.html?itemId=/content/component/c928fcc8-es

12°— Que, si bien, los honorarios profesionales van dirigidos tanto al profesional –permitiéndole fijar un criterio para la negociación de la retribución a que justamente tiene o tendrá derecho a percibir- como al cliente, teniendo un punto de partida para conocer de antemano el valor de los servicios que requiere, lo cierto del caso es que ese equilibrio entre las partes también es posible lograrlo mediante el establecimiento de una tarifa de referencia que no se constituya en una barrera infranqueable en la relación entre el cliente y el profesional. De esta manera, dicha tarifa puede considerarse como el parámetro orientador obligatorio, y no otro, permitiendo a las partes contar con un indicador a partir del cual negociar la contratación de servicios profesionales.

13°— Que el Gobierno de la República tiene como uno de sus objetivos centrales de política pública contribuir al pleno disfrute de los derechos de los ciudadanos, creando condiciones para reducir el costo de vista de las bienes y servicios en el territorio nacional, incluyendo lo relativo a los servicios profesionales,  promoviendo una mayor competencia como herramienta que expanda la libertad de los profesionales y administrados para concertar las tarifas por los servicios que sean concretados, y, en esa medida, que esto pueda traducirse en beneficio de los consumidores ante la inexistencia de tarifas mínimas. La supresión de las tarifas mínimas obligatorias no afecta las facultades de supervisión de los Colegios Profesionales sobre la calidad del servicio de sus agremiados, toda vez que existen otras herramientas legales dispuestas expresamente para tal fin, por lo que se mantienen las potestades sancionatorias del Colegio respecto de conductas que sean contrarias a la ética profesional, salvo en lo relativo a dichas tarifas.

15°— Que considerando las facultades dadas en la Ley Orgánica del Colegio de Abogados al Poder Ejecutivo para revisar, estudiar, aprobar y promulgar las tarifas de honorarios profesionales, sus modalidades y condiciones aplicables al cobro de servicios profesionales que presten los abogados, estima conveniente proceder a la eliminar la obligatoriedad de las tarifas mínimas para la prestación de servicios por parte de los abogados y notarios, de manera que en lo sucesivo se entiendan como tarifas de referencia que permitan contar con un parámetro de orientación para el cobro por servicios profesionales

Abogada y notaria. Especialista en administración de bases de datos de información jurídica, investigaciones jurisprudenciales y editora de contenidos legales. Consultora en proyectos de informática jurídica en la región centroamericana. Colaboradora del sitio www.leylaboral.com Encargada de la administración y actualización de Master Lex Cálculos Legales: timbres, honorarios profesionales, patentes, prestaciones laborales y otros. Moderadora del blog www.puntojuridico.com

10 de 10 Comentarios

  1. Erika Jiménez • 24 agosto, 2022

    Doña Silvia se sabe que medidas está tomando el Colegio de Abogados respecto a esto, ya mañana vence el plazo para presentar observaciones al proyecto del Ejecutivo y no he sabido que «medidas pertinentes» está tomando el Colegio. O será que nuevamente estaremos solos, como tigre suelto contra burro amarrado?
    Tanto silencio me preocupa, y a mi juicio el Ejecutivo se excede con esta propuesta y tenemos que actuar como gremio.

    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 25 agosto, 2022

      En la página web del Colegio de Abogados aparece la siguiente opinión sobre un informe que rindió la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) sobre “Competencia y Libre Concurrencia de los Servicios Profesionales en Costa Rica” Puede verlo en el siguiente link: https://www.abogados.or.cr/solicitamos-al-consejo-de-gobierno-tomar-con-reserva-la-opinion-de-coprocom/

      Al final de la opinión se indica lo siguiente: » El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica rechaza la opinión señalada, la cual será sometida a un análisis por parte de la comunidad jurídica nacional e internacional. El resultado será presentado ante las autoridades e instancias pertinentes. Lamentamos que la COPROCOM, contraria al principio de transparencia, no hiciera la consulta debida a los Colegios Profesionales en aras de un equilibrio técnico en la elaboración de una opinión que sería sometida a consideración del Consejo de Gobierno.»

      Si tenemos noticia de otras acciones o medidas se las haremos saber por este medio.

