En el año 2008 mediante el Decreto Ejecutivo número 34691-J y el criterio registral DGRN-01-2008  se asignaron números de cédula jurídica a “entidades” que, sin ser personas jurídicas, así lo requerían para su correcta identificación, entre ellas los fideicomisos públicos y privados, los partidos políticos, etc  Se consideró pertinente en aquel momento identificar a todas estas entidades bajo la misma clase  3-110-

Con la entrada en vigencia de algunas normas en los últimos años, entre ellas las que ordenan el suministro de información por parte de los fideicomisos al Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, surge la conveniencia de que los fideicomisos cuenten con su propia clase identificadora.

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Si bien no aparece hoy en La Gaceta,  circuló ayer en redes sociales, lo que pareciera ser la versión definitiva de esta resolución que tanto han esperado las sociedades interesadas en solicitar el cese de su disolución por morosidad en el impuesto a las personas jurídicas.  Podría ser que en el transcurso del día se produzca la publicación en algún Alcance del diario oficial.

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Nos parece importante destacar de la Circular DSE-PSE-002-2022 emitida por al Dirección de Servicios del Registro Nacional el pasado 6 de setiembre,  dos aspectos que llaman nuestra atención.  El primero relativo a lo que serían las facultades del notario público cuya actuación se limita a autenticar firmas de los interesados en los trámites, y el segundo en cuanto a la diferenciación que debe hacerse entre sustitución y otorgamiento de poderes.   (Sobre esta circular ver además nuestra nota en este blog.)

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El pasado 6 de setiembre, la Dirección de Servicios del Registro Nacional emitió la Circular DSE-PSE-002-2022 que complementa algunos aspectos contenidos en el Decreto Ejecutivo No 42835-MJP considerado la Guía de Calificación de esta Dirección, encargada de  temas como recepción y entrega de documentos, consultas de información en las bases de datos, obtención de certificaciones, permisos de salida de vehículos del país, trámites con placas, reposición de títulos de propiedad, asignación de cédulas jurídicas, consulta y certificación de planos, etc.  (Sobre esta Decreto puede ver nuestra nota en este mismo blog.)

En julio del año pasado se produjo también una Circular DSE-REC-53-2021 que complementó aspectos relacionados con el retiro de documentos de los Registros de Bienes Muebles, Inmobiliario y Personas Jurídicas, la revocación de autorizaciones, retiro de ejecutorias, correcciones de documentos del Registro de Muebles, entre otros.   (...

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Del Lic. Rafael Rodríguez Salazar, Director Legal de la Firma de Abogados CR,  nos permitimos copiar a continuación este interesante artículo que gentilmente ha puesto a nuestra disposición sobre un tema que ha generado mucha preocupación en las últimas horas por la aprobación del Presidente de la República de varios decretos ejecutivos tendientes a eliminar la obligatoriedad de las tarifas mínimas de algunos colegios profesionales, entre ellos,  los aranceles de notario y abogado.

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Se aprobó anoche en segundo debate el Proyecto de Ley No. 23163 con el objetivo de posponer por segunda vez la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal de Familia, Ley No. 9747 originalmente establecida para el 1 de octubre de 2020.

La primera prórroga aprobada mediante Ley No. 9904 en setiembre del 2020,  estableció que la norma entraría a regir el 1 de octubre de este 2022.   (Ver nuestra nota al respecto en este blog).

Ahora será hasta el 1 de octubre del 2024 que ello suceda, si es que no se pospone una vez más su entrada en vigencia.

ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma la fecha de la entrada en vigencia de la Ley 9747, Código Procesal de Familia, de 23 de octubre de 2019.  El texto es el siguiente:   Este Código regirá en su integridad a partir del 1 de octubre de 2024.  Se mantiene en vi...

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Sobre un tema que en los últimos meses ha generado mucha discusión, los colegas Luis Sánchez y Mario Navarro, consultores especialistas en materia laboral empresarial, nos ofrecen este completo artículo para el mejor conocimiento de todos.

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En los últimos meses se ha venido generando una serie de intercambios o discrepancias sobre la forma correcta de aplicar deducciones automáticas en los salarios de los trabajadores; más concretamente para las que tienen que ver con el pago de préstamos ante todo tipo de entidades de crédito y cuotas de afiliación de organizaciones sociales.

Lo anterior, a partir de regulación nueva, comunicados recientes de la ministra de trabajo y además de jurisprudencia sobre estos temas, lo cual ha generado discusión y desacuerdos sobre las reglas y límites para aplicar estas deducciones, además de las eventuales responsabilida...

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