Con la entrada en vigencia el pasado viernes 8 de marzo de un nuevo Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, Decreto Ejecutivo 44390-H, ha surgido esta gran inquietud para muchas sociedades que en los cinco años de existir esta obligación han acudido siempre a apoderados especiales para la presentación de sus declaraciones.

En abril del 2019 cuando se publicó la primera Resolución Conjunta de Alcance General para el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales  DGT-ICD-R-14-2019 muchos respiraron tranquilos al comprobar que se contemplaba la posibilidad de utilizar poderes especiales  Se mencionó en aquel momento el caso de sociedades cuyos representantes legales eran extranjeros  o adultos mayores o personas con alguna discapacidad a las que se les imposibilitaba o dificultaba el poder obtener y manejar certificados de firma digital,  indispensable para la utilización de la plataforma Central Directo.   ( Así lo comentamo...

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Aparece publicado en el Alcance No. 50 a La Gaceta 45 del viernes pasado, un nuevo Reglamento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, Decreto Ejecutivo 44390-H, con importantes modificaciones a las anteriores regulaciones.

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Se publicó ayer en el Boletín Judicial,  el voto número  2024- 003228 de las 12:17 hrs del 7 de febrero del presente año mediante el cual se declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad número 18-004106-0007-CO promovida por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y  Juan Luis de Jesús León Blanco contra el artículo 3°, párrafo 2°, de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y los artículos 1° y 2° del Reglamento para la Afiliación de los Trabajadores Independientes de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Se trata apenas de la publicación del POR TANTO de la resolución la cual se encuentra en recolección de firmas.   Nos indicaron que probablemente en quince días ya se encuentre disponible la redacción íntegra del voto.   Estaremos al pendiente para informarles tan pronto logremos obtener dicho texto.

Esta acción de inconstitucionalidad fue admitida para estudio ...

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El viernes pasado se declaró la nulidad absoluta por exceso de potestad reglamentaria del Decreto Ejecutivo No. 43704-JP-MEIC que pretendió eliminar la obligatoriedad de las tarifas mínimas establecidas en el Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado.   Se trata del voto número 2024-000958 del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José dictado dentro del proceso de conocimiento interpuesto por la Lic. Ana Lía Umaña Salazar.

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Mediante el Proyecto de Ley número 24123 se plantea la reforma al inciso a) del art. 2 de la Ley de Aranceles del Registro Público 4564, para establecer que los documentos tramitados en el Registro Nacional deban cancelar íntegramente todos los aranceles e impuestos, so pena de serle cancelada su presentación al Diario.

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El Registro Nacional publicó en su página web el pasado 15 de enero,  el borrador de un nuevo Reglamento del Registro de Personas Jurídicas concediéndole a todos los interesados,  el plazo de 10 días para que hagan llegar sus observaciones y comentarios a través de la plataforma de Sistema de Control Previo (SICOPRE)

En una primera sección de CONSIDERANDOS se establecen de manera muy completa,  las razones que justifican la emisión de este nuevo Reglamento, y se esbozan algunos temas específicos que por primera vez serían objeto de regulación.

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De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior en sesión 28-09, artículo LXI y la Circular 100-08  es importante recordar que existen despachos judiciales que continúan laborando durante los períodos de vacaciones colectivas del Poder Judicial, al considerarse que tienen competencias en materias entendidas como sensibles, entre ellas: Penal, Penal Juvenil, Violencia Doméstica y Pensiones Alimentarias, Contravenciones y Tránsito.

Se establecen también en este acuerdo del Consejo Superior, otros departamentos que deben igualmente continuar brindando servicio al público.  Es el caso del Organismo de Investigación Judicial, especialmente la Oficina Receptora de Denuncias, la cual está obligada a mantener la atención 24/7

En relación al personal administrativo, corresponde a la Dirección Ejecutiva tomar las previsiones del caso tanto a nivel de Unidades y Subunidades Administrativas,  como en los Departamentos ...

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El Consejo Superior del Poder Judicial definió este 14 de diciembre que el salario base que sirve dentro de la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la República para la determinación de diversas penas establecidas en el Código Penal, así como otras multas e impuestos, se mantendrá durante el próximo 2024 en la suma de ¢462,200 (cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos colones).   Por consiguiente, son ya cuatro años consecutivos los que rige ese mismo monto:  2021, 2022, 2023 y 2024

Intentamos obtener copia del acta del Consejo Superior a fin de conocer las razones para esta decisión pero aún no se encuentra disponible en la página web del Poder Judicial.

Importante tomar en cuenta que este salario base que según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 7337 de 5 de mayo de 1993 debería corresponder al del Oficinista 1, en realidad corresponde desde hace algunos años al del Auxiliar Adm...

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