Por fin entraron a regir las regulaciones que por tantos meses se estuvo a la espera de que fueran publicadas, para que las sociedades disueltas por morosidad en el impuesto a las personas jurídicas, pudieran solicitar su reactivación.

Ahora el problema es la confusión que se ha generado por cuanto existen dos procedimientos muy distintos dependiendo si las sociedades fueron disueltas por morosidad en el impuesto que estuvo vigente con la Ley 9024 ( 2012-2015)  o con la Ley 9428 (2017 -a la fecha)

Agradecemos a la Lic Maureen Baldizón el siguiente cuadro comparativo que resume muy bien los aspectos a contemplar en uno y otro caso.

Una vez reinscritas las sociedades deberán cumplir con su declaración ante el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales en un plazo máximo de dos meses.    Las sociedades que incumplan con lo anterior se tendrán como omisa...

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Agradecemos a la Lic. Sara Montero Castrillo que nos hiciera llegar copia de la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que acogió, el pasado 28 de octubre, la medida cautelar ante causam interpuesta por ella conjuntamente con los colegas Celina María González Avila,  Vera González Avila y Marco Aurelio Mora Dittel contra el Decreto Ejecutivo 43704-JP que eliminó la obligatoriedad de las tarifas mínimas de abogado y notario.   (Ver más al respecto en nuestra nota en este blog)

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Mediante Circular N° 188-2022 dirigida a todos los despachos civiles y de cobro judicial del país, el Consejo Superior del Poder Judicial comunicó que con absoluto respeto del principio de independencia judicial y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales Nº 8968, 11 de la Ley de Protección de Datos, la jurisprudencia de la Sala Constitucional emitida en votos 06787–2015, 1212-2018 y 19860-2019 y el Informe de la Dirección Jurídica en el oficio Nº DJ-AJ-C-133-2022 del 4 de abril del 2022,  dispuso emitir el presente protocolo para el préstamo y copia de expedientes judiciales. 

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Con vigencia a partir de hoy, aparece en La Gaceta el Decreto Ejecutivo 43704-JP que reforma el Arancel de Honorarios por Servicios Profesionales de Abogacía y Notariado a fin de eliminar la obligatoriedad de las tarifas mínimas en él establecidas.   Para descargar su texto completo haga clic a continuación:  Descargar Decreto Ejecutivo 43704-JP

Se incluyen en el Decreto,  diecinueve Considerandos con los razonamientos y argumentos que pretenden justificar la eliminación de estas tarifas mínimas.   Finalmente se establece en el Por tanto  la reforma de 66 artículos del Arancel de Honorarios a fin de sustituir los términos "tarifas obligatorias" por "tarifas de referencia y de uso discrecional".  Igualmente donde antes se leía  "devengarán"  ahora se utiliza la frase  "podrán devengar"

Así lo vemos, por ejemplo, en el primer artículo del Arancel de Honorarios: 

Artículo...

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Gentilmente nos acaban de enviar de la Biblioteca del Registro Nacional, la Circular PJ-CIR-021-22, con fecha de hoy, denominada Reinscripción de sociedades Ley 10255.

La transcribimos a continuación para el mejor conocimiento de todos los colegas que en estos días estarán tramitando solicitudes de reinscripción de sociedades disueltas por morosidad en la Ley 9428 así como por vencimiento del plazo social.

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"Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley para la Reinscripción de Sociedades Disueltas, N° 10255, publicada el 31 de mayo de 2022, en la edición número 100 del Diario Oficial La Gaceta, así como lo dispuesto en el Reglamento a dicha Ley mediante el Decreto Ejecutivo N° 43742-H-J, publicado el 14 de octubre de 2022, en el alcance 221 de La Gaceta número 196. De interés para la función registral, la norma dispone:

Reinscripción de sociedades disueltas el año pasado ya es posible

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Estimados colegas han estado consultando si tenemos información sobre los decretos ejecutivos que el pasado 14 de setiembre se anunció en varios medios de comunicación, que el Presidente de la República habría firmado para eliminar la obligatoriedad de las tarifas de honorarios establecidas por varios colegios profesionales.

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