Le agradecemos al colega Marcelo Chavarría,  especialista en Derecho Constitucional y profesor universitario,  este interesante artículo que pone a nuestra disposición.

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Improcedencia de cobrar la atención médica del

“Protocolo de 72 horas” a víctimas de violencia sexual

En la sentencia No. 2024-037616 la Sala Constitucional (S.C.) conoció de un recurso de amparo promovido contra la CCSS y el Organismo de Investigación Judicial, donde se alegó que una víctima de violencia sexual denunció ante la autoridad judicial dicho delito y fue remitida a la CCSS a recibir atención médica y aplicar el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Víctima de Violencia Sexual en Edad Joven y Adulta (Protocolo de “72 horas”)...

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Mediante la Circular DPJ-001-2025 del Registro de Personas Jurídicas se confirma la posibilidad para las sociedades que ya se encuentran disueltas, de que se las declare como LIQUIDADAS sin tener que recurrir a todo el proceso de liquidación.  Como única condición deben ser sociedades que no tengan activos, ni pasivos y que se encuentran al día en las obligaciones del Fisco, de lo cual debe dar fe el notario a cargo del trámite.

Expresamente se señala que aún cuando dichas sociedades hubieren nombrado un liquidador al momento de su disolución,  podrán solicitar la declaratoria de liquidación con solo que el notario dé fe del cumplimiento de los tres aspectos indicados.

La posibilidad de sociedades en proceso de disolución de pedir de una vez la declaratoria de liquidadas ya se había confirmado hace algunos meses. (Ver nuestra nota al respecto.)  Pero estaba pendiente saber si sociedades que ya habían conseguido s...

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Mediante voto 03554 - 2025 de la Sala Constitucional emitido el pasado 5 de febrero, pendiente aún de publicación en el Boletín Judicial, se declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta en setiembre de 2020 contra el artículo 79 del Código de Comercio en cuanto establecía que el capital social de las sociedades de responsabilidad limitada tenía que estar nominado en colones y en múltiplos de cien colones.

Se han recibido varios avisos de parte de CrearEmpresa comunicando que la plataforma ya se encuentra actualizada para permitir la constitución de sociedades de responsabilidad limitada con capitales sociales nominados en moneda extranjera y sin la limitación de tenerse que expresar en múltiplos de cien colones.

1.- Objeto del recurso:  La parte accionante fundamentó su recurso argumentando ent...

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En febrero de 2019, se publicó en El Alcance No. 45 de La Gaceta el Código Procesal Agrario, correspondiente a la Ley No. 9609. En ese momento, se determinó que su entrada en vigencia operaría un año después. No obstante, se decidió luego posponer su implementación para el 28 de febrero de 2021. Posteriormente, otra ley prorrogó esta fecha nuevamente hasta el 28 de febrero de 2023, y finalmente, una última ley estableció que la entrada en vigencia del Código Procesal Agrario sería el 28 de febrero de 2025.

Por fin, después de seis años entra a regir esta normativa.  Lo que sorprende más es que cuando en febrero del 2019 se publicó en La Gaceta, se mencionaron los esfuerzos que a partir del año 1995 habían iniciado por modernizar la justicia agraria y ambiental en Costa Rica.  Se dijo en ese momento que era clara la urgencia por revisar el proceso agrario, para adaptarlo a las nuevas dimensiones de la justicia agraria latinoamericana.

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Del estimado colega Marcelo Chavarría,  especialista en Derecho Constitucional y profesor universitario,  compartimos el siguiente artículo sobre un tema de interés en el ámbito laboral

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La Sala Constitucional (S.C.) mediante sentencia No. 2024-25697 recientemente conoció de un recurso de amparo promovido contra un sujeto de derecho privado, específicamente contra una cadena de gimnasios. El amparo fue interpuesto por una mujer, donde reclamó que la parte recurrida publicó una oferta de trabajo para un puesto de ventas. Dentro de los requisitos para optar por esa vacante se dispuso como requisito ser “hombre”. En este asunto, la parte recurrente cuestionó que se le impidió su participación en el proceso de selección, por el único motivo de ser mujer.

En esa oportunidad, la S.C. declaró con lugar el amparo contra ese sujeto de derecho privado y...

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El Dr. h. c. Edward Cortés García,  especialista en Derecho y Política Jurisdiccional y en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, nos ofrece un nuevo artículo  sobre un tema de mucha actualidad que estamos seguros será de gran interés para este foro. 

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¿De Presidente a Diputado y de vuelta a Casa Presidencial? El camino legal que lo haría posible

La Constitución Política de Costa Rica y el Pacto de San José abren un camino poco explorado para que un Presidente de la República en ejercicio,  pueda asumir en el siguiente período un rol como diputado, incluyendo la posibilidad de presidir la Asamblea Legislativa y retornar luego a la Presidencia de la República. Estas letras exploran las condiciones constitucionales que harían posible dicha trayectoria política.

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Es conocido que el Código de Trabajo asigna el registro de sindicatos al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  Por su parte la Ley de Asociaciones Cooperativas asigna también el registro, la inscripción y autorización de personería jurídica de las organizaciones cooperativas al MTSS,  y la Ley de Asociaciones Solidaristas, establece igualmente que el Registro Público de Asociaciones Solidaristas forma parte del Registro de Organizaciones Sociales del MTSS.   Otras normas como la Ley de Centros Agrícolas Cantonales del MAG, y la Ley de Regulación de las Ferias del Agricultor, también establecen la obligación de inscribirse en este mismo Departamento.

Ante la ausencia de regulaciones que es...

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Como es de conocimiento general, para este año se ha establecido en ¢462,200.00 el salario base del Oficinista 1 de la relación de puestos del Poder Judicial.   Este monto sirve como parámetro para determinar el valor que permite a las personas físicas, que poseen únicamente un inmueble inscrito a su nombre en el Registro Inmobiliario, gestionar ante las Municipalidades correspondientes la exoneración del impuesto sobre bienes inmuebles que anualmente deben abonar, conforme a lo estipulado en la Ley 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Así reza el artículo 4 de dicha norma:

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