Lo que se dispone en el art. 129 del Código Notarial es el caso de sociedades ya disueltas (por acuerdo de partes o de oficio) y que deben ser sometidas al proceso de liquidación. En este caso la norma expresamente señala que la liquidación podrá tramitarse en sede notarial siempre que los socios por unanimidad así lo decidan, y en caso de no existir libros legales, podrán realizar la solicitud directamente en escritura pública. Sin embargo, el acuerdo de disolución de la sociedad sí tendría que quedar plasmado en un acta asentada en un libro debidamente legalizado. Copiamos a continución el artículo antes indicado para su mejor conocimiento:

Artículo 129.- Competencia material.

Los notarios públicos podrán tramitar sucesiones testamentarias y ab intestato, adopciones, localizaciones de derechos indivisos sobre fincas con plano catastrado, informaciones de perpetua memoria, divisiones de cosas comunes, de forma material o mediante la venta pública, distribución del precio, deslindes y amojonamientos, consignaciones de pago por sumas de dinero y la liquidación de sociedades mercantiles, cuando sea solicitada mediante acuerdo unánime de los socios. Si la sociedad no cuenta con libros legalizados, la solicitud de la liquidación se hará en escritura pública.

Efectivamente el art. 95 establece como honorario minimo por disolución de sociedad la suma de 75,000. Las sociedades podrían pactar una suma mayor a esa. A dicho costo habría que sumar los 34,972.70 de timbres y los 6,000 del aviso en La Gaceta. Además habría que realizar gestiones de desinscripción ante la Tributación. Sé de contadores que están cobrando 5,000 por esa gestión. Existiendo disposiciones legales que amparan estos costos no podría decirse que sean ilegales. Además habría que pensar que el acto de disolución no solo le ahorrará al dueño el pago por este año del impuesto de la Ley 9024, sino en los años sucesivos.

A don Víctor Julio: en efecto se comentó esa “curiosa” paradoja que se produce al eliminarse la posibilidad de obtener del Registro, certificaciones de personería de sociedades morosas en el pago del impuesto a las personas jurídicas, probablemente necesarias para que otros acreedores puedan plantear sus gestiones cobratorias contra esas mismas compañías. La respuesta que se nos dio en algún momento fue que siempre les quedaba a esos acreedores la posibilidad de requerir la emisión de certificaciones NOTARIALES por cuanto la prohibición no alcanza a los notarios quienes siempre podrán expedirlas con vista en la información registral que sí se encontrará disponible.