El Registro de Personas Jurídicas emitió recientemente la CIRCULAR DPJ-001-2025  sobre extinción de las sociedades mercantiles (Ver nuestra nota en este mismo blog). Adicionalmente, se abarca en ella, el tema de los edictos que deben publicarse en La Gaceta para la tramitación de los distintos actos y contratos mercantiles.

En el Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 44648-MJP, vigente a partir de setiembre del año pasado, se regulan igualmente aspectos varios sobre los edictos.

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Nos han estado consultando si tenemos conocimiento de alguna circular del Poder Judicial en relación a la Ley 10586 Simplificación de impuestos para levantar la eficiencia y competitividad (Fase 1).  Dicha norma derogó trece artículos del Código Fiscal que regulaban el pago de timbre fiscal en diversos actos y contratos.

Nos indican los estimados colegas que los Juzgados siguen exigiendo aportar timbre fiscal para la emisión de certificaciones y ejecutorias, así como en los poderes que se aportan a los expedientes.  También en el caso de procesos sucesorios, ordenan cubrir el así llamado impuesto a las sucesiones,  que como sabemos puede implicar el pago de sumas importantes, al ser su tarifa nada menos que cinco colones por cada 1000 partiendo del valor de los bienes adjudicados no registrables.  Igualmente en el caso de procesos que tienen como base un contrato privado, aparentemente los juzgadores siguen exigiendo demostrar que en su momento se haya ...

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Interesante este nuevo artículo del Dr. h. c. Edward Cortés García,  especialista en Derecho y Política Jurisdiccional y en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales sobre las potestades municipales.   Lo copiamos a continuación para el mejor conocimiento de todos.

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El Magistrado español José Ramón Chaves, en su blog www.delajusticia.com, titula una entrada Las potestades son para ejercerlas, no para pervertirlas, lo que motiva una reflexión sobre el régimen municipal, la aplicación de las potestades y el correcto ejercicio de los poderes administrativos. Su análisis, fundamentado en argumentos jurídicos sólidos, resulta aplicable no solo al ámbito municipal, sino a cualquier órgano del Estado, ya que expone la diferencia esencial entre potestades y derechos subjetivos.

El Magistrado enfatiza que las potes...

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Le agradecemos al colega Marcelo Chavarría,  especialista en Derecho Constitucional y profesor universitario,  este interesante artículo que pone a nuestra disposición.

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Improcedencia de cobrar la atención médica del

“Protocolo de 72 horas” a víctimas de violencia sexual

En la sentencia No. 2024-037616 la Sala Constitucional (S.C.) conoció de un recurso de amparo promovido contra la CCSS y el Organismo de Investigación Judicial, donde se alegó que una víctima de violencia sexual denunció ante la autoridad judicial dicho delito y fue remitida a la CCSS a recibir atención médica y aplicar el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Víctima de Violencia Sexual en Edad Joven y Adulta (Protocolo de “72 horas”)...

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Mediante la Circular DPJ-001-2025 del Registro de Personas Jurídicas se confirma la posibilidad para las sociedades que ya se encuentran disueltas, de que se las declare como LIQUIDADAS sin tener que recurrir a todo el proceso de liquidación.  Como única condición deben ser sociedades que no tengan activos, ni pasivos y que se encuentran al día en las obligaciones del Fisco, de lo cual debe dar fe el notario a cargo del trámite.

Expresamente se señala que aún cuando dichas sociedades hubieren nombrado un liquidador al momento de su disolución,  podrán solicitar la declaratoria de liquidación con solo que el notario dé fe del cumplimiento de los tres aspectos indicados.

La posibilidad de sociedades en proceso de disolución de pedir de una vez la declaratoria de liquidadas ya se había confirmado hace algunos meses. (Ver nuestra nota al respecto.)  Pero estaba pendiente saber si sociedades que ya habían conseguido s...

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Mediante voto 03554 - 2025 de la Sala Constitucional emitido el pasado 5 de febrero, pendiente aún de publicación en el Boletín Judicial, se declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta en setiembre de 2020 contra el artículo 79 del Código de Comercio en cuanto establecía que el capital social de las sociedades de responsabilidad limitada tenía que estar nominado en colones y en múltiplos de cien colones.

Se han recibido varios avisos de parte de CrearEmpresa comunicando que la plataforma ya se encuentra actualizada para permitir la constitución de sociedades de responsabilidad limitada con capitales sociales nominados en moneda extranjera y sin la limitación de tenerse que expresar en múltiplos de cien colones.

1.- Objeto del recurso:  La parte accionante fundamentó su recurso argumentando ent...

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En febrero de 2019, se publicó en El Alcance No. 45 de La Gaceta el Código Procesal Agrario, correspondiente a la Ley No. 9609. En ese momento, se determinó que su entrada en vigencia operaría un año después. No obstante, se decidió luego posponer su implementación para el 28 de febrero de 2021. Posteriormente, otra ley prorrogó esta fecha nuevamente hasta el 28 de febrero de 2023, y finalmente, una última ley estableció que la entrada en vigencia del Código Procesal Agrario sería el 28 de febrero de 2025.

Por fin, después de seis años entra a regir esta normativa.  Lo que sorprende más es que cuando en febrero del 2019 se publicó en La Gaceta, se mencionaron los esfuerzos que a partir del año 1995 habían iniciado por modernizar la justicia agraria y ambiental en Costa Rica.  Se dijo en ese momento que era clara la urgencia por revisar el proceso agrario, para adaptarlo a las nuevas dimensiones de la justicia agraria latinoamericana.

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Del estimado colega Marcelo Chavarría,  especialista en Derecho Constitucional y profesor universitario,  compartimos el siguiente artículo sobre un tema de interés en el ámbito laboral

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La Sala Constitucional (S.C.) mediante sentencia No. 2024-25697 recientemente conoció de un recurso de amparo promovido contra un sujeto de derecho privado, específicamente contra una cadena de gimnasios. El amparo fue interpuesto por una mujer, donde reclamó que la parte recurrida publicó una oferta de trabajo para un puesto de ventas. Dentro de los requisitos para optar por esa vacante se dispuso como requisito ser “hombre”. En este asunto, la parte recurrente cuestionó que se le impidió su participación en el proceso de selección, por el único motivo de ser mujer.

En esa oportunidad, la S.C. declaró con lugar el amparo contra ese sujeto de derecho privado y...

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