El Archivo Nacional, ha publicado en su página web, información clara y muy completa sobre el procedimiento que deben seguir todos los interesados en otorgar y registrar su declaración de voluntades anticipadas.

La Ley 10231 reformó el art. 23 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos para encomendarle a la Dirección General del Archivo Nacional:

"n) Llevar un registro nacional de voluntades anticipadas que sea de fácil acceso para los centros de salud públicos y privados, de conformidad con laLey 8968, Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, de 7 de julio de 2011 la Ley de Voluntades Anticipadas y su reglamento.

Las Voluntades Anticipadas, conocidas también como Testamentos Vitales, son el instrumento legal mediante el cual, una persona manifiesta de forma previa, libre e informada, sus deseos respecto a los tratamientos médicos que est�...

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Artículo 148 bis.- Retrotracción a primer debate 

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El 12 de mayo de 2026, la 3ª Vara do Trabalho de Parauapebas, en el estado brasileño de Pará, dictó una sentencia que merece atención más allá de sus fronteras laborales. El juez sustituto Luiz Carlos de Araujo Santos Júnior detectó, al procesar la petición inicial mediante el sistema de inteligencia artificial Galileu —herramienta generativa desarrollada por el TRT da 4ª Região y nacionalizada por el Consejo Superior de la Justicia del Trabajo—, que las abogadas firmantes habían insertado en el escrito un texto en fuente blanca sobre fondo blanco, invisible a...

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Ya sea que el nombramiento del apoderado se produzca  vía protocolización de acta de Asamblea de socios o mediante la comparecencia directa del representante legal ante notario público o ante Cónsul de Costa Rica,  no será requisito que la sociedad se encuentre al día con sus declaraciones del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales.  Lo que sí se le exigirá al notario es la dación de fe de que el nombramiento del apoderado tiene únicamente tal objeto, pues de lo contrario se cancelaría la presentación del documento.

Tratándose de representantes extranjeros identificados únicamente con pasaporte (no DIMEX), quienes por dicha razón se encuentran imposibilitados según nuestro ordenamiento jurídico,  de obtener certificados de firma digital,  el notario debe dar fe de dicha ci...

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Según lo dispuesto en el Transitorio II de la Ley 10.597 y la Directriz. DPJ-002-2025. del Registro de Personas Jurídicas, las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada tienen plazo hasta el día 4 del próximo mes de junio para registrar una dirección de correo electrónico en la cual recibir notificaciones judiciales y administrativas.

Se establece expresamente en esta Directriz, que a partir del 5 de junio, el Registro de Personas Jurídicas no inscribirá documentos relativos a sociedades que no cuenten con una dirección de correo electrónico registrada, debiendo consignarse en tales casos, el defecto respectivo.

Como ya es conocido, la solicitud de incorporación de correo electrónico puede realizarse mediante la comparecencia directa del representante legal ante notario público o bien mediante protocolización de acta de asamblea o reunión de socios en la que tomen el acuerdo de reformar el p...

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Mediante la Ley 10877 se reformó la semana pasada, el inciso c) del art. 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para eliminar la obligación de que los entes descentralizados, las municipalidades y las empresas estatales tengan que recurrir necesariamente a la Notaría del Estado para la tramitación de sus instrumentos públicos.

c) Representar al Estado en los actos y contratos que deban formalizarse mediante escritura pública. Cuando los entes descentralizados y las empresas estatales requieren la intervención de notario, el acto o contrato deberá ser formalizado por la Notaría del Estado, salvo en cuanto a escrituras referentes a créditos que constituyan la actividad ordinaria de la institución descentralizada.

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La Sala Constitucional comunica la admisión de la acción de inconstitucionalidad número 26-004536-0007-CO, contra la Ley 10729 del 13 de mayo de 2025 y la Circular del Registro de Personas Jurídicas DPJ-003-2025 del 2 de junio de 2025.  La primera eliminó del Código de Comercio la posibilidad de asignar una denominación social a las Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), obligando a identificarlas solo por número de cédula jurídica.

La acción alega violación al artículo 28 de la Constitución Política y al principio de libertad individual, al restringir injustificadamente el derecho de elegir una razón social, sin que medie justificación basada en moral, orden público o derechos de terceros. Se cita jurisprudencia nacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sustentar que la denominación social es un derecho fundamental ligado a la libertad de asociación.

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