Comunicado de oposición a proyecto de ley que afecta a los notarios y contadores

A solicitud de la Lic. Sara Montero Castrillo nos permitimos retrasmitir el siguiente comunicado que un grupo de abogados y notarios dirige a varias instituciones, entre ellas la Asamblea Legislativa, Consejo Superior Notarial, Colegio de Abogados y en general a toda la comunidad notarial del país en relación al Proyecto de Ley No. 19951 que reforma varios artículos de la Ley sobre Estupefaciones, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades coneas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, Ley No. 7786

Importarte señalar que el día de ayer los señores diputados aprobaron en primer debate este proyecto de ley.

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«Nosotros Abogados y Notarios , en este acto, nos oponemos al Proyecto de Ley No. 19951 que es reforma a los artículos 15, 15 bis, 16, 81 y adición del artículo 16 bis de la Ley sobre Estupefacientes , sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo por los siguientes motivos, en la parte que nos afecta como profesionales de abogacía y notariado.

Si bien es cierto, la lucha contra la delincuencia organizada y narcotráfico es una lucha que el Estado costarricense no puede obviar, esto no es justificación, para que mediante ella se recargue la actividad notarial, añadiéndole funciones que no son de su competencia. El alcance de la función notarial tiene sus límites, nuestro quehacer no es contencioso, por lo tanto, inmiscuirnos directamente en la valoración de los indicadores de riesgo y asumir el rol de policías e investigadores, atenta contra nuestra seguridad personal y la de nuestras familias.
Asimismo, los Notarios no estamos capacitados para implementar todas las herramientas informáticas, que se requieren para el cumplimiento de las obligaciones surgidas en materia de blanqueo . El proyecto desnaturaliza la profesión de Notario y nos convierte en policías del sistema financiero.

Existen cuatro aspectos muy delicados que de aprobarse, causarán un impacto económico negativo a nuestro gremio y además pondrán en riesgo nuestra seguridad personal y la de nuestras familias;  ellos son:

PRIMERO: IDENTIFICACION INTEGRAL Y PROFUNDA DEL CLIENTE:
El artículo 16 inciso c nos coloca como uno de los sujetos obligados y por ello debemos ser parte de la prevención y combate contra los delitos de legitimación y blanqueo de capitales , por lo tanto, se nos impone la obligación de IDENTIFICACION DE LOS CLIENTES que realicen actos y contratos notariales y otros definidos en dicho proyecto. Como se observa, la identificación que nos exige el Código Notarial y las Directrices del Consejo Superior Notarial, son formalistas y por todos conocidas, sin embargo, la identificación que pretende este proyecto , es más profunda y casi imposible para el Notario, va más allá de la persona, se dirige a la personalidad del cliente, ya que debemos de tener una actuación investigativa, para obtener la actividad a que se dedica el cliente y corroborar fehacientemente dicha información, además, debemos documentar el origen de los fondos o recursos económicos del mismo. Para ello , debemos contar con alta tecnología, que no muchos podemos adquirir, y por lo tanto, corremos el riesgo, de tener que entregar nuestro Protocolo, y en consecuencia quedaremos sin dicha fuente de ingreso, porque el proyecto está diseñado para que el Notariado se monopolice y quede en manos de los grandes Consorcios y Bufetes Corporativos.

Es un hecho, que seríamos los Notarios, los que tenemos que enfrentar dicho gasto, ya que el proyecto indica, que el Estado asumirá dentro del presupuesto nacional, el financiamiento de la Unidad Especializada, sin embargo, por ningún lado contempla, que el mismo debe extenderse a facilitar al Notario, la implementación de los recursos tecnológicos, encareciendo de esta forma nuestro ya golpeado ejercicio notarial. Un ejemplo lo tenemos con la Sentencia Número 85 -2015 de las quince horas del 22 de mayo del 2015, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que obliga al Registro Civil y Migración, habilitar la plataforma tecnológica, para verificar la identidad , el cual actualmente NO ES GRATUITO sino que corre a cargo del Notario, a pesar, que el Estado al ser el garante de la seguridad jurídica lo debe implementar sin costo alguno.

