El pasado 9 de octubre se publicó en La Gaceta, la Ley N° 9587  con el objeto de brindarle a la totalidad de municipalidades del país, un marco jurídico que les permita, en caso de estimarlo conveniente,  condonar intereses, recargos y multas en relación al pago del impuesto sobre bienes inmuebles, tasas y servicios municipales, etc.   (Ver nota en este mismo blog)

Corresponde a cada concejo municipal, de conformidad con sus condiciones particulares, la decisión de si se acoge o no a lo preceptuado en dicha ley.

Muchos estimados lectores nos han estado consultando si tenemos información sobre las municipalidades que ya puedan haber acordado este tipo amnistías.   Ayer, una estimada participante de este foro, nos puso al corriente de la condonación de intereses y multas que la Municipalidad de Moravia estableció por un plazo de seis meses iniciando el pasado 30 de octubre hasta el 30 de abril de 2019.     Intere...

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Agradecemos a don Eduardo Rojas Gómez,  Licenciado en Administración Pública, Máster en Dirección de Empresas y en Ingeniería Industrial, con más de 20 años de carrera docente en la UCR, especialista en consultoría administrativa-financiera y contratación administrativa, este interesante artículo que pone a disposición  de este foro.  Sabemos que será de mucho provecho para los colegas administrativistas y en general a los empresarios que contratan sus bienes y servicios con el Estado.

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"Un contrato administrativo es un acuerdo al que se llega, luego de un proceso de contratación, que involucra obligaciones para las partes, una de esas partes es una Institución Estatal, en el ejercicio de sus competencias, la otra parte, una persona física o jurídica, incluso otra institución pública.

Ahora bien, como parte de ese proceso de contratación,...

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Don Marco Badilla Chavarría, ex Director General de Migración y Extranjería, Abogado, Notario y Consultor Migratorio, gentilmente pone a nuestra disposición este interesante artículo sobre un tema de gran actualidad dados los movimientos migratorios que con tanta fuerza se están produciendo en varias regiones.

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"En declaraciones de don CARLOS MALDONADO, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), dadas a un medio periodístico nacional a finales de mayo pasado, indicaba entre otros asuntos que en Costa Rica no se aplicaba la DECLARACIÓN DE CARTAGENA SOBRE REFUGIADOS DE 1984, para el conocimiento de las solicitudes de la condición de Refugiado. Igual percepción tienen las agencias internacionales que se vinculan con el tema del refugio en nuestro país. Más recientemente me percaté, por medio de una capacitación que se desarrolla en el Colegio de Aboga...

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El Licenciado Javier Madrigal Acosta, Licenciado en Derecho, abogado litigante, académico y profesor universitario, nos comparte un nuevo artículo sobre un tema al que, dichosamente, cada vez se le brinda mayor atención en beneficio de una población creciente en nuestro país.

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Si bien nuestra Constitución Política en su Título V, de los Derechos y Garantías Sociales ordinal 51, consagra como derecho la protección especial del Estado para entre otros el “anciano “, es la ley 7935, la que garantiza el efectivo cumplimiento del texto Constitucional.  Dicha legislación aprobada el 19 de octubre de 1999, establece una serie de derechos y beneficios para las personas de 65 años o más, en temas relacionados con la salud, educación, actividades artísticas, deporte, recreación, vivienda, seguridad social y trabajo, estableciendo igualmente, y siempre con esa finalidad proteccionista, san...

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Se publicó ayer en La Gaceta, el Decreto Ejecutivo No. 41274-H que introduce cambios importantes al concepto de "personas domiciliadas" contenido en el artículo 5 del Reglamento a la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Con esta nueva definición se procura corresponder al concepto de "residencia fiscal" utilizado en el ámbito internacional para determinar la base de imposición sobre la cual se encuentran gravados los sujetos, según sean considerados como residentes o no residentes.  Lo anterior resulta de trascendental importancia p...

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Hace unos días comentamos sobre la resolución DGT-043-18 relativa a la obligatoriedad de los contribuyentes de utilizar la plataforma ATV de la Dirección General de Tributación para ciertos trámites  (Ver nota).   En dicha directriz se abarca también otro tema importante de ser destacado, cual es, la  obligación que tienen todos los obligados de Desinscipción ante la Administración Tributaria cuando cesen en sus actividades comerciales.

La resolución DGT-043-18 reforma una directriz del año pasado DGT-060-2017 para disponer expresamente lo siguiente:

b) El obligado tributario tiene el deber de desinscribirse ante la Administración Tributaria cuando cesen sus actividades lucrativas u operaciones o cuando deje de realizar el hecho generador o las actividades establecidas por ley. Mientras el obligado tributario se mantenga inscrito debe cumplir con las obligaciones tributarias derivadas de tal inscripción, como son ...

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Mediante la resolución  DGT-043-18 publicada la semana pasada en La Gaceta, la Dirección General de Tributación establece la obligatoriedad en el uso del portal de Administración Tributaria Virtual (ATV)  como único medio para que los obligados tributarios elaboren y presenten sus declaraciones de inscripción, modificación de datos y desinscripción en el Registro Único Tributario, debiendo utilizar para ello los formularios electrónicos disponibles en el sitio Web https://www.hacienda.go.cr/ATV/Login.aspx

La medida se enmarca dentro de la estrategia nacional de protección al ambiente denominada “Cero papel” y bajo una filosofía de servicio al contribuyente.

“A partir del año 2010,  la Dirección General de Tributación ha utilizado las tecnologías de información y comunicación para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y brindar un mejor servicio. Desde esta perspectiva, ha ...

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Nos permitimos transcribir a continuación, en su tenor literal,  aviso que en forma conjunta emitieron el  Instituto Costarricense sobre Drogas.  el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica relativo a la obligación de las sociedades mercantiles, sociedades civiles y otras estructuras jurídicas, de cumplir con lo que se ha llamado el Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales.

Si bien no se establece aún la fecha a partir de la cual iniciará esta obligación, se insta a todas las personas que en cada tipo de organización, están llamadas a cumplir con el reporte correspondiente, para que obtengan su certificado de firma digital,  el cual será indispensable para el uso de la plataforma que se encuentra en proceso de implementación.

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