Del estimado colega Marcelo Chavarría,  especialista en Derecho Constitucional y profesor universitario,  compartimos el siguiente artículo sobre un tema de interés en el ámbito laboral

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La Sala Constitucional (S.C.) mediante sentencia No. 2024-25697 recientemente conoció de un recurso de amparo promovido contra un sujeto de derecho privado, específicamente contra una cadena de gimnasios. El amparo fue interpuesto por una mujer, donde reclamó que la parte recurrida publicó una oferta de trabajo para un puesto de ventas. Dentro de los requisitos para optar por esa vacante se dispuso como requisito ser “hombre”. En este asunto, la parte recurrente cuestionó que se le impidió su participación en el proceso de selección, por el único motivo de ser mujer.

En esa oportunidad, la S.C. declaró con lugar el amparo contra ese sujeto de derecho privado y...

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El Dr. h. c. Edward Cortés García,  especialista en Derecho y Política Jurisdiccional y en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, nos ofrece un nuevo artículo  sobre un tema de mucha actualidad que estamos seguros será de gran interés para este foro. 

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¿De Presidente a Diputado y de vuelta a Casa Presidencial? El camino legal que lo haría posible

La Constitución Política de Costa Rica y el Pacto de San José abren un camino poco explorado para que un Presidente de la República en ejercicio,  pueda asumir en el siguiente período un rol como diputado, incluyendo la posibilidad de presidir la Asamblea Legislativa y retornar luego a la Presidencia de la República. Estas letras exploran las condiciones constitucionales que harían posible dicha trayectoria política.

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Es conocido que el Código de Trabajo asigna el registro de sindicatos al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  Por su parte la Ley de Asociaciones Cooperativas asigna también el registro, la inscripción y autorización de personería jurídica de las organizaciones cooperativas al MTSS,  y la Ley de Asociaciones Solidaristas, establece igualmente que el Registro Público de Asociaciones Solidaristas forma parte del Registro de Organizaciones Sociales del MTSS.   Otras normas como la Ley de Centros Agrícolas Cantonales del MAG, y la Ley de Regulación de las Ferias del Agricultor, también establecen la obligación de inscribirse en este mismo Departamento.

Ante la ausencia de regulaciones que es...

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Como es de conocimiento general, para este año se ha establecido en ¢462,200.00 el salario base del Oficinista 1 de la relación de puestos del Poder Judicial.   Este monto sirve como parámetro para determinar el valor que permite a las personas físicas, que poseen únicamente un inmueble inscrito a su nombre en el Registro Inmobiliario, gestionar ante las Municipalidades correspondientes la exoneración del impuesto sobre bienes inmuebles que anualmente deben abonar, conforme a lo estipulado en la Ley 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Así reza el artículo 4 de dicha norma:

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Ayer y hoy nos han llamado estimados colegas para indicarnos que sociedades que no pudieron cancelar el impuesto a las personas jurídicas durante el mes de enero,  al tratar de hacerlo a partir de este 1 de febrero en bancos con conectividad al sistema del Ministerio de Hacienda, han encontrado al cobro sumas que no corresponden del todo a los importes de este 2025.  En algunos casos, las diferencias son de ¢10,000 o ¢15,000 colones, pero en otros,  casi el doble y hasta más de lo debido.

Algunos colegas realizaron la consulta en la página de Consulta Tributaria del Ministerio de Hacienda, y en ella sí se visualizaban correctamente los importes a pagar:  https://atv.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx

Sugerimos por lo tanto mucha precaución al momento de realizar la cancelación de este tributo.  Estamos tratando de averiguar directamente en el Ministerio de Hacienda para cuándo se espera que esté solu...

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De acuerdo con la nota que publicamos en nuestro blog Punto Jurídico el pasado 29 de noviembre, sociedades sin activos, ni pasivos, y al día en sus obligaciones tributarias pueden solicitar conjuntamente con la disolución,  que se establezca de una vez su estado de liquidadas.  Lo anterior sin necesidad de nombrar un liquidador y sin tener que recurrir a todo un proceso de liquidación.   (Ver nota)

Así se encuentra establecido en el art. 107 Reglamento del Registro de Personas Jurídicas que copiamos a continuación:

Artículo 107.– Extinción de las sociedades mercantiles.

Para la extinción de las sociedades mercantiles debe seguirse el procedimiento definido en los artículos 201 a 219 del Código de Comercio Ley Nº 3284. Podrá prescindirse del nombramiento de liquidadores cuando en sede registral se acredite por fe notarial que la sociedad no cuenta con activos ni pasiv...

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Agradecemos a don Alex Solís Fallas, Doctor en Derecho Constitucional, profesor, investigador y reconocido autor de múltiples obras jurídicas, colaboraciones en revistas y en medios de comunicación nacionales, este artículo que gentilmente ha puesto a disposición de este foro.

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HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA

Luego de cumplirse, el año pasado, 75 años de la fundación de la Contraloría General de la República, es imperativo reflexionar sobre su papel como garante superior del buen uso del patrimonio público. Esta conmemoración no solo invita a reconocer sus aportes, sino también a emprender con valentía las reform...

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Agradecemos al estimado colega, Dr. h. c. Edward Cortés García,  especialista en Derecho y Política Jurisdiccional y en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales,  este interesante artículo que ha puesto a disposición de todos los  lectores de este blog.

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"El principio in dubio pro natura protege el ambiente ante incertidumbres y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en su sentencia 2025-000094 del diez de enero de 2025, realizó un análisis profundo de dicho principio, su evolución y aplicación en el ordenamiento jurídico costarricense. Este principio que emergió inicialmente del Principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, estableciendo parámetros fundamentales para la protección ambiental ante la incertidumbre científica.

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