Con vigencia a partir del período 2026, aparece hoy en La Gaceta, la Ley 10667 que reforma los tramos de renta aplicables a los trabajadores independientes para beneficiarlos con una reducción en el impuesto a pagar. Así por ejemplo, aquellos trabajadores con ingresos anuales de hasta  ¢ 6,244,000 se encontrarán  totalmente exentos del pago de impuesto sobre la renta.  En lugar de ello, vemos que este año 2025,  serán quienes devenguen menos de ¢4,094,000 los que gozarán de dicha exención total.  En el primer tramo, durante el 2026, todos los que devenguen más de  ¢6,244,000 y menos de  ¢8,329,000 cancelarán un 10% de impuesto sobre la renta.  En cambio este año 2025,  dicha tarifa del 10% corresponde a quienes devenguen entre  ¢4,094,000 y hasta ¢6,115,000.00.

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Mediante la Circular DGL- 001-2025 de la Dirección General del Registro Nacional se establece que los documentos que se tramiten ante el Registro de Muebles (traspasos, inscripciones por primera vez, cambios de características, etc) deberán haber cubierto completamente los timbres e impuestos necesarios para su inscripción. De lo contrario, se cancelará su presentación al Diario,  al establecerse a partir de ahora, que dicho pago total constituye un requisito de admisibilidad.

ARTÍCULO 18.- Derechos de inscripción

Los derechos de inscripción a favor del Registro Nacional, así como el pago de toda tasa o impuesto relativos a la inscripción, el traspaso, la cancelación o la modificación de las características de los vehículos, deberán ser c...

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Mediante la Directriz No. 048-MIDEPLAN-MTSS  se le concede a los servidores públicos, a título de vacaciones, los días 14, 15 y 16 de este mes de abril, correspondientes al lunes , martes y miércoles de la Semana Santa. (más…)

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Adicionalmente a las declaraciones del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales  (ver nota),  es importante que las sociedades inactivas recuerden que tienen hasta el próximo 30 de abril, para cumplir con sus declaraciones de patrimonio en el sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV).  Lo anterior a través del formulario D-195 Declaración Informativa de Personas Jurídicas Inactivas. 

Se define a este tipo de sociedades como:   aquellas personas jurídicas legalmente constituidas e inscritas en el Registro Nacional u otras dependencias estatales competentes, que no ejercen actividad económica y que ante la Administración Tributaria (Registro Único Tributario “RUT”) se encuentran registradas bajo el código de actividad «960113 -Persona jurídica legalmente constituida-»

La omisión de cumplir con estas Declaraciones del D-195 provoca que al iniciar el año,  no pueda producirse  el cobro del ...

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Inicia a partir del próximo 1 de abril, el plazo de un mes para que las sociedades activas o inactivas, mercantiles o civiles, con bienes o sin ellos, así como las sociedades extranjeras con cédula jurídica nacional, los fideicomisos, las Asociaciones Civiles y las Asociaciones Solidaristas cumplan con sus Declaraciones Ordinarias del período 2025 en el Registro de Transparencia y de Beneficiarios Finales (RTBF).

Recordaremos que el año pasado se pospuso primero para julio y luego hasta octubre, el mes de cumplimiento del RTBF.    Lo anterior por motivo de la publicación  del Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, Decreto Ejecutivo 44390-H el 8 de marzo que provocó la necesidad de una nueva Resolución Conjunta de Alcance General que se adaptara a esas nuevas regulaciones.   Además era necesario esperar que la plataforma Central Directo estuviera lista para admitir las declaraciones que por primera vez presentaron las asociac...

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Como ya es conocido, en diciembre pasado, entró a regir la Ley 10589 que creó la licencia remunerada por muerte de familiares. Se protege de esta manera el  derecho al duelo de los trabajadores del sector privado.   (Al respecto puede ver nuestra nota en este mismo blog.)

Agradecemos al Dr. Kendall Ruiz Jiménez, Doctor en derecho procesal civil y derecho mercantil, Máster en Derecho Empresarial y en administración de empresas con énfasis en R.R.H.H.,  quien nos puso al tanto del Criterio General del Ministerio de Trabajo emitido este 13 de febrero  en relación a esta nueva licencia.    Puede descargar el texto completo en el siguiente enlace:   Carta FP-MTSS-DAJ-AER-231-2025 Criterio general sobre licencia por muerte de familiares

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Mediante la Circular DPJ-001-2025 del Registro de Personas Jurídicas se confirma la posibilidad para las sociedades que ya se encuentran disueltas, de que se las declare como LIQUIDADAS sin tener que recurrir a todo el proceso de liquidación.  Como única condición deben ser sociedades que no tengan activos, ni pasivos y que se encuentran al día en las obligaciones del Fisco, de lo cual debe dar fe el notario a cargo del trámite.

Expresamente se señala que aún cuando dichas sociedades hubieren nombrado un liquidador al momento de su disolución,  podrán solicitar la declaratoria de liquidación con solo que el notario dé fe del cumplimiento de los tres aspectos indicados.

La posibilidad de sociedades en proceso de disolución de pedir de una vez la declaratoria de liquidadas ya se había confirmado hace algunos meses. (Ver nuestra nota al respecto.)  Pero estaba pendiente saber si sociedades que ya habían conseguido s...

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En febrero de 2019, se publicó en El Alcance No. 45 de La Gaceta el Código Procesal Agrario, correspondiente a la Ley No. 9609. En ese momento, se determinó que su entrada en vigencia operaría un año después. No obstante, se decidió luego posponer su implementación para el 28 de febrero de 2021. Posteriormente, otra ley prorrogó esta fecha nuevamente hasta el 28 de febrero de 2023, y finalmente, una última ley estableció que la entrada en vigencia del Código Procesal Agrario sería el 28 de febrero de 2025.

Por fin, después de seis años entra a regir esta normativa.  Lo que sorprende más es que cuando en febrero del 2019 se publicó en La Gaceta, se mencionaron los esfuerzos que a partir del año 1995 habían iniciado por modernizar la justicia agraria y ambiental en Costa Rica.  Se dijo en ese momento que era clara la urgencia por revisar el proceso agrario, para adaptarlo a las nuevas dimensiones de la justicia agraria latinoamericana.

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