Continuando con nuestro último comentario sobre este tema,  queremos profundizar hoy sobre la posibilidad de que otras personas, distintas de los representantes legales que según la norma están obligados a cumplir con la declaración al Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales,  en lo sucesivo conocido como RABF, puedan asumir esta importante tarea que iniciará el próximo mes de setiembre.

De acuerdo con el artículo 1 de la Resolución Conjunta de Alcance General para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, las personas obligadas a suministrar la información son las siguientes:

                                                   Sociedades anónimas:  Presidente

                                                   Sociedades de responsabilidad limitada:  Gerente y subgerente

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Con toda la confusión y dudas generadas por la reforma fiscal que entró en vigencia en julio pasado,  muchos han olvidado que a partir del próximo 1 de setiembre iniciará la obligación de cumplir con el Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales, cuyo incumplimiento podría conllevar multas  de ¢1,338,000 hasta ¢44,600,000, aparte de otras sanciones no pecuniarias.

Tanto las sociedades activas como las inactivas con cédulas jurídicas terminadas en cero y en 1 contarán con el mes de setiembre para presentar en la plataforma Central Directo del BCCR, su declaración de accionistas y beneficiarios finales.   En octubre, lo harán las sociedades terminadas  en 2 y 3,  y así sucesivamente, concluyendo en enero del 2020 con las que terminan en 8 y 9.    Y casi de inmediato,  durante el mes de abril del 2020,   deberán nuevamente presentar su declaración de accionistas- ahora sí-  todas las sociedades sin importar su número de cédula jurídi...

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Se publicó en La Gaceta, la Directriz DPI-0003-2019 del Registro de la Propiedad Industrial que regula el Procedimiento para la declaratoria de  marcas notorias.

Se da cumplimiento de esta manera a lo establecido por el Tribunal Registral Administrativo, mediante voto 0680-2018, de noviembre de 2018, que se refirió a la posibilidad declarar o reconocer la notoriedad de una marca en sede administrativa a solicitud de parte sin necesidad de mediar un proceso litigioso, y con fundamento en los artículos 47 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, los artículos 8 inciso e), 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos N° 7978 (en adelante Ley de Marcas) y en uso de las facultades conferidas por el artículo 66 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J,

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Agradecemos a don Mario Hidalgo, socio de Impuestos y Legal de Grant Thornton,  su artículo sobre un tema que muchas inquietudes ha generado a partir de la entrada en vigencia de la reforma fiscal el pasado 1 de julio.

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"Uno de los cambios significativos prohijados en materia del Impuesto sobre la Renta, como consecuencia de la reforma operada por la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas -en adelante identificada como la Ley No. 9635- es el cambio respecto al periodo fiscal.

Esta transición implica migrar del periodo fiscal marcado por las cosechas del café -primero de octubre de un año al treinta de setiembre del año siguiente- al año calendario -que corre del primero de enero al treinta y uno de diciembre del mismo año-; con la particularidad que la reforma de cita introduce una nueva cédula impositiva referida a las Rentas de Capital y la Gana...

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“Transitorio IV.- Para efectos de la aplicación de esta ley, y por un plazo de veinticuatro meses a partir de su entrada en vigencia, los representantes legales, los miembros de la Junta Directiva y el fiscal de las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera y las empresas individuales de responsabilidad limitada que deseen renunciar a su cargo podrán hacerlo mediante comunicación por escrito al domicilio social registrado. Esta comunicación deberá posteriormente protocolizarse e inscribirse ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, con el fin de que la renuncia ...

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En setiembre del año pasado,  se presentó a la corriente legislativa el Proyecto de Ley número 20749, con el objeto de brindar una nueva y última oportunidad de reactivación a aquellas sociedades disueltas por morosidad en el pago del impuesto a las personas jurídicas (2012-2015).   De aprobarse este proyecto, se ofrecería nuevamente una amnistía en cuanto a los intereses y multas acumulados por concepto del impuesto.

Sin embargo, el pasado 17 de julio la Comisión de Hacendarios, que tenía a cargo el estudio del proyecto de ley, acordó por unanimidad dictaminarlo en forma negativa, produciéndose así el archivo definitivo del mismo.

De esta manera, muchas sociedades que habían estado a la espera de una nueva posibilidad de reactivación  que les evitara tener que recurrir a su liquidación,  no tendrán más remedio que iniciar de inmediato los procedimientos correspondientes ya sea en sede judicial o ante notari...

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El Plenario Legislativo aprobó en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 21.141 denominado Ley para Regular el Teletrabajo, que tiene como objeto promover, regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la generación de empleo y modernización de las organizaciones públicas y privadas, a través de la utilización de tecnologías de la información y comunicación.

En caso de ser aprobado en segundo debate, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de tres meses para confeccionar la reglamentación respectiva.

"El teletrabajo es voluntario tanto para la persona teletrabajadora como para la persona empleadora, y se regirá en sus detalles por el acuerdo entre las partes, observando plenamente las disposiciones del Código de Trabajo, los instrumentos jurídicos de protección a los derechos humanos y los instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos laborales y demás legislación laboral. Pu...

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Mediante reforma introducida por la Ley 9686 al inciso 3) del art. 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguridad Social, los contratantes deberán retener cualquier pago pendiente a aquellos contratistas que entren en morosidad con la CCSS durante la etapa de ejecución de un contrato.

3.- Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración Pública, central o descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos o entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos.

En todo contrato con estas entidades, incluida la contratación de servicios profesionales, el no estar inscrito ante la Caja como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, o no estar al día en el pago de las obl...

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