    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 25 agosto, 2022

      En la página web del Colegio de Abogados aparece la siguiente opinión sobre un informe que rindió la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) sobre “Competencia y Libre Concurrencia de los Servicios Profesionales en Costa Rica” Puede verlo en el siguiente link: https://www.abogados.or.cr/solicitamos-al-consejo-de-gobierno-tomar-con-reserva-la-opinion-de-coprocom/

      Al final de la opinión se indica lo siguiente: » El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica rechaza la opinión señalada, la cual será sometida a un análisis por parte de la comunidad jurídica nacional e internacional. El resultado será presentado ante las autoridades e instancias pertinentes. Lamentamos que la COPROCOM, contraria al principio de transparencia, no hiciera la consulta debida a los Colegios Profesionales en aras de un equilibrio técnico en la elaboración de una opinión que sería sometida a consideración del Consejo de Gobierno.»

      Si tenemos noticia de otras acciones o medidas se las haremos saber por este medio.

  2. Erika Jimenez • 22 agosto, 2022

    El tema de fondo es que tenemos una Ley que ampara la fijación de Aranceles, Ley Orgánica del Colegio y hasta el propio Código Notarial. Fuera de eso hay reiterada jurisprudencia sobre el tema y la Sala Constitucional ha indicado que no se pueden equiparar los cobros por servicios profesionales a simple mercancía, incluso un interesante Criterio de la PGR salió hace unos años suscrito por el Lic Iván Vicenti, no podemos tratar los servicios profesionales como mercancías. Estoy de acuerdo en la posibilidad de establecer descuentos, pero sobre las bases de un Arancel de Tarifas prefijadas.

  3. Carlos Beita Carvajal • 22 agosto, 2022

    Me parce que es una medida que se debió haber tomado desde hace mucho tiempo, ya que constituye un tipo de privilegio que gozan los abogados, abogadas, notarias y notarios, que los diferencia de muchos profesionales que trabajamos con tarifas pactadas con los clientes, sin tener un monto mínimo de Ley obligatorio. Es importante que las tarifas existan, pero a modo de referencia.

  4. Fernando Bedoya • 20 agosto, 2022

    Esta medida es en realidad parte de una serie de iniciativas para construir una economía social de mercado mas competitiva, alineada con estándares de la OCDE. Tarifas obligatorias como estas, subsidios y protecciones que encarecen el costo de vida, control de precios, ARESEP, monopolios como RECOPE, numero alto de Bancos Estatales, para una economía tan pequeña etc, En la mayoría de países los Colegios de Abogados tienen tarifas solo referenciales y es la oferta y demanda, como en cualquier otra actividad, la que define los precios a pactar.

  5. Hernán Navarro-Rojas • 14 agosto, 2022

    Me parece atrevido dejar a las partes contratar, cuando el cliente NO conoce de la responsabilidad y pericia que requiere ejercer el derecho y notariado. Eso sería permitir que legos en la materia pretendan decirnos cómo cobrar y cómo hacer nuestro trabajo. Lo que se vislumbra es una encarnizada guerra de precios donde se podrá observar lo más ruín de ambas partes. Aunque en otros lares como España son una mera referencia, también hay que valorar las costumbres uy principios por los que se rige cada sociedad. El circo que se avecina si esto prospera, no tendrá parangón. Considero que las tarifas sí deben estar reguladas y tanto el CAACR como la DNN, deberían realizar ejercicios de clientes incógnitos para que desenmascarar la doble moral existente en el cobro de honorarios a pesar de la existencia del decreto. Si esto quedara «a la libre» ni me quiero imaginar. Lo anterior, es un criterio estrictamente personal, no busca hacer apología de lo comentado y constituye el ejercicio libre y manifiesto del principio de libertad de expresión que salvaguarda la constitución. Saludos a todos y todas.

  6. Claudia Reyes Silva • 11 agosto, 2022

    Buenas tardes:

    Se sabe si el Colegio de Abogados está preparando alguna revisión a esta propuesta?

    • Lic. Silvia Pacheco. Editora General • 11 agosto, 2022

      Efectivamente el Colegio de Abogados remitió ayer por correo electrónico el siguiente comunicado:

      EL COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTAR RICA
      se manifiesta en contra de rebajar los honorarios mínimos.

      10 de agosto, 2022. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se manifiesta en contra de los decretos que pretenderían rebajar los honorarios mínimos de los profesionales en Derecho.

      Para ello presentará las acciones legales pertinentes en favor de los agremiados y agremiadas, en todas las instancias necesarias.