SEGUNDO:  REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS INCLUYENDO LOS INTENTOS DE REALIZARLAS.
El proyecto crea la Unidad Especializada de prevención de legitimación de capitales en la Dirección Nacional de Notariado para fiscalizarnos , pero además, añade otro órgano de fiscalización, el cual es la Unidad Administrativa especializada encargada de la supervisión bajo un enfoque basado en el riesgo respecto de la materia de prevención, indicando el artículo 15 infine lo siguiente: Los notarios deberán acatar de forma obligatoria toda disposición vinculante que la Unidad de Inteligencia Financiera emita con respecto a la prevención y lucha contra la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y la Dirección Nacional de Notariado deberá velar por su correcta aplicación. En todo, caso el solo hecho de tener que reportar las operaciones sospechosas, ya nos expone seriamente, porque quedamos vulnerables a las acciones criminales del sicariato porque el proyecto no nos garantiza el anonimato. Además, al no contar con suficiente adiestramiento , recurso tecnológico y humano, para detectar , analizar y controlar las operaciones de riesgo en nuestra Notaría, no tenemos la posibilidad de conocer al cliente ampliamente, ni mucho menos conocer, su fuente de financiamiento y actividad comercial, y menos aún darle seguimiento como se pretende, recordemos que este tipo de delincuencia, cada día es más compleja y difícil de detectar.

Asimismo, podemos vernos involucrados injustamente, y ser sorprendidos en nuestra buena fe, cuando nos lleguen actos donde el dinero, ya ha sido legitimado de una u otra forma. Injustamente nos veremos involucrados y expuestos a fuertes sanciones civiles, disciplinarias e inclusive penales, por no reportar operaciones, que en su momento, creímos eran legítimas. Para dichos efectos se establecen fuerte multas, donde el mínimo es el pago de diez veces el salario base y hasta 680 veces y si no se cancela a los ocho días de notificados, debemos de pagar el tres por ciento mensual sobre dichas sumas. Esto además de ser irracional y no establecer un debido proceso, hace que el Ministerio de Hacienda se convierta en órgano impositivo y sancionatorio tipo dictatorial, a todas luces improcedente .

TERCERO. SE OBLIGA A LAS PERSONAS FISICAS “ABOGADOS-NOTARIOS” A INSCRIBIRSE ADEMAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, TAMBIEN EN LA SUGEF.

No solo debemos estar fiscalizados e inscritos como notarios ante la Dirección Nacional de Notariado, para poder ejercer nuestra función, sino que se obliga a inscribirse en la SUGEF y en el Ministerio de Hacienda, para poder realizar o desplegar la labor encomendada , y esto no implica autorización para ejercer, pues esta solicitud debe ser otorgada por el CONASIF , y esto previo dictamen de la SUPERENTENDENCIA respectiva, creándonos trámites engorrosos y duplicados que dificultan más nuestro quehacer profesional. Pero ahí no queda el asunto, deberá la Municipalidad expedir patente, que no lo hará si no se da la inscripción de marras.
Es decir, totalmente violatorio este proyecto a Ley de simplificación de trámites y además contra derechos adquiridos y consolidados. Es inaudito lo estipulado en este proyecto en su artículo 15 párrafo segundo y en su párrafo final que permite a la Superintendencia a realizar inspecciones, sumándose el número de inquisidores. Es decir, todas las instituciones realizando inspecciones y lo más grave a nuestro cargo.

CUARTO. AUTORIZACION A LA SUGEF PARA COBRAR POR FISCALIZAR.
Toda la cadena de fiscalizaciones remata en el artículo 16 bis párrafo final, en que se autoriza a la SUGEF para establecer un cobro razonable a las entidades fiscalizadas. Es decir el golpe de gracia. Fiscalizados por MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCION NACIONAL DE NOTARIADO, SUPERINTENDENCIAS, SUGEF, MUNICIPALIDADES Y CONTROL DE DROGAS, TODO DE NUESTRO BOLSILLO. AMÉN DE TODAS LAS EROGACIONES QUE DEBERÁN REALIZARSE PARA PODER EJERCER LA FUNCIÓN, LO QUE HACE QUE EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA Y NOTARIADO SEA CASI IMPOSIBLE, QUEDANDO LA MISMA SOLO PARA LOS GRANDES BUFETES.

El proyecto está a punto de aprobarse en la Asamblea Legislativa y sería un atropello y violación a nuestro derecho al trabajo, derechos adquiridos, cobros irracionales y una completa discriminación, siendo que solo podrán ejercer aquellos grandes bufetes y corporaciones que sí pueden financiar todas las cargas económicas que el mismo conlleva. De ahí, que desde ya, nos oponemos al presente proyecto, y solicitamos su solidaria oposición, para enfrentar las acciones inconstitucionales que siguen en estrados judiciales. Lo anterior, porque los Entes llamados a defendernos, en su momento oportuno no lo hicieron y más bien avalaron el proyecto. Ante tal situación, somos nosotros los abogados y notarios, los que nos tenemos que unir para luchar por nuestros derechos.

ABOGADOS Y NOTARIOS ORGANIZADOS EN PIE DE LUCHA POR NUESTROS DERECHOS.

Licda. Sara Montero Castrillo colegiatura 7232 correo»