Los profesionales en Derecho cuentan ahora con muchos servicios electrónicos que facilitan su quehacer diario.    Estudios de registro, pago de timbres e impuestos, tramitación de escrituras, compra de certificaciones,  presentación de sus índices de instrumentos públicos,  consultas a los Coordinadores de los distintos Registros, etc ...   todo desde la comodidad de sus despachos legales o sus hogares.

Más que nunca en este momento que se aconseja encarecidamente a la población quedarse en casa,  evitar los sitios públicos, las aglomeraciones,  conviene empezar a utilizar estas facilidades que la tecnología pone a su alcance.

Cada día más notarios utilizan este servicio del Registro Nacional,  complacidos con los...

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Se encuentra disponible en la página web del Banco Central de Costa Rica - Central Directo-  una nueva y sencilla herramienta de consulta pública para que todos los interesados puedan confirmar si sus sociedades cumplieron efectivamente con la presentación de la Declaración en el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, mejor conocido como Registro de Accionistas.

Solamente debe ingresar al siguiente link, digitar el número de cédula jurídica de la sociedad en cuestión, marcar la casilla que le permite al sistema determinar que quien realiza la consulta es una persona y no un "robot"  programado para extraer información de manera masiva.

https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/RbfPublicoConsultas/ConsultaCiudadana/Index

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Estimados suscriptores nos han estado consultando si tenemos información sobre la asignación de oficio que el Ministerio de Hacienda realizó la semana pasada en el Registro Unico Tributario (RUT) a muchas sociedades inactivas del código 960113 Personas Jurídicas constituidas en el país que no desarrollan actividad económica de fuente costarricense.   Es decir sociedades que aparecían inscritas en el RUT con el código 960104 Impuesto a las personas jurídicas y que ahora - sin haber realizado gestión alguna en el sistema informático ATV, ni en las plataformas de servicios de Hacienda- aparecen con el nuevo código 960113.

Según comentamos  hace unas semanas (ver Nota ) ,  mediante resolución DGT-R-075-2019 de la Dirección General de Tributación, se estableció un calendario para que dependiendo del número de finalización de las cédulas jurídicas,  las sociedades inactivas se inscriban  en el Registro Unico Tributario bajo el código de activid...

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Como ya es conocido,  se estableció para este año, en la suma de ¢450,200.00, el salario base del Oficinista 1 según la relación de puestos del Poder Judicial, que sirve de parámetro para la determinación del valor que cada año le permite a las personas físicas que tienen solamente un inmueble inscrito a su nombre en el Registro Inmobiliario, gestionar ante las Municipalidades respectivas la exoneración del impuesto sobre bienes inmuebles que les corresponde pagar de conformidad con la Ley 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

“Artículo 4.- Inmuebles no afectos al impuesto

No están afectos a este impuesto: (…) e) Los inmuebles que constituyan bien único de los sujetos pasivos (personas físicas) y tengan un valor máximo equivalente a cuarenta y cinco salarios base; no obstante, el impuesto deberá pagarse sobre el exceso de esa suma. El concepto de “salario bas...

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Se publicó ayer en La Gaceta, el Decreto Ejecutivo 42195-H que introduce una importante modificación al Reglamento de Comprobantes Electrónicos para efectos Tributarios,  en relación a la necesaria aceptación que anteriormente tenía que realizarse de las  facturas electrónicas y otros comprobantes para que pudieran reputarse luego como gastos deducibles del impuesto sobre la renta.

Con esta reforma,  si el emisor o receptor del comprobante electrónico no lo confirma en el plazo que al respecto establezca la Dirección General de Tributación de manera reglamentaria,  se presume que lo ha aceptado totalmente y, en consecuencia, servirá para todos los efectos tributarios en las declaraciones autoliquidativas del contribuyente.

Según se indica en los Considerandos del decreto,  la decisión de introducir esta modificación al proceso de facturación electrónica se toma a solicitud de muchos contribuyentes que se viero...

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En primer lugar, confirmamos que anoche, el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 21.758 estableciendo con ello una moratoria en la aplicación de las sanciones a las sociedades obligadas a cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.  Según se dispone en el texto aprobado, los primeros dos meses no correrán del todo las sanciones previstas en el art. 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.   A partir del tercer mes, las sociedades incumplidoras tendrán que enfrentar el pago del 50% de las sanciones pecuniarias.

La aprobación de esta moratoria trae tranquilidad a muchas personas que no estaban logrando cumplir con esta obligación por dificultades técnicas en el uso de la plataforma, por no contar aún con firma digital o bien por ausencia de la documentación necesaria para producir las declaraciones.

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El Plenario Legislativo aprobó ayer en primer debate el proyecto de Ley No. 21.758 para establecer una moratoria de tres meses en la aplicación de las sanciones establecidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios por incumplimiento en la presentación de la Declaración Ordinaria 2019 de Accionistas y Beneficiarios Finales.

En caso de aprobarse en segundo debate esta propuesta, lo cual pareciera muy probable,  se dispone que por los primeros dos meses, a partir de la fecha de publicación en La Gaceta de la norma,  no se aplicará ninguna de las sanciones establecidas en el art. 13 de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, Ley N.° 9416.   El tercer mes correría únicamente el 50% de la sanción pecuniaria, que como se ha repetido muchas veces estaría entre un ¢1,350,600 y ¢45,020,000.  A partir del cuarto mes correspondería la aplicación normal de la totalidad de sanciones, incluyendo la prohibición para la inscripción reg...

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En primer lugar, confirmamos que esta tarde, el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley 21.758 estableciendo con ello una moratoria en la aplicación de las sanciones a las sociedades obligadas a cumplir con el Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.  Según se dispone en el texto aprobado, los primeros dos meses no correrán del todo las sanciones previstas en el art. 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.   A partir del tercer mes, las sociedades incumplidoras tendrán que enfrentar el pago del 50% de las sanciones pecuniarias.

La aprobación de esta moratoria trae tranquilidad a muchas personas que no estaban logrando cumplir con esta obligación por dificultades técnicas en el uso de la plataforma, por no contar aún con firma digital o bien por ausencia de la documentación necesaria para producir las declaraciones.

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