En los últimos días, hemos recibido numerosas consultas sobre la posible publicación de una prórroga para el cumplimiento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales correspondiente al año 2026 . Como es ampliamente conocido, el plazo establecido por la Ley finaliza este jueves 30 de abril.

La inquietud principal proviene de aquellas sociedades que actualmente tramitan la inscripción de apoderados generalísimos ante el Registro de Personas Jurídicas, quienes serían los encargados de cumplir con esta obligación, ante la imposibilidad de hacerlo sus representantes legales.

Nos informaron esta mañana en el Registro de Personas Jurídicas, que se ha triplicado la cantidad de documentos en trámite, no solo por las inscripciones de apoderados generalísimos, sino también por las solicitudes de inclusión de correos electrónicos en las sociedades mercantiles.  Evidentemente, esta situación pr...

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Mediante la Ley 10877 se reformó la semana pasada, el inciso c) del art. 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para eliminar la obligación de que los entes descentralizados, las municipalidades y las empresas estatales tengan que recurrir necesariamente a la Notaría del Estado para la tramitación de sus instrumentos públicos.

c) Representar al Estado en los actos y contratos que deban formalizarse mediante escritura pública. Cuando los entes descentralizados y las empresas estatales requieren la intervención de notario, el acto o contrato deberá ser formalizado por la Notaría del Estado, salvo en cuanto a escrituras referentes a créditos que constituyan la actividad ordinaria de la institución descentralizada.

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La Sala Constitucional comunica la admisión de la acción de inconstitucionalidad número 26-004536-0007-CO, contra la Ley 10729 del 13 de mayo de 2025 y la Circular del Registro de Personas Jurídicas DPJ-003-2025 del 2 de junio de 2025.  La primera eliminó del Código de Comercio la posibilidad de asignar una denominación social a las Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), obligando a identificarlas solo por número de cédula jurídica.

La acción alega violación al artículo 28 de la Constitución Política y al principio de libertad individual, al restringir injustificadamente el derecho de elegir una razón social, sin que medie justificación basada en moral, orden público o derechos de terceros. Se cita jurisprudencia nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sustentar que la denominación social es un derecho fundamental ligado a la libertad de asociación.

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La Sala Constitucional admitió tramitar la acción de inconstitucionalidad número 25-039918-0007-CO, contra la omisión legislativa de un marco normativo que permita inscribir el apellido materno en primer lugar para personas menores de edad.

Los accionantes argumentan que la actual práctica del Registro Civil, que prioriza el apellido paterno, es discriminatoria y contraria a los artículos 7, 33, 51 y 52 de la Constitución Política, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Señalan que la Sala Constitucional ya declaró inconstitucional la frase “en ese orden” del artículo 49 del Código Civil por discriminatoria, pero el Registro Civil sigue aplicando el orden tradicional por falta de normativa específica para menores.

Alegan violaciones a los principios de i...

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Lo mismo que las declaraciones del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (ver nota), es importante recordar que las sociedades inactivas tienen también hasta este 30 de abril, para cumplir con sus declaraciones informativas de patrimonio en el nuevo sistema Tribu-CR, utilizando para ello, el Formulario 272.

La omisión de cumplir con estas declaraciones provoca que al iniciar el año, no pueda producirse el cobro del impuesto a las sociedades, toda vez que el importe a pagar de este tributo depende del patrimonio reportado por cada sociedad inactiva. Además, por este incumplimiento, la sociedad puede hacerse acreedora a una multa mínima de 10 salarios base según lo dispuesto en el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

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Recientemente, la Sala Segunda de la Corte emitió una importante resolución, que impacta directamente la protección de los ingresos mínimos de las personas pensionadas frente a deducciones por créditos y otras obligaciones.

La resolución no. 576-2026 dictada el 20 de febrero de 2026, en el expediente 22-001877-1102-LA, resuelve un caso en el que una persona pensionada del Magisterio Nacional solicitó el cese de deducciones a su pensión, argumentando que estas afectaban su derecho a un ingreso mínimo vital y, por ende, su dignidad y subsistencia. La Sala Segunda acogió el recurso presentado, anuló la sentencia anterior y ordenó que, a partir de la firmeza de la resolución, el Estado y las entidades crediticias involucradas respetasen el monto del salario inembargable (mínimo vital) al aplicar cualquier rebajo a la pensión.

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Agradecemos al Dr. Edward Cortes, especialista en Derecho y Política Jurisdiccional y en Justicia Constitucional, este interesante artículo que pone a disposición de nuestro foro.

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Hay una paradoja que el derecho constitucional costarricense no puede seguir escondiendo debajo de la alfombra de la «legalidad ordinaria». En el voto N.° 2017-013786, de las 11:50 horas del 29 de agosto de 2017, la Sala Constitucional declaró con lugar un amparo porque los cadáveres retenidos en la Morgue Judicial durante la huelga del Poder Judicial «fueron tratados como objetos». Resolvió que «la protección de la dignidad humana trasciende la vida del sujeto, y se extiende al cuerpo después de la muerte», y que «la persona es digna, lo cual impide que su vida o su integridad, sea sustituida por otro valor social»...

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