Ayer y hoy nos han llamado estimados colegas para indicarnos que sociedades que no pudieron cancelar el impuesto a las personas jurídicas durante el mes de enero,  al tratar de hacerlo a partir de este 1 de febrero en bancos con conectividad al sistema del Ministerio de Hacienda, han encontrado al cobro sumas que no corresponden del todo a los importes de este 2025.  En algunos casos, las diferencias son de ¢10,000 o ¢15,000 colones, pero en otros,  casi el doble y hasta más de lo debido.

Algunos colegas realizaron la consulta en la página de Consulta Tributaria del Ministerio de Hacienda, y en ella sí se visualizaban correctamente los importes a pagar:  https://atv.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx

Sugerimos por lo tanto mucha precaución al momento de realizar la cancelación de este tributo.  Estamos tratando de averiguar directamente en el Ministerio de Hacienda para cuándo se espera que esté solu...

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De acuerdo con la nota que publicamos en nuestro blog Punto Jurídico el pasado 29 de noviembre, sociedades sin activos, ni pasivos, y al día en sus obligaciones tributarias pueden solicitar conjuntamente con la disolución,  que se establezca de una vez su estado de liquidadas.  Lo anterior sin necesidad de nombrar un liquidador y sin tener que recurrir a todo un proceso de liquidación.   (Ver nota)

Así se encuentra establecido en el art. 107 Reglamento del Registro de Personas Jurídicas que copiamos a continuación:

Artículo 107.– Extinción de las sociedades mercantiles.

Para la extinción de las sociedades mercantiles debe seguirse el procedimiento definido en los artículos 201 a 219 del Código de Comercio Ley Nº 3284. Podrá prescindirse del nombramiento de liquidadores cuando en sede registral se acredite por fe notarial que la sociedad no cuenta con activos ni pasiv...

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Agradecemos a don Alex Solís Fallas, Doctor en Derecho Constitucional, profesor, investigador y reconocido autor de múltiples obras jurídicas, colaboraciones en revistas y en medios de comunicación nacionales, este artículo que gentilmente ha puesto a disposición de este foro.

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HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA

Luego de cumplirse, el año pasado, 75 años de la fundación de la Contraloría General de la República, es imperativo reflexionar sobre su papel como garante superior del buen uso del patrimonio público. Esta conmemoración no solo invita a reconocer sus aportes, sino también a emprender con valentía las reform...

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Agradecemos al estimado colega, Dr. h. c. Edward Cortés García,  especialista en Derecho y Política Jurisdiccional y en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales,  este interesante artículo que ha puesto a disposición de todos los  lectores de este blog.

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"El principio in dubio pro natura protege el ambiente ante incertidumbres y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en su sentencia 2025-000094 del diez de enero de 2025, realizó un análisis profundo de dicho principio, su evolución y aplicación en el ordenamiento jurídico costarricense. Este principio que emergió inicialmente del Principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, estableciendo parámetros fundamentales para la protección ambiental ante la incertidumbre científica.

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En setiembre del 2023, el Registro de Personas Jurídicas emitió la Circular DPJ-025-2023 relativa a la constitución de Capitulaciones Matrimoniales.  La Circular generó polémica al establecerse como objetivo principal  (casi único) la protección del patrimonio familiar a través de la necesaria participación conjunta de los cónyuges en la disposición de los bienes, de manera que para la válida y eficaz transmisión o afectación de ellos, deba contarse siempre con el consentimiento del otro.  Únicamente y de manera accesoria a dicho acto principal,  las partes pueden definir el destino de los bienes en caso de ruptura del vínculo, lo que se ha conocido tradicionalmente como renuncia anticipada de bienes gananciales, pero con la aclaración de que se trata de un acto no inscribible.

“Se inscribirán únicamente las capitulaciones cuando regulen el régimen de comunidad de bienes, el cual protege el Régimen Patrimonial de la Familia, de manera que ...

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De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10255, las entidades disueltas por morosidad en el impuesto a las personas jurídicas cuentan con un plazo de tres años para gestionar su reinscripción ante el Registro de Personas Jurídicas. Dicho plazo debe computarse a partir de la fecha de su disolución por morosidad. Igualmente, en el caso de entidades disueltas por vencimiento del plazo social, el plazo de tres años para su reinscripción debe computarse a partir de la fecha de vencimiento publicitada en los respectivos asientos registrales.

Ahora bien, a pesar de lo anterior,  en el Transitorio II de dicha Ley 10255 se estableció que todas aquellas sociedades que hubieren sido disueltas en los cinco años previos a la entrada en vigencia de la norma,  contarían igualmente con un plazo de tres años para gestionar su reinscripción.

Lo anterior significa que sociedades disueltas en el período comprendido entre el 31 de ma...

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Como ya es conocido, en setiembre de 2022, la Junta Directiva de la CCSS acordó que los trabajadores a medio tiempo que percibieran mensualmente salarios inferiores a la base mínima contributiva, podían cotizar a la CCSS por los Seguros de Enfermedad y Maternidad (SEM)  y de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) sobre bases reducidas, y no como si laborasen la jornada completa.

Se creó la figura de la cuota parcial o proporcional al salario real devengado por el trabajador,  con la posibilidad de ac...

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Se publicaron en el Decreto Ejecutivo No. 44772-H del 07 de noviembre del 2024,  los nuevos tramos de renta que de acuerdo con  los numerales 15, 33, 34 y 64 inciso b) de la Ley de Impuesto sobre la Renta regirán para este período 2025 en lo que respecta el impuesto único sobre las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente o por concepto de jubilación o pensión por servicios personales, mejor conocido como Impuesto al Salario, así como el monto y los tramos para personas jurídicas y los tramos y créditos fiscales para personas físicas con actividades lucrativas (Impuesto sobre las Utilidades).

El ajuste en relación a los tramos que rigieron durante el 2024 fue de apenas un -0,79%